Por pedido de la Procuraduría, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, verá sus cuentas bancarias congeladas junto a 18 ex funcionarios involucrados en el caso Sobornos. El fin del dinero recaudado mediante el cobro a contratistas del Estado tenía como destino las campañas de las elecciones del 2014.
La Procuraduría solicitó el jueves 10 de junio a un Tribunal de la Corte Nacional embargar las cuentas bancarias de 18 de los 20 sentenciados en el caso Sobornos, entre ellos el expresidente.
Una vez capturados esos fondos deberán ser remitidos a la cuenta del Tesoro Nacional, según establece el oficio.
Los 18 involucrados cuyas cuentas serán interceptadas son: Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez, Laura Terán, Viviana Bonilla y Christian Viteri, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle, Pedro Verduga y Mateo Choi.
Dado que son acusados de haber usado el dinero recaudado de los impuestos ciudadanos, deberán pagar la reparación integral al Estado ecuatoriano.
La sentencia por cohecho emitida por los jueces exige un pago total de USD 14,7 millones. El costo a pagar por parte de los autores del delito es de $ 778.224 dólares, sus cómplices deberán pagar 368.632 dólares.
En caso de no tener suficiente dinero para pagar en la cuenta bancaria, la Procuraduría solicitará embargar los bienes muebles e inmuebles de los 18 involucrados
Mayormente se trata de exfuncionarios y el caso abarca los años 2012 hasta el 2016, donde se acusa que el gabinete presidencial usaba fondos públicos para pagar coimas.
Correa condenado a prisión
Correa ya fue sentenciado en el 2020 a ocho años de prisión por el caso Sobornos. Sin embargo, lo ha eludido mediante el exilio en el país natal de su esposa: Bélgica.
El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la sentencia contra Correa la tarde del lunes 7 de septiembre de 2020. También la del exvicepresidente Jorge Glas (actualmente en prisión por corrupción), seis exfuncionarios y nueve empresarios.
Para volver al país, Correa buscó retomar su carrera política y así controlar de nuevo la Justicia.
Sin embargo, días antes de su sentencia, la Corte Nacional Electoral impidió su candidatura como vicepresidente en las elecciones del 2021, dado que era necesario que estuviese en el país para presentar su postulación.
Desde Bélgica, el exmandatario evita ser apresado por múltiples procesos judiciales, incluido el secuestro de un parlamentario opositor –agravado por haberlo hecho presuntamente con dinero del erario público–.
Asesora incriminó directamente a Correa
La culpabilidad de Correa fue demostrada mediante la testificación de una de sus asesoras, Pamela Martínez, quien colaboró en la investigación contra el expresidente y redujo su pena a 9 meses y 15 días. También declaró su asistente, Laura Terán, condenada a 3 meses y 6 días.
Martínez admitió que en el 2013 Correa le ordenó llevar registros de aportes para el entonces partido de gobierno, Alianza PAÍS.
Por medio de susurros al oído, Correa le pedía actualizaciones de la información vinculada a los sobornos a Martínez, así no dejaba registro escrito. Martínez asegura que él buscaba eliminar la evidencia a toda costa, lo cual agrava su pena. No obstante, existe un archivo de Excel –manejado por la asistente– de Martínez, Laura Terán.
El testimonio de la exasistente también comprometió al exsecretario jurídico de la presidencia de Correa, Alexis Mera, dado que expuso cómo recibió $200 000 dólares de Geraldo Pereira de Souza, colaborador de José Conceição Santos, exdirectivo de Odebrecht.
La empresa constructora de origen brasilero, Odebrecht, comprometió penalmente a múltiples líderes de la región e incluso produjo el suicidio de un expresidente peruano.
En el caso de Ecuador, le costó su libertad al entonces vicepresidente (elegido primero con Correa y luego como binomio de Lenín Moreno), Jorge Glas. También su tío terminó en prisión por haberse beneficiado del nepotismo que le brindó su sobrino con fondos de la constructora.
«Las acciones de Jorge Glas, como autoridad, y su tío Ricardo Rivera, como enlace, fueron principales para que Odebrecht lograse contratos a cambio de retribuciones económicas ilegales», señaló el tribunal que lo sentenció.
Sin Correa en el mando, la separación de poderes ha permitido que poco a poco sus aliados se enfrenten a la justicia.
Un delegado del procurador Íñigo Salvador emitió un oficio donde pide que los magistrados Walter Macías, Marco Rodríguez y Mercedes Caicedo “dispongan el embargo de las cuentas de los sentenciados y la transferencia de valores a la cuenta de la judicatura”.
El sector privado ha superado en transparencia y honestidad al sector público. Puesto que solo los empresarios involucrados en el caso sobornos han pagado parte de lo adeudado al Estado.
Los empresarios Víctor Fontana y Alberto Hidalgo, parte de los condenados en este caso, ya pagaron una parte de lo adeudado. Rafael Córdova propuso a las autoridades un plan de pagos.
Finalmente, uno de los empresarios comprometidos (Pedro Verduga Coello) falleció durante el proceso, pero su hijo, Pedro Verduga Cevallos, solicitó notificar a todos los herederos de su padre.
