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Expropiación socialista: denuncian a Correa por el cierre de trece universidades durante su mandato

Dejó en el paro a incontables ecuatorianos
El exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa

Por definición, el socialismo es poner los medios de producción en manos de la revolución, el Gobierno y/o el Estado. Durante la década que Ecuador estuvo bajo ese sistema político-ideológico, lo aplicó también al rubro educativo. Desde el poder ejecutivo se determinaba qué planteles educativos seguían abiertos y cuáles no.

La Revolución Ciudadana, como se llamó el proyecto político bajo la gestión de Rafael Correa, cerró las universidades privadas que desaprobó. Dejó en el desempleo a incontables ecuatorianos. Alrededor de una década después los afectados han contraatacado. Trece de las universidades cerradas durante el gobierno de Rafael Correa presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado, el pasado miércoles 22.

El hecho de que haya tardado casi una década  (el cierre sucedió hace nueve años) en suceder la denuncia formal es muestra de cómo el poder judicial estuvo controlado por el exmandatario y sus aliados. Así lo señala el presidente de la pre-asociación de universidades cerradas, Armando Estrada: «Se ha manejado el poder institucional para callar a quienes fueran perjudicados por más de 687 millones de dólares».

«Existen más de 100 propiedades, entre edificios, terrenos, centros de formación que fueron confiscados, muchas estructuras han sido rematadas. Es necesario que el Ecuador sepa y conozca a profundidad qué hicieron con los recursos materiales porque el perjuicio es millonario», reclama Estrada.

Es decir, no solo se vieron afectados los planteles por cerrar la parte operativa sino que, además, como es usual en el socialismo que “redistribuye la riqueza”, la “Revolución Ciudadana” habría expropiado a los planteles.

También constan entre los denunciados lo que denominan una presunta delincuencia organizada, tres exfuncionarios: el exsecretario de la Administración Pública, Alexis Mera; el expresidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES, Guillaume Long; y el expresidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez.

Cabe mencionar que Alexis Mera además consta en la lista de aquellos beneficiados por los sobornos que habría cometido durante el gobierno de Correa junto a otros 20 funcionarios. Como consecuencia, sus bienes fueron congelados y podrían ser sustraídos para compensar aquello que él y los funcionarios acusados usaron de las arcas del Estado.

Según la denuncia presentada contra los exfuncionarios y el exmandatario, estos deben responder por la confiscación de bienes e inmuebles, fondos en efectivo en las cuentas, pasivos y cuentas por cobrar que fueron retenidas «de manera ilegal e inconstitucional» en el proceso de cierre de las instituciones educativas.

De acuerdo a Correa, las universidades fueron cerradas porque no cumplían con el nivel solicitado. Por lo cual los denunciantes le piden a la Fiscalía que solicite a Contraloría la copia de los informes de los Exámenes Especiales realizados a las Administraciones Temporales de las Universidades extinguidas.

Además, sugieren conformar una Comisión Especial integrada por expertos en Educación Superior. De esa manera se podrían investigar los informes y evaluaciones (lo cual incluiría los testimonios de los evaluadores) para corroborar la veracidad si en verdad las universidades no tenían el nivel exigido.

Correa comentó en su cuenta de Twitter que se venían «tiempos de cambalache» tras la denuncia por el cierre de 13 universidades durante su mandato en 2012.

Mientras Correa cerraba universidades privadas, emprendió una campaña para inaugurar universidades del Estado, siendo Yachay la más destacada. La cual se convirtió en un elefante blanco. Pues pese a toda la inversión (sobre todo de China) e infraestructura que tuvo, no ha sido operativa. Yachay pretendía ser un portal tecnológico y agrícola, para el cual fueron expropiados terrenos en la zona.

Una síntesis de lo que significa Yachay está en una columna del diario local El Universo: “El correísmo en su máxima expresión: un gobierno que se mete a hacer lo que no sabe, en lugar de apoyarse en los que saben; un gobierno que despilfarra recursos sin planificación ni control; un gobierno que fabrica una fantasía y la vende sin vergüenza alguna en millonarias campañas publicitarias. Yachay, como la Refinería del Pacífico o el Proyecto Yasuní ITT, solo fue otra excusa para transmitir una falsa imagen y comprar popularidad… el objetivo del gobierno de Correa con Yachay no era la educación de los jóvenes, ni el impulso a la investigación. Su objetivo era alimentar su vanidad, gritando al mundo que aquí se estaba construyendo el MIT criollo”.

En lugar de mejorar las instituciones existentes, optó por cerrarlas y reducir las oportunidades provistas desde el sector público y así poner en manos de la revolución la educación. En total, la mitad de las 14 universidades cerradas estaban en Pichincha, donde está la capital del país, las otras estaban distribuidas  ubicadas en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago y Napo.

Previo a la denuncia actual, Luis Almeida, del Partido Social Cristiano puso en marcha en 2020 un proyecto de ley para reabrir 13 de las 14 universidades cerradas por Correa.

Fue con dicho partido que Guillermo Lasso llegó al poder en alianza. Sin embargo, ha habido una ruptura tras las designaciones parlamentarias. No obstante, Lasso ha afirmado que desde su campaña se fomentará la libertad educativa. En caso de triunfar en su demanda, las universidades cerradas podrían aumentar opciones.

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