El presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, creó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) para perseguir en teoría la corrupción, pero la ha generalizado.
Según recoge Reuters, a finales de septiembre el entonces jefe de la oficina gubernamental, Jaime Cárdenas, renunció a su cargo tras señalar irregularidades en el interior del organismo que administra los recursos decomisados a corruptos, narcotraficantes y miembros del crimen organizado. Cercano aliado de López Obrador desde hace décadas, denunció en una carta pública la supuesta manipulación de subastas para beneficiar a ciertas personas y dijo que a más de una decena de joyas les desengarzaron piedras preciosas como diamantes, esmeraldas y zafiros.
Las acusaciones de corrupción en el seno del dirigente izquierdista han ido a más y en los últimos meses han surgido videos de uno de sus hermanos de López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo. Pío apareció en dos videos recibiendo dinero para la campaña electoral de 2015 de Morena en el estado sureño Chiapas. López Obrador negó un acto de corrupción y dijo que era «cooperación».
Por otra parte, Concepción Falcón, cuñada del mandatario y entonces regidora de Macuspana, renunció junto a otros 10 funcionarios y el alcalde municipal argumentando «ingobernabilidad» en la tierra natal de López Obrador. Legisladores locales del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguraron, sin embargo, que la dimisión tuvo su origen en un desfalco de al menos 200 millones de pesos (unos 10 millones de dólares), citando documentos del órgano interno de fiscalización que aún no se han hecho públicos.
Además, Rosario Robles, exministra entre 2012 y 2015, se encuentra en prisión preventiva acusada de irregularidades, y el hijo del director general de la estatal eléctrica CFE, Manuel Bartlett, fue señalado de vender al Estado ventiladores con sobreprecio durante la pandemia del COVID-19, aunque sólo ha recibido sanciones administrativas.
Cabe señalar que el año pasado, la tasa de mexicanos que experimentaron al menos un caso de corrupción al realizar un trámite ante la administración pública trepó un 7% respecto al 2017, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (Inegi).
