El plan para realizar una nueva farsa electoral en Venezuela sigue. Luego de haber impuesto una “elección” parlamentaria sin ningún tipo de garantías en diciembre pasado, el chavismo está determinado a realizar otro proceso de este tipo, del que derivarían nuevos Alcaldes y Gobernadores. A tales fines, desde el poder se preparan nuevos instrumentos legales, designaciones dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, por supuesto, campañas de manipulación colectiva llamando al voto.
Desde el punto de vista institucional -en un país en el que de por sí la separación de poderes y las instituciones no existen desde hace largo tiempo- la Asamblea Nacional chavista ha aprobado la semana pasada una Derogatoria de la Ley de la Regularización de los Periodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales. Un largo trabalenguas que indica que, en lo inmediato, sería posible juntar en una misma fecha la elección de nuevos Alcaldes de las municipalidades y de nuevos Gobernadores de los estados.
Este es un punto de honor para un Maduro ávido de intentar colonizar la mayoría de espacios de gobierno en un momento en el que la oposición está mayoritariamente desestimulada de la idea de acudir a las urnas de votación, debido a todas las irregularidades que se ha señalado posee el sistema electoral venezolano.
Además, la realización de una gran elección le permitiría al tirano chavista intentar vender ante la comunidad internacional el argumento de que es un gran demócrata que se ha sometido al escrutinio del pueblo; y de que la oposición se ha marginado del proceso porque tiene una agenda golpista nacional e internacional, incompatible con la búsqueda democrática del poder. Lo de siempre.
La semana pasada varias ONG’s venezolanas presentaron un listado de 15 nombres a ser tomados en cuenta en un eventual proceso de renovación de los Rectores del CNE. La ley prescribe que ese proceso solo puede ser llevado a cabo por la Asamblea Nacional (AN), que ahora ha entrado en un limbo: la impuesta luego de diciembre por el chavismo no goza de legitimidad pero, al igual que Maduro, ha acaparado sus funciones y el poder de facto; mientras que la encabezada por Guaidó sigue siendo reconocida desde el plano formal por actores de la comunidad internacional, pero ha culminado teóricamente su período y además cuenta con cada vez menos poder real.
Aunque el gesto de postular candidatos a Rectores al CNE por parte de la sociedad civil pueda lucir como algo loable, con miras a dotar de transparencia a un árbitro electoral repleto de vicios y escándalos, también luce como una inocentada de un grupo de personas que, en el mejor de los casos, son engañadas por su candidez.
Sin embargo, Maduro ha dejado entrever que esa renovación de la rectoría del organismo electoral pudiese venir en los próximos meses. Y allí es donde está la trampa: para designar Rectores del CNE, los nombres deben ser avalados por dos tercios de los diputados que componen la AN.
Obviamente la Asamblea presidida por Guaidó no juega nada en este sentido, pues aún haciendo los nombramientos no tendría como imponerlos en un entorno en el que todos los poderes públicos son manejados con mano de hierro por el chavismo. Lo que probablemente veremos en los próximos meses es que es dichos cargos serán otorgados a través de la mayoría absoluta de diputados que tiene el chavismo en el nuevo y truculento parlamento constituido a partir de diciembre.
De esa eventual nueva composición del directorio del CNE no se puede esperar mucho, dado que el chavismo solo dejará permear nombres que sean leales al proyecto de estabilizar su hegemonía política, o al menos que sean individuos lo suficientemente irrelevantes como para no amenazarla. Es lo que ha ocurrido antes en casos similares, esos en los que incluso el régimen ha traspasado la pelota del nombramiento de Rectores del CNE a la máxima corte del país, su siempre leal Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De allí que luzca bastante improbable que algún nombre con peso y determinación -de esos propuestos por las ONG’s- pueda tener la mínima opción de prosperar en su intención de obtener un puesto a lo largo de este proceso.
La aplanadora del chavismo con miras a minar cualquier salida electoral no se detiene. La semana pasada la Contraloría General de la República (CGR) manejada directamente por el régimen ha inhabilitado a Juan Guaidó y a otros 27 diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 para postularse a cargos de elección popular en los próximos años. En el caso del propio Guaidó la sanción es mayúscula, pues quedaría fuera de juego por 15 años consecutivos.
Esta práctica, por cierto, tampoco es nueva en el panorama político venezolano. Se hizo muy popular a partir de 2008, año en el que el hoy exiliado en España Leopoldo López pretendía ser candidato al importante puesto de Alcalde Metropolitano de Caracas y su derecho a ser elegido fue cercenado por la Contraloría chavista.
Este mecanismo ha sido utilizado una y otra vez durante todos estos años. Luego del incidente de López también llegaron a ser inhabilitados por un tiempo María Corina Machado y Henrique Capriles, entre muchos otros líderes opositores a nivel nacional, estadal o municipal. Las inhabilitaciones han sido una carta jugada reiteradamente por el chavismo para escoger a sus competidores y condicionar los procesos electorales a su favor.
La poca fe que se puede tener en el voto en Venezuela no viene explicada por razones supersticiosas o poco fundamentadas. En 2017 el chavismo fabricó, de la nada, una elección con miras a designar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), solamente con el propósito evidente de que este organismo rivalizara con la AN que había sido electa en 2015 y que estaba compuesta por una mayoría de diputados opositores al régimen. Sin sorpresas esa ANC quedó dominada absolutamente por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero lo más grave es que la propia empresa que organizó logísticamente la elección (la hoy cuestidonadísima Smartmatic) señaló que el resultado electoral había sido abultado deliberadamente al menos por un millón de votos. Pocas veces se cuenta con el beneficio de que un criminal confiese el delito y su condición de delincuente. En esta ocasión ocurrió así.
Pero lo de Smartmatic no ha sido lo único que ha metido en una nebulosa al CNE y las elecciones en Venezuela. El año pasado se quemaron de manera misteriosa cerca de 50mil máquinas de votación y diversos materiales pertenecientes al organismo electoral venezolano en unos galpones ubicados en la periferia de Caracas. Al día de hoy no se sabe con claridad qué ocurrió allí ni quiénes fueron los responsables de tan insólito “accidente”. Ni siquiera se ha determinado quién y cómo va a reponer este lote de máquinas tan necesarias para la realización de cualquier elección en el país.
Así pues, la convocatoria a un nuevo proceso electoral en Venezuela es, más que un camino lleno de obstáculos, algo que luce como una quimera difícil de alcanzar. Sobre todo si se pretende que dicha elección sea eso en toda regla: un evento transparente, justo y competitivo en el que realmente los votantes vean respetado su derecho a elegir libremente. Todo apunta, más bien, a la realización de un nuevo circo que será utilizado por el chavismo como mascarón de proa para legitimar una usurpación en el poder que ya alcanza los 22 años continuos.
