El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado inconstitucional la eutanasia que aprobó en enero el Parlamento luso.
Ha respondido así a una petición de fiscalización preventiva planteada por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que cuestionó la «excesiva indeterminación» de la norma.
La decisión de Rebelo de Sousa ha sido aplaudida por la derecha portuguesa y por la Conferencia Episcopal, mientras que el Partido Socialista gobernantes pedía «serenidad». Por siete votos contra cinco, el Constitucional ha aprobado un texto que legislaba sobre la «legítima tensión entre el deber de protección de la vida y el respeto a la autonomía personal en situaciones límite de sufrimiento».
La autoridad no cierra la puerta a una reformulación de la ley, aduciendo que «el derecho a la vida no puede convertirse en un deber de vivir en cualquier circunstancia».
En este sentido, propone que se pueda «resolver por la vía de opciones político-legislativas (…) como la anticipación de la muerte asistida por mediación a petición de la propia persona». Para ello demanda al Parlamente leyes «claras, precisas, previsibles y controlables».
En cuanto a los casos de sufrimiento extremo, el Constitucional considera que no se puede determinar «con las reglas de la profesión médica», por lo que no ha aplicado la censura constitucional. Sin embargo, los jueces han estudiado la norma en su conjunto y consideran que es «desacorde con el principio de determinabilidad de la ley».
