El caso del rescate con 53 millones de euros de dinero público de la compañía chavista Plus Ultra se complica después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) haya reprendido al Gobierno socialcomunista por no incluir en sus previsiones macroeconómicas y fiscales riesgos importantes para las cuentas públicas como la posibilidad de que las entidades que han rescatado acaben siendo insolventes y no puedan devolver el dinero recibido.
Además, la Comisión Europea le ha pedido formalmente explicaciones por el rescate, que, según recoge el diario El Mundo, fue un 6% superior a la cantidad que pedía inicialmente la aerolínea.
Plus Ultra, que fue evitada previamente por el Banco Santander, BBVA y Bankinter, entidades financieras que rechazaron tramitarle un préstamo con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por su excesivo riesgo, decidió pedir el rescate tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar en julio del año pasado el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Entonces, Plus Ultra decidió activar esa fórmula para no caer en la quiebra y solicitó 50 millones. Después, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ofreció a la aerolínea «la posibilidad de completar y/o mejorar la solicitud inicial«… y Plus Ultra la terminó concretando en 53 millones.
El oscuro rescate ha motivado duras críticas al Ejecutivo de coalición entre socialistas y comunistas. Así, VOX ya pidió en una Proposición en el Congreso su anulación y que se procediera al reingreso de los 53 millones.
A juicio del partido liderado por Santiago Abascal, el apoyo financiero concedido a Plus Ultra no cumplía -ni cumple- los criterios de elegibilidad establecidos. Así, incumplía que fuese una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 y el «elevado impacto negativo sobre la actividad económica y el empleo a nivel nacional o regional» de su cese forzoso.
