El Ministerio de Justicia ha comenzado ya a trabajar en un decreto de amnistía para parar los procesamientos de las personas acusadas de terrorismo y sedición por su implicación en las protestas de 2019, desatadas a raíz de las fraudulentas elecciones de octubre, que derivaron en la dimisión del tirano Evo Morales.
El viceministro de Justicia, César Siles, espera «dejar sin efecto legal» esos procesamientos, de los que hizo bandera el gobierno de Jeanine Áñez. Así se lo ha trasladado a familiares de personas afectadas por las protestas, a las que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha prometido «proteger», según el diario ‘La Razón’.
Siles también ha confirmado una inminente revisión del decreto de reparación de daños por algunas de las principales masacres.
El documento aprobado por el gobierno anterior contempla indemnizaciones de 100.000 bolivianos (unos 12.000 euros) a más de una treintena de familias, pero este alcance sería insuficiente en opinión de las víctimas. Entre las demandas que ha planteado Guevara, figura que no solo se tenga en cuenta el daño físico, sino también el «psicológico, moral, social, familiar».
