El pasado miércoles, Bolivia recurrió al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su permanente intento de rebatir las conclusiones del informe de auditoría sobre el fraude cometido por Evo Morales en 2019.
Por parte del régimen de Arce Catacora, asistieron a esta sesión Héctor Arce Zaconeta, Iván Lima Magne y Rogelio Mayta, embajador ante la OEA, ministro de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, respectivamente, para dar a conocer su reclamo sobre Luis Almagro, secretario general del organismo, quien señaló el día anterior que se defendería de las acusaciones de haber participado del supuesto “golpe de Estado”.
En dicha reunión se dieron una serie de hechos relevantes en favor de la institucionalidad democrático liberal en Bolivia, como la votación aplastante de los miembros del organismo, la ratificación de los hallazgos del equipo de expertos de la OEA que determinó que hubo “manipulación dolosa en todo el proceso de elecciones en 2019 -más aún frente al informe de la Universidad de Salamanca– o el desafío de Almagro al régimen de Arce sobre el final de la sesión.
Arce Zaconeta calificó el comunicado de agosto en el que la OEA ratifica su posición sobre los resultados del informe de las elecciones de 2019, de «ofensivo» y de “grosera injerencia”. Lima Magne aseveró que el organismo internacional “incumplió el acuerdo» de auditoría, y que, por el contrario, la auditoría de 2019 fue “desvirtuada por una decena de informes independientes”. Sin embargo, Lima ha reconocido en repetidas oportunidades la necesidad de reformas a la Justicia en Bolivia. Mayta sostuvo que la intervención de Almagro fue “un discurso de odio”, y contradiciendo a Lima, también afirmó que se debe respetar la justicia de Bolivia.
En su defensa, Luis Almagro dijo: “En Bolivia yo no tengo la menor duda de la idoneidad técnica y de las capacidades de la misión de observación electoral y de la misión que hizo el análisis integral del proceso electoral (de 2019). Imagínense, creo que son 25 capítulos de irregularidades. Los pusimos en conocimiento del gobierno boliviano y, posteriormente, de la opinión pública. La actuación de la OEA fue siempre de muy buena fe. Todos los informes que luego se contrató, como el del profesor Corchado (de la Universidad de Salamanca) confirman las mismas irregularidades que la OEA encontró.”
“La OEA no participó en ningún golpe de Estado en Bolivia. Al contrario, nosotros hacemos el informe y exigimos que se respeten los mandatos constitucionales. Fuimos la única organización en el mundo que defendió la validez y terminación del mandato constitucional del presidente Evo Morales. Y quienes reconocieron la constitucionalidad del mandato de la presidente Jeanine Añez antes que Luis Almagro fueron Luis Arce Catacora y Jorge Richter.”
“Entonces, cuando vienen acusaciones de esa magnitud de infamia, yo, verdaderamente, estoy dispuesto a defenderme con la verdad y la responsabilidad internacional que tengo. No acepto las mentiras de nadie. No estoy dispuesto- eso es absolutamente inadmisible”.
Por su lado, Jaime Aparicio, embajador de Bolivia ante la OEA del gobierno de Jeanine Añez, afirmó: “hemos visto que se ha improvisado, se ha tratado de hacer un espectáculo político, no en el seno de la OEA, sino para publicitarlo en Bolivia. La realidad es que les ha salido muy mal, ha sido un traspié, ellos fueron a la OEA con el objeto de atacar a Almagro y denunciar un documento injerencista. El resultado de eso fue el contrario, salvo México, Nicaragua y Argentina, el resto de los países se pronunciaron en defensa de las misiones de observación electoral y otros, gran parte, a favor del secretario general”.
Algo muy importante a destacar fue la intervención del Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, quien ratificó su posición técnica sosteniendo, entre varios otros aspectos, que, por ejemplo, “el mayor problema con el informe de Salamanca es que, sin ningún sustento técnico electoral, y con base únicamente en la comparación de escasos campos de las bases de datos afirma que la gestión inadecuada de los sistemas informáticos no supuso una manipulación de datos. Esta conclusión, desde nuestro punto de vista técnico, carece de sustento científico. Una y otra vez, los autores contradicen su propia conclusión sobre la integridad de los resultados”.
Más tarde, al final de esta sesión extraordinaria en la OEA, solamente 3 apoyaron la posición de Bolivia (México, Argentina y Nicaragua) y 15 de los 34 países del hemisferio que la OEA reúne fueron los que expresaron su respaldo a las misiones electorales del organismo.
Finalmente, ya en la clausura de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, Almagro desafió al régimen de Arce a resolver controversias ante instancias internacionales para que se resuelva el cumplimiento de la auditoría electoral realizada en 2019, pero todavía no ha tenido respuesta.
