Con la Reforma Energética que impulsa Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, todo el sector quedaría únicamente en manos del gobierno. Con ello quedaría afectada la libertad económica, se ahuyenta la inversión privada nacional y extranjera, y los costos de generación eléctrica se incrementarían.
Según la visión del AMLO su reforma serviría para frenar los privilegios de que gozan grandes corporaciones, que son las que se veían favorecidas al pagar supuestamente menos por la luz que la mayoría de los mexicanos.
Para todos los demás, para los empresarios medianos y pequeños, su reforma sería presuntamente muy positiva. Pero nadie piensa como él, salvo su gabinete y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la reforma eléctrica del presidente socialista lo único que generará es desabastecimiento, apagones, que se incremente el costo de la luz eléctrica y, además, el hecho de que surgiría un monopolio en el sector: “Esta iniciativa cierra la puerta a la competencia y es un hecho que, de aprobarse, en el corto plazo, generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas”.
También la institución fue enfática al poner en relieve: “Rechazamos dicha iniciativa por ser contraria al bienestar de los consumidores de electricidad y al limitar la competitividad, misma que es esencial para el desarrollo social y económico del país”.
Además, la Coparmex subrayó que para que se pague menos por las gasolinas, el gas y, ahora por la electricidad, “es necesario que haya más competidores y mayor oferta. Los monopolios empobrecen más a los pobres”.
Un aspecto que se considera muy serio es la cancelación de los contratos vigentes, pues con ello se ve lacerado el Estado de Derecho. De este modo no se respetaría el marco legal de las operaciones.
Para Moody´s, la reforma eléctrica de AMLO frena al área energética. Así pues, provocaría un impacto negativo en el terreno crediticio para este sector en México, porque “disminuye la transparencia operativa, desalienta inversiones de privados para generación, frena las energías renovables y puede aumentar el costo de la energía”.
Además, según esta misma agencia, la eliminación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) -que son órganos reguladores- provocaría falta de confianza en los inversionistas al debilitar la transparencia y el marco institucional del sector.
La indemnización para los afectados por la iniciativa de ley eléctrica de López tendría un costo de cerca de 15 veces lo que está siendo pagado por cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que ya se construía en Texcoco. Esto es -según declaraciones de Gerardo Prado, socio del despacho Sánchez Devanny, citadas por el diario Reforma-, unos 80 mil 679 millones de dólares.
Para AMLO su reforma no contradice el tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni es una regresión al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ni podría generar pérdidas multimillonarias en inversiones privadas.
A pregunta expresa, el mandatario socialista le contestó a Reforma:
«No pasa nada, absolutamente. Mire, si fuese así ya nos hubiesen hablado del Gobierno de Estados Unidos y como nosotros somos respetuosos les hubiésemos contestado. Si fuese algo que perjudicara realmente el libre comercio ya se hubiesen movido los mercados. Es decir, se hubiese devaluado nuestra moneda. No pasa nada porque quienes manejan los mercados son muy inteligentes y tienen mucha información, y saben que estas reformas son en beneficio de todos», dijo.
Pero además AMLO advirtió que exhibirá a quienes voten en contra de su propuesta energética en la Cámara de Diputados. “De una vez le digo a los legisladores, no es amenaza, ni mucho menos advertencia, nada más que no va a haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara todos, porque se trata de los intereses del pueblo. Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo, y nadie se va a enterar. Si no somos tapadera”, dijo con actitud amenazante.
Contradictorio resulta el discurso de López Obrador, ya que según él su reforma energética “no nacionaliza ni estatiza” la energía, cuando en realidad es justo lo que busca. Se reformarían los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución –alega- pero sólo para “darle su lugar a la CFE, y tener control de los precios de la energía para no afectar la economía popular”.
El control estatal, el intervencionismo, el estatismo, por encima de la libertad de los mercados, de la libre competencia, es justamente, lo que hace un régimen socialista, con pésimos resultados siempre, a juzgar por Cuba y Venezuela, por ejemplo, donde abundan los apagones.
Y para que no queden dudas, AMLO también quiere nacionalizar el litio, para que nadie más pueda explotarlo: ni extranjeros, ni tampoco mexicanos, sino sólo su gobierno.
Así lo afirmó en su conferencia mañanera desde una zona militar -para acaso acentuar el mensaje- el pasado 1º de octubre. Dijo que en su iniciativa “se incluye garantizar la explotación del litio en México, sólo va a poder hacerlo la nación; todo el mineral de litio es de la patria”.
Luego, el jueves 7 de octubre, López dijo que serían traidores los legisladores que en libertad de conciencia votaran contra su iniciativa, y que si no logra ser aprobada, de todos modos no habrá concesiones para la explotación del litio.
México va por el camino de Cuba y de Venezuela, países con cuyos dictadores se lleva muy bien, como se mostró en la pasada cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
