El presidente argentino, Alberto Fernández, no se ha manifestado tras las críticas recibidas sobre el internamiento a sospechosos de padecer covid-19 en campos de concentración en Formosa, provincia que tiene uno de los mayores niveles de dependencia clientelar del país y una pobreza estructural extrema, y que cuenta con un gobernador que ha implementado medidas dictatoriales aprovechando al pandemia.
Sí lo ha hecho la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que ha vuelto a reclamar la intervención de la provincia y ha advertido que “esto que pasó en Formosa le puede pasar a los santiagueños y a todos los que están en el Conurbano. A los chaqueños, santiagueños, formoseños y también a los jujeños, porque el final de esto es un estado policial».
Carrió ha asegurado también que «el peronismo tomó los derechos humanos no como un principio del humanismo, sino como una ideología al servicio de sus propios derechos, para perseguir los derechos de los demás”.
En el sector oficialista tan solo se ha manifestado el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, uno de los pocos funcionarios que ha salido a responder y que ha pedido que no les den lecciones sobre derechos humanos. «A nosotros no nos tienen que venir a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos. No necesitamos que nos digan a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos; nosotros somos hijos de las madres y de las abuelas, así que a nosotros no nos tienen que venir a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos», ha dicho.
De inmediato, el senador radical formoseño Luis Naidenoff ha salido al cruce de las declaraciones del Jefe de Gabinete reiterando las denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán por malos tratos en los centros de aislamiento en medio de la pandemia de Covid-19. «Es muy fácil hablar de derechos humanos desde la comodidad de tu escritorio; vení, poné el cuerpo como lo hacen los formoseños sometidos a los peores tratos, y después hablamos», añadió.
La exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ha reclamado acción al Gobierno nacional y ha denunciado que «en Democracia los DDHH no se recortan ni se suspenden». «Avalar con el silencio los abusos de poder que se ven en Formosa y otras provincias, en nombre de la pandemia pone al Gobierno Nacional ante los ojos del mundo como un gobierno autoritario. No confundan barbijo con bozal».
Bullrich ha recordado además que, cuando era funcionaria del Gobierno de Mauricio Macri, «exfuncionarios y familiares lejanos del gobernador Gildo Insfrán aparecieron vinculados al narcotráfico».
Mientras tanto, en la reunión de trabajo encabezada por Cafiero con autoridades nacionales y representantes de la provincia de Formosa se ha decidido «concretar un abordaje sanitario y epidemiológico de cada centro de aislamiento».
Desde el Ejecutivo nacional han precisado que durante el encuentro se ha presentado el informe de la Defensoría del Niño, a cargo de Marisa Graham, en el que se ha recomendado «una disminución de la alta presencia de fuerzas de seguridad tanto en la búsqueda y traslado como en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes».
También se ha recomendado que «sólo se requiera la presencia de personal policial en aquellos casos que sea estrictamente necesario y habiéndose agotado toda otra alternativa domiciliaria y garantizando la presencia de personal especializado en el cuidado de los mismos».
En estas horas, dos abogados se han presentantado a la justicia y a través de una medida cautelar han solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de DDHH por los abusos contra comunidades originarias a raíz de la pandemia. En el escrito, los letrados consideran que el traslado por la fuerza de integrantes de poblaciones aborígenes a centros de aislamiento, sin informar a sus familias donde están, configura el delito de “desaparición forzada” de personas.
Ante la gravedad de los hechos, en las denuncias y testimonios presentados se certifica que algunos de los integrantes de las comunidades aborígenes fueron golpeados y detenidos por la Policía formoseña cuando reclamaban por el aislamiento al que se veían forzados sin medios de subsistencia.
«Los originarios huyen al monte buscando evitar ser víctimas de desaparición forzosa, en un contexto donde el Estado no hace el mínimo esfuerzo por comunicarles en un lenguaje claro y entendible lo que está ocurriendo. La CIDH considera que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas», han argumentado los abogados Daniel Suizer y Francisco Oneto en la apelación realizada a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
