«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
el notario que presentó como respaldo falleció en febrero

Escándalo electoral en Chile: suspenden el registro de un candidato izquierdista porque falsificó las firmas para inscribirse

Archivo - Elecciones en Chile - EuropaPress

El Servicio Electoral de Chile (Servel) rechazó las candidaturas a la presidencia chilena del independiente Gino Lorenzini ―por la Ley Anti Díscolos― y del representante de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao ―por falsificación de firmas―. Tras este escándalo, poco habitual en la política nacional, se confirmó finalmente que siete personajes disputarán el sillón presidencial en noviembre próximo. No obstante, el caso de Lorenzini y de Ancalao desvela cómo se ha degradado la política chilena, implicando un claro retroceso en materia cívica.

Tras la revuelta del 18-O, sin duda ha existido en el país un retroceso en materia política. La institucionalidad ha avalado la insurrección desatada en las calles con la creación de la Convención Constitucional; el Congreso ha tratado de empujar un parlamentarismo de facto; y la violencia no ha cesado, como muy bien ha reflejado “la causa Mapuche” en La Araucanía. Este escenario es el que enmarca la carrera presidencial, en que los chilenos deberán ir a las urnas el próximo 21 de noviembre.

Tras las primarias de los pactos Chile Vamos (centroderecha) ―quienes se inclinaron por el centrista Sebastián Sichel― y de Apruebo Dignidad (extrema izquierda) ―siendo su representante el frenteamplista Gabriel Boric―, el mapa político rápidamente comenzó a configurarse ante la agenda electoral. Pues, la centro izquierda ―que se restó de las primarias de Apruebo Dignidad― resolvió tardíamente una primaria digital en las que se enfrentaron Paula Narváez (Partido Socialista), Yasna Provoste (Democracia Cristiana) y Carlos Maldonado (Partido Radical), saliendo electa Provoste.

A su vez, otros liderazgos políticos se inscribieron en la papeleta presidencial sin pasar por el proceso de primarias. Este es el caso de José Antonio Kast (Partido Republicano), Marco Enríquez-Ominami (PRO), Franco Parisi (Partido de la Gente) y Eduardo Artés (Unión Patriótica). Además, se inscribieron los independientes Gino Lorenzini y Diego Ancalao (Lista del Pueblo) quienes no militan en ningún partido político.

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No obstante, el presidente del Consejo Directivo del Servel desestimó las postulaciones de los dos independientes por diferentes razones. En el caso de Lorenzini ―quien logró visibilidad por ser fundador de Felices y Forrado, un controversial ente que orientaba en materia de ahorro y pensiones― se anuló su candidatura por incumplir el artículo 5º de la Ley 18.700 sobre Votaciones y Escrutinios populares, por haber estado afiliado en un partido político nueve meses previos a la inscripción de su candidatura como independiente.

Sin embargo, el mayor escándalo se generó con el rechazo de la candidatura de Diego Ancalao ―representante de la Lista del Pueblo―, pues el Servel encontró que las firmas que lo patrocinaban son falsas, pues el notario que presentó como respaldo falleció en febrero pasado. 

Según la Ley 18.700, un aspirante a la presidencia que pertenece a un partido político tiene como requisito ser patrocinado por una cierta cantidad de firmas dependiendo de si el partido tiene presencia en todo el país o no. 

En el caso de aquellos que pertenecen a un partido político, y este está constituido en todas las regiones de Chile, el candidato no necesita un número mínimo de firmas. Si el partido no está constituido en todas las regiones del país, necesita como mínimo presentar 33.493 firmas que lo respalden.

Por otro lado, si el candidato es independiente, debe estar respaldado igualmente por 33.493 firmas para que pueda inscribir su candidatura ante el Servel. Este número se debe a que corresponde al 0,5% de la participación electoral en la última elección de diputados, en el año 2017.

Ancalao presentó 33.369 patrocinios, de los cuales 23.135 se presentan bajo la nómina “ante mi” con la firma y timbre del notario Sr. Patricio Zaldivar Mackenna, quien falleció en febrero y su notaría dejó de funcionar en el año 2018. Por lo tanto, descartando las firmas falsas, queda muy por debajo del mínimo para presentar su candidatura como independiente.

Antes estos hechos, el Servel denunció ante la Fiscalía el caso de Diego Ancalao, como “hechos que pueden revestir delitos contenidos en la ley electoral y el Código Penal”. Mientras que, entre las primeras reacciones del miembro de La Lista del Pueblo, acusó al Servel de ser una institución que discriminaría a los mapuches. Luego, sostuvo en CNN Chile que fue un error de él por no supervisar el trabajo territorial en la recolección de las firmas. 

Por su parte, La Lista del Pueblo notificó que presentaran una querella contra Ancalao pues estos hechos eran desconocidos para el colectivo. Empero, Ancalao ya contaba con un pasado turbio pues se vio envuelto en la falsificación de 200 firmas en el año 2010,  y en 2014 fue detenido por falsificación de una escritura pública.

La Lista del Pueblo surge como un pacto electoral que reunió a independientes, de inspiración marxista, para postularse a la Convención Constitucional en las pasadas mega-elecciones de abril. En estos comicios lograron obtener 27 escaños, instalando el relato que es “el momento” de los independientes y, por lo tanto, la crisis de los partidos políticos. Este colectivo se autodefine como “la Revuelta, esa fuerza incontenible que inundó las calles, pasajes y plazas, que saltó torniquetes y bailó contra el patriarcado”. Asimismo, señalan que han creado una “plataforma política y electoral” y que la Convención Constitucional es solo el primer paso. 

Finalmente, a pesar de que busquen instalarse como un nuevo horizonte en la política, “alejados de las malas prácticas”, las acciones de los distintos miembros de este colectivo han demostrado, una vez más, la hipocresía del mundo progresista. Y, por ahora, esta facción izquierdista ha quedado fuera de la papeleta presidencial.

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