España: un año de caos, muerte y ruina

2020: LA IBEROSFERA, BAJO ATAQUE

Acabó en España un año nefasto, lamentable, que comenzó con la investidura de Pedro Sánchez en los primeros días de enero y la constitución de un Gobierno elefantiásico, y finaliza con más de 77.000 muertos por la pandemia de coronavirus -aunque oficialmente solamente se reconocen 50.000- y con cientos de miles de españoles en un ERTE que no llega, con sus negocios arruinados o en peligro de cierre.

Pese al balance idílico y triunfal del Ejecutivo, que delata una pérdida de sentido de la realidad, la coalición entre socialistas y comunistas ha resultado ser en su primer año un lastre para la nación.

Con los enemigos de España

Sánchez llegó al poder desde el engaño a los electores. En la hemeroteca queda su “yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas” y su “no dormiría tranquilo” con un Ejecutivo con Podemos. También negó acuerdos con Bildu, coalición que no condena el terrorismo de ETA y que hoy se ha convertido en su socio preferente y decisivo.

A algunos ya les ha recompensado -a Pablo Iglesias con la vicepresidencia que ansiaba, el blindaje en la Comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el ministerio de su pareja- y a otros les prepara la recompensa. Así, quiere premiar a ERC con la traición a España de un indulto a los golpistas condenados por el procés porque “tiene la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia” -José Luis Ábalos dixit-.

El propio Sánchez justificó esta semana esta medida de gracia porque apuestan por “el reencuentro y la reconciliación” para “superar episodios aciagos” y dijo que “nadie está libre de culpa”. También quieren reformar el Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición… y todo con los separatistas en prisión reiterando que lo volverán a hacer y sin arrepentirse a día de hoy de nada. 

Para contentar al PNV y a los bildutarras ha consumando más traiciones: la derogación de la política penitenciaria de dispersión de terroristas de ETA -desde que llegó a La Moncloa se han producido más de 120 acercamientos de presos, según la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)- y la transferencia al Gobierno vasco de la competencia en materia penitenciaria.

Gestión criminal del coronavirus…

España, en relación al número de habitantes, cierra el 2020 como el país con más muertos por covid-19, líder en sanitarios contagiados, máximo de ancianos fallecidos en residencias… tras tener las medidas más restrictivas del mundo.

El Ejecutivo ocultó el peligro real de la pandemia, pese a contar con informes de alerta del mes de febrero. Así, por ejemplo, llamó a participar en aquel aquelarre feminista del 8 de marzo en Madrid que resultó ser un gran infectódromo. Antes, el 31 de enero, Fernando Simón, que todavía hoy sigue en su puesto como director del Centro de Alertas Sanitarias, anunció que España solamente iba a tener, como mucho, algún caso diagnosticado. El 23 de febrero, en plena semana de contagios masivos, aseveró que no había virus ni se estaba transmitiendo la enfermedad. Y el 26 del mismo mes desaconsejó el uso de mascarillas. Luego se supo que lo hizo por la incapacidad del Gobierno para abastecer a los españoles de material sanitario.

En esas semanas negras, Sanidad adquirió equipamientos defectuosos, mintió con el número de test PCR realizados y siguió ocultando la cifra real de fallecidos, mientras los depósitos de cadáveres se mantenían al borde del colapso, la asistencia a los entierros se restringía a solamente tres personas que se tenían que creer que los del féretro eran los restos mortales de su ser querido y las (sus) televisiones nos bombardeaban con los aplausos y las canciones en los balcones, y un incomprensible ambiente optimista y festivo. Solamente un periodista Fernando Lázaro (El Mundo) logró poner a la sociedad española ante la cruda realidad con su fotografía de la morgue del Palacio de Hielo de Madrid.

En la desescalada, el Gobierno ocultó el nombre de los integrantes del “comité de expertos” para la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas. Dichas identidades se han conocido ocho meses después. Tampoco faltó a su cita con la propaganda con la famosa campaña institucional “Salimos más fuertes”, aunque nunca explicó quiénes y no tardaron demasiado en retirarla. Podrían haber salido más fuertes las televisiones privadas a las que concedió en abril 15 millones de euros al mismo tiempo que cobraba la cuota a los autónomos.

En el mes de julio, en un acto electoral en el marco de las elecciones autonómicas en Galicia, Sánchez afirmó haber derrotado al virus, haber controlado la pandemia y haber doblegado la curva. “Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada”, dijo. Tras sus palabras, España lideró en esa segunda oleada los peores ranking de la pandemia… y sin mando único. La respuesta del Ejecutivo fue exigir requisitos diferentes a las comunidades autónomas, una decisión que pareció más motivada por cuestiones políticas que sanitarias.

Sánchez y su Gobierno siguieron sacando pecho por su gestión en octubre durante la moción de censura presentada por VOX -rechazada por la Cámara Baja, incluidos Ciudadanos y el PP, cuyo líder, Pablo Casado, se mostró más duro con Santiago Abascal, al que lanzó ataques personales, que con los miembros del Ejecutivo al que dice oponerse- y durante este mes de diciembre, el de los 17 planes distintos, uno por comunidad autónoma -no sin cambios ni bandazos-, para restringir las reuniones familiares o los viajes entre regiones.

La llegada de la vacuna -que ha generado en parte esperanza y en parte inquietud- ha sido convertida en un acto de propaganda por la factoría Iván Redondo al etiquetar la compra pactada por la Unión Europea como “Gobierno de España”. De su gestión se encargará otro ministro porque Moncloa/el PSOE han premiado a Salvador Illa, hasta hoy titular de la cartera de Sanidad, con la candidatura del PSC a la Generalitat de Cataluña, un puesto que 24 horas antes negaba con vehemencia.

…y ruina económica

Al caos sanitario cabe sumar el desastre económico. Todas las proyecciones de los organismos internacionales -OCDE, FMI y CE- coinciden en que España cuenta con los peores guarismos y será el país que más tardará en recuperarse. El turismo, un sector que representa más del 12% del PIB, ha quedado absolutamente destruido tras la pandemia y ha retrocedido a niveles de hace más de 20 años al perder 400.000 empleos. Y en sectores como la hostelería podría desaparecer hasta un tercio de los 315.000 establecimientos que había en 2019 en el conjunto de España.

Y mientras, el Ejecutivo va a aprobar unos Presupuestos basados en un cuadro de previsiones surrealista que van encaminados a construir la fantasía chavista de Iglesias: una sociedad cautiva. Las Cuentas ratifican sus prioridades: negar ayudas directas a los arruinados bares y restaurantes -una medida impulsada por países como Reino Unido o Alemania para rescatar a la hostelería-, pero aumentar hasta los 451 millones de euros la partida del Ministerio de Igualdad. Y amparar la oleada masiva de inmigrantes ilegales, algunos incluso alojados en hoteles.

Ataque a la Corona y a las instituciones del Estado

Todo el delirio no les ha impedido atacar a la Corona, S.M. el Rey es su objetivo y ya ni tratan de disimularlo. El Ejecutivo vetó a Felipe VI en la entrega de despachos de la promoción 69ª de la Escuela Judicial que se celebró en Barcelona; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, mencionó el concepto “crisis constituyente” en el Congreso el pasado mes de junio; y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó al Jefe del Estado de incumplir el principio de neutralidad que marca la Constitución y “maniobrar” contra “el Gobierno democráticamente elegido”. Lo hizo sin ser apercibido ni mucho menos cesado. En las últimas fechas, Sánchez ha abierto la puerta a una ley de la Corona para su “modernización” que veremos en qué se traduce, mientras su vicepresidente, Pablo Iglesias, sostiene que “crece una mayoría social republicana en España”.

No se han librado de las injerencias otras instituciones como la Fiscalía General del Estado, presidida por la anterior ministra de Justicia del PSOE Dolores Delgado, la Abogacía del Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). PSOE y Podemos presentaron un proyecto de ley para impedir que el CGPJ pueda hacer nombramientos estando en funciones. Antes, propusieron -y no han retirado- reducir la mayoría necesaria para nombrar a doce de los veinte vocales, una medida censurada por las asociaciones de jueces y la Unión Europea.

O entidades como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por el socialista José Félix Tezanos; CORREOS, dirigido por Juan Manuel Serrano, amigo personal de Sánchez; o Radio Televisión Española (RTVE), convertida en órgano de propaganda socialcomunista.

Y rodillo ideológico y satélite del Foro de Sao Paulo

Tampoco han dudado en sacar el rodillo ideológico izquierdista comenzando la tramitación de la ley de eutanasia, que nace sin debate, con la oposición de la comunidad médica y con 60.000 enfermos terminales en España que necesitan cuidados paliativos y no los están recibiendo, y con la nueva ley de memoria histórica, que avanza en el fin de la concordia nacional, impone una Verdad histórica oficial y acaba con la libertad de pensamiento. Y el 19 de enero entrará en vigor la nueva Ley de Educación, conocida como ‘Ley Celaá’ por su impulsora, la ministra Isabel Celaá. La norma ataca a la Educación Concertada, un modelo extendido con éxito en Europa, asfixia a los centros de educación especial y consagra otra cesión ante el separatismo: la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Además, en 2020, un ministro del Gobierno de España -José Luis Ábalos- se reunió en el aeropuerto de Barajas (Madrid) con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, pese a tener prohibida su entrada en la Unión Europea por violar los derechos humanos y menoscabar la democracia en su país. El vicepresidente Iglesias firmó en Bolivia junto al indigenista Evo Morales y el kirchnerista Alberto Fernández la ‘Declaración de La Paz’ en respuesta a la ‘Carta de Madrid’, impulsada por la Fundación Disenso, en defensa de la libertad frente al avance del comunismo. El diputado de Podemos Enrique Santiago se mostró orgulloso de defender a Rafael Correa, expresidente de Ecuador condenado a ocho años de cárcel por el Caso Sobornos. El Gobierno nombró al embajador en La Habana (Cuba), Juan Fernández Trigo, más cercano a las narcodictaduras bolivarianas, como encargado de negocios en Caracas, y denegó el asilo y la protección internacional al hermano de Óscar Pérez, el policía que se levantó contra el régimen chavista y fue asesinado por los esbirros policiales de Maduro. Unas decisiones que evidencian que nos gobierna un satélite en Europa del criminal Foro de Sao Paulo, que ahora suele aparecer como Grupo de Puebla, entidad a la que oficialmente pertenecen el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero que no deja de ser el comunismo de siempre.

La única esperanza es que ya queda menos para que se vayan. O para echarles. Para este 2021… resistencia y persistencia. La verdad y España prevalecerán.

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