La pandemia ha supuesto para los ciudadanos una violación sin precedentes en la historia moderna de su libertad. Dependiendo del país, esa transgresión se ha dado en mayor o menor medida.
En Colombia, a eso del 20 de marzo pasamos de tener planes de viaje, reuniones de oficina, almuerzos de trabajo y proyectos agendados para todo el año, a estar encerrados, confundidos, con miedo y sin certeza alguna de poder volver a lo que antes concebíamos como la vida común.
Un día éramos uno de los países con mayor perspectiva de crecimiento para la región durante el 2020 según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y al otro estábamos cerrando más del 80% de la economía, ahogando así nuestro aparato productivo y atendiendo la emergencia que, para el momento, más que sanitaria, era económica –aunque muchos no lo veían así–.
Para nadie es un secreto que la mezcla entre pánico, emergencia, incertidumbre y pueblo servil es el caldo de cultivo perfecto para abusar de la posición de poder desde una alcaldía o secretaría pública.
Si bien las decisiones en su momento no fueron fáciles de tomar, la curva de aprendizaje con respecto al tratamiento del virus estaba en etapas prematuras, el temor de los casos en países donde la situación empeoraba era latente, y los sistemas de salud tambaleaban, una cosa era real: el 60% de nuestra fuerza laboral, cuya actividad se desempeña en el sector informal, no tenía más alternativa que salir bajo la probabilidad de contagiarse o quedarse encerrado con la certeza de no tener qué comer.
Determinaron qué día las personas podían o no salir a hacer exclusivamente las diligencias que el gobernante considerara como “de primera necesidad”, si podían trabajar en aquellos sectores que fueran “vitales” o no, y si las personas podían o no ver a sus familiares y seres queridos. Arquitectura social en su mejor expresión.
Actualmente la economía muestra mejores signos de recuperación. Se espera que los próximos datos del PIB sean más alentadores que para el segundo trimestre de este año (-15.7%), que el desempleo ronde niveles del 14% o menos, contrarios al 20% que vimos durante meses, que el índice de confianza del consumidor tienda a mejorar como lo viene haciendo según Fedesarrollo (-18.6% para octubre, frente a -41.3% para abril de este año), que el comercio y la industria se reactiven sostenidamente y los mercados reaccionen con mayor optimismo.
Aún así, hay una puerta que abrimos con la celeridad que el contexto motivó y que, difícilmente, podremos cerrar de la misma forma: el poder otorgado a los dirigentes políticos.
Esta semana en Bogotá, se hizo pública la iniciativa de la concejal de izquierda Susana Muhamad a propósito de la emergencia climática de la ciudad, en la que promovía “el día sin carne” con el fin de mitigar la problemática ambiental al disminuir el consumo de la proteína y estimular otras opciones alimentarias.
«Va a ser un día donde se promueva qué significa no comer algunos días de la semana carne, en ningún sentido es obligatorio», Afirmó Muhamad en una entrevista.
Esto generó reacciones de gremios como Fedegan, Federación Nacional de Ganaderos, cuyo presidente, José Félix Lafaurie, refutó y acusó el proyecto y la intención de los grupos de izquierda de afectar un sector crítico para la economía colombiana como un “absurdo”.
En lo personal considero que Muhamad se quedó corta, faltó que impusiera a los bogotanos la tabla nutricional completa, con tabla de equivalencias y curso de cocina vegana incluido, todo pago.
La cuarentena terminó y el período de reactivación avanza. Pero retornar el poder arrebatado al individuo y disminuir el de los gobernantes nos costará largo tiempo. No en vano decía Lord Acton que “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Grandes retos se vienen para la libertad.
