El Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) y a EsSalud (Seguridad Social) “respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia”.
Según la resolución publicada este jueves, el juez constitucional Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán declaró “fundada en parte” la demanda que entabló Ana Estrada Ugarte -una paciente que padece poliomiositis, una enfermedad incurable y degenerativa que deteriora sus capacidad motoras- contra el Ministerio de Justicia, Minsa y EsSalud, y ordenó que en este caso se inaplique el artículo 112 del Código Penal que sanciona el denominado homicidio piadoso -sancionado con una pena de hasta 3 años de cárcel-, para que no sean procesados los que asistan a Estrada en el proceso.
Además, se le ordena a EsSalud brindar las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para la eutanasia en condiciones dignas, y a la Comisión Médica Interdisciplinaria de esa institución que elabore el plan y el protocolo, el cual deberá presentar un informe en un plazo de 30 días para que se realice este polémico procedimiento.
Según el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, esta es una decisión histórica que “rinde homenaje a la libertad y la autonomía de la voluntad”, de acuerdo con lo recogido por la Agencia Andina. Gutiérrez asegura que esto marcará un precedente que podría modificar en el futuro el Código Penal que criminaliza la “muerte piadosa”.
“En el fondo, lo que se trata es de hasta dónde el estado de derecho puede limitar la libertad de una persona, puede imponerse a la autonomía de la voluntad en el final de tu vida cuando decides que la vida que vives no es digna para ti, no para otros, sino para ti”, dijo.
La Defensoría del Pueblo, cuestionada por su activismo a favor del lobby LGTB y las oenegés feministas, ya había presentado a inicios de 2020 una acción de amparo solicitando reconocer “el derecho a la muerte asistida” en condiciones dignas para Ana Estrada.
Gutiérrez justificó su intervención en el caso asegurando que consistía en su “rol de garante y promotor de los derechos fundamentales para que se respete y garantice la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, cuando ante ciertas condiciones, se afecta grave e irreversiblemente su dignidad humana”.
Ana Estrada aseguró en diciembre del año pasado que la denominada muerte digna es un “derecho”, celebrando la decisión del Congreso de los Diputados de España que aprobó el proyecto de ley de la eutanasia. Estrada insistió que la única manera de realizar este procedimiento es por la vía legal, al amparo de un Estado laico “donde no existan ideologías y creencias (religiosas)”.
“Mi intención no es convencer a nadie. Esto se trata de un derecho, no de una obligación. No se trata de una cultura de muerte, de apología al suicidio”, dijo a Radio Programas del Perú (RPP).
Una cortina de humo
Giuliana Caccia, directora de la Asociación Origen, cuestiona esta decisión tomada por el Poder Judicial, la cual considera una cortina de humo que pretende, con un tema sensible, desviar la opinión pública de temas más importantes para la realidad nacional como es el manejo de la pandemia del covid-19, la escasez de oxígeno medicinal y el cronograma de vacunación.
“Creo que esta decisión ha sido publicada de manera abrupta para desviar la atención pública, la mirada noticiosa, de temas más importantes para la realidad peruana como es la escasez de oxígeno, camas UCI y el escándalo del ‘Vacunate’. Hablar de eutanasia en un momento donde la muerte es la protagonista en nuestro país, es, lo menos que decir, paradójico”, señala.
Caccia advierte que se trata además de una decisión anticonstitucional, y que permitir la eutanasia o suicidio asistido en el Perú, justamente requiere de una reforma a la Carta Magna para que pueda ser aplicada. La directora de Origen también pone en evidencia el activismo de las oenegés de izquierda que impulsan estas agendas, priorizándolas en plena crisis sanitaria.
“Me parece de locos que la sentencia exija al Minsa y EsSalud que establezcan comisiones interdisciplinarias para elaborar protocolos y deban dar todas las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias a la denominada muerte digna de Ana Estrada dentro de los diez días hábiles contados a partir del momento en que ella manifieste su voluntad de poner fin a su vida. ¿De qué estamos hablando? Los peruanos nos morimos en un promedio de 400 al día por la pandemia, EsSalud y Minsa no son capaces ni de atender a la gente que se muere sin querer morir y les ponen estos requerimientos. ¿Puede ser más claro cuales son las prioridades de las oenegés que impulsan estas agendas y creen que defienden los derechos humanos? ¿Les interesa la llamada muerte ‘digna’ de una persona y se zurran en la dignidad de todos los que mueren por falta de atención cargando de trabajo al Minsa y EsSalud? ¿Es oportuno?”, cuestiona.
