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La Universidad de Salamanca se presta a validar el fraude electoral cometido por Evo Morales en Bolivia

EL ESTUDIO REALIZADO NO TOMÓ EN CUENTA LA VALORACIÓN DE LA OEA

Ante la intención permanente que tiene Luis Arce de lavar la cara del régimen del líder cocalero Evo Morales, quien gobernó Bolivia desde 2006 hasta el fraude de 2019, el diario oficialista boliviano La Razón publicó en su portada una noticia que ha generado todavía mayor indignación en la opinión pública. El artículo lleva por título: “Universidad de Salamanca concluye que no hubo manipulación del TREP ni del cómputo electoral en 2019”.

La noticia surge a raíz de un estudio elaborado por el profesor Juan Manuel Corchado Rodríguez, de la Universidad de Salamanca, en España, junto con dos estudiantes que conforman el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite en la misma institución.

Aunque luego se echó para atrás, el Fiscal General boliviano, Juan Lanchipa, determinó con base en este informe –contratado por él mismo– que la investigación judicial contra el expresidente está concluida.

En este sentido, Lanchipa ha generado tensión e indignación en la ciudadanía. Entre varios otros, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el Comité Pro Santa Cruz, que fueron actores fundamentales para recuperar la institucionalidad en el país en 2019, han convocado una serie de actividades y movilizaciones para el 2 y 6 de agosto, frente a lo que consideran un acto para «deslindar de responsabilidades a aquellos que cometieron el fraude» y una «vulneración de la libertad y democracia».

El único informe de auditoría sobre el fraude que realmente cuenta -y que además fue vinculante a pedido del mismo régimen de Morales– es el de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este compendio determinó que hubo manipulación dolosa en todo el proceso, incluyendo la paralización del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la manipulación de actas, el rompimiento de la cadena de custodia de actas y ánforas, etc. Aspectos capitales que Corchado reconoce no haber tomado en cuenta.

Además, entre los elementos de mayor importancia del informe de auditoría de la OEA se encuentran, a su vez, las entrevistas y propios informes elaborados por la empresa Ethical Hacking, que detectó y denunció la existencia de servidores externos al proceso, además de varias otras revelaciones como la negligencia por parte de Neotec, la empresa encargada de administrar el TREP. 

En cambio, y a pesar de lo que sostiene La Razón, el estudio de Corchado no sólo no toma en cuenta la auditoría especializada de la OEA, sino que tampoco realiza una investigación in situ ni entrevistas con diversos actores involucrados en el proceso ni con los denunciantes, y se limita a afirmar que apenas realizó un trabajo técnico por encargo de la Fiscalía General de Bolivia y con datos cedidos por la misma.

Este informe fue elaborado por un panel de alrededor de 60 expertos independientes, y avalado por la gran mayoría de los países que conforman la OEA, y distintas instituciones que ratificaron su respaldo al documento –entre ellos la Unión Europea–.

A pesar de haber reconocido en una entrevista con la Red Uno que no tiene experiencia en pericias en procesos electorales, Corchado afirma que respondió al llamado de una licitación internacional convocada por la Fiscalía General de Bolivia, y que fue contratado por $30.000 en apenas tres días. Sin embargo, Página Siete ha informadoque se han cometido al menos 7 irregularidades en el proceso de contratación de Corchado y su grupo de investigación, entre las que se encuentra el hecho de que nadie más se habría presentado a competir por la licitación.

De igual manera, resulta curioso que Corchado y su equipo hayan logrado entrevistar en su proceso de investigación a Marcel Guzmán de Rojas, que se encontraba prófugo en Rusia desde finales de 2019. Este hecho fue señalado por Álvaro Andrade, CEO de Ethical Hacking, en una entrevista reciente con Carlos Valverde sobre el informe de Corchado.

Con el retorno del Movimiento al Socialismo al poder probablemente nunca se vaya a elaborar un informe mucho más detenido y en profundidad que el de la OEA, no sólo sobre el proceso electoral de 2019, sino también sobre los que se realizaron bajo el régimen de Morales desde 2006. Si hay un elemento fundamental que todavía no ha sido abordado es el hecho de que el padrón electoral -que, se presume, tiene hasta un millón y medio de votos fantasma– sigue sin ser auditado.

La Universidad de Salamanca es conocida por ser cuna de una riquísima y larga tradición de valores de libertad, por haber aportado algunas de las ideas más importantes de la historia del pensamiento económico, y que, a su vez, se han traducido en el Siglo de Oro de España.

Probablemente aquellos escolásticos como Luis Saravia de la Calle, Martín de Azpilcueta o Diego de Covarrubias y Leyva, encontrarían vergonzoso que su herencia intelectual haya quedado, de una u otra manera, en manos de profesores como Juan Manuel Corchado Rodríguez, por haber elaborado un informe altamente sesgado, irresponsable, con muy poco rigor científico analítico, y que, por sobre todas las cosas, sus resultados sustentan la manipulación de la justicia y la persecución política de ciudadanos inocentes de un país que es heredero, al mismo tiempo, de la tradición, cultura y valores de España.

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