En Bolivia el régimen de Arce no sólo tiene problemas cada vez más serios con la gestión de la crisis sanitaria y económica, como hemos apuntado en numerosas ocasiones, sino además con la justicia que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha cooptado al menos desde el inicio de la Asamblea Constituyente en 2006, y hoy aflora inocultablemente como uno de los desafíos más difíciles de asumir.
Desde luego, uno de los casos más emblemáticos de la crisis judicial de Bolivia es el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez, que lleva por un supuesto golpe de Estado contra el régimen de Evo Morales a finales de 2019; entre otros aspectos, Áñez lleva 11 meses de detención preventiva sin pruebas de aquello sobre la que se la acusa.
De manera más reciente, el régimen de Arce ha mantenido la persecución política contra sus adversarios políticos hasta el día de hoy. El caso más reciente es el de Luis Revilla, ex alcalde de la ciudad de La Paz, y cuyo partido estableció una alianza con política que llevó Áñez a ser candidata a la presidencia en 2020. Actualmente Revilla se encuentra en la clandestinidad por un supuesto caso de corrupción en la adquisición de unos buses para el transporte público en el municipio paceño.
Igualmente, otro caso importante fue el que sucedió hace tres meses en la localidad cruceña de Las Londras, donde un grupo irregular armado afín al MAS secuestró y torturó a un grupo de empresarios y periodistas que visitaban el lugar; existen una serie de irregularidades que llevan a deducir que el caso está siendo enterrado y que no habrá justicia alguna.
Tampoco se supo más sobre el llamamiento del «Ejército Guerrero Wila Lluch’us», un grupo irregular afín al MAS, a la toma y quema de instituciones y casas de activistas defensores de Derechos Humanos en el país en septiembre del año pasado. No hubo investigación al respecto. El ministro de Gobierno se limitó simplemente a decir que se trató de un video montaje.
De igual manera, ante la detención del coronel Maximiliano Dávila, un ex jefe antidrogas de la Policía de Bolivia investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y acusado por narcotráfico, no sólo que la Fiscalía no ha citado a declarar a Morales y varios de sus colaboradores cuando ejercía el poder, sino que el Ministerio de Gobierno no se ha constituido en parte querellante de acuerdo a ley, y lo poco que ha hecho en su contra hasta el momento es por legitimación de ganancias ilícitas y no por vínculos con el narcotráfico.
Lo último ha sido la denuncia de unos videos que circulan en distintas redes sociales como TikTok, donde se ve a jóvenes produciendo cocaína en las selvas bolivianas y haciendo alarde de ello. La denuncia fue hecha ante la prensa, pero todavía no se ha tenido conocimiento sobre la manera en que el Estado procederá de manera concreta. Sin embargo, los productores de hoja del Chapare han tenido la curiosa iniciativa de pedir que se investiguen los hechos.
Sobre este y otros asuntos igualmente serios donde un juez ordena la liberación injustificada de un personaje que violó a 77 mujeres, Arce apenas se ha limitado a crear comisiones que revisen los procesos judiciales.
Todo esto parece ser una cortina de humo -cuando no una trágica comedia- creada por el propio régimen de Arce para distraer la atención sobre el agravamiento de la crisis que ya cuenta con varias aristas, y que, claramente, no está sabiendo sobrellevar, pues es importante recordar que la remoción de al menos seis ministros que el MAS le exige a Arce sigue pendiente y tiene compás de espera hasta el 11 de febrero.
Pero lo importante a destacar aquí, es que el régimen de Arce -ha sido así incluso desde el régimen de Morales- ha tratado de mostrarse como ajeno al tema, que el problema de justicia en el país es serio pero que no fue creado por el propio MAS, que es un aspecto que descuidaron debido a los supuestos éxitos cosechados desde que se hicieron del poder. De hecho, el actual ministro de Justicia, Iván Lima, propuso una reforma del Poder Judicial bajo su liderazgo y en apenas tres meses, pero tal cosa no ha sucedido.
Veamos: el problema en Bolivia ni siquiera empieza con la Asamblea Constituyente ni la Nueva Constitución plurinacional que terminó con la República (como si se tratara del simple nombre del país, y no de su estructura institucional). Empieza con los chantajes y extorsiones de Evo Morales cuando era dirigente cocalero en el Chapare y diputado al mismo tiempo, y bloqueaba las principales carreteras del país durante semanas para conseguir sus objetivos a mediados de los 90.
Ese método de presión callejera -más fácil de reconocer en el incendio de decenas de estaciones de metro, el robo y saqueo en Santiago de Chile desde finales de 2019-, que solían llamar “democracia participativa”, fue el que ocasionó primero la denominada Guerra del Agua en el año 2000 en Cochabamba, u Octubre Negro o la Guerra del Gas en octubre de 2003, que logró el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, y la sucesión de la presidencia en manos de Carlos Mesa, aliado de Evo Morales.
En el breve período que gobernó, Mesa abrió las puertas del monstruo del Socialismo del Siglo XXI primero otorgando amnistías a todos los actores de la Guerra del Gas de 2003 -entre ellos Evo Morales, desde luego- por medio del Decreto Supremo Nº 27237; luego, reformando la Constitución en 15 artículos de manera inconstitucional, para encaminar al país hacia la Asamblea Constituyente; y finalmente convocar un referéndum para dirimir la estatización del gas.
Ya recién con la nueva Constitución y el nacimiento del Estado Plurinacional se terminó de sepultar la República, y con ella la separación de poderes, el Estado de Derecho, la presunción de inocencia que hoy el país sufre ya de manera intensa y alarmante.
Para mayor inri, en diciembre de 2017, a iniciativa del régimen de Morales y el MAS, el país llevó adelante sus primeras elecciones judiciales. Se trató de unas elecciones en donde se impuso el voto nulo con un 42,20% sobre un 42,99% de votación válida.
Es decir, que no quepa duda alguna de que los responsables de las condiciones actuales de la justicia en Bolivia no son otros más que Carlos Mesa, Evo Morales y el conjunto del MAS, y que su rescate pasa por una profunda reforma estructural que primero prescinda de estos actores, y que a su vez recupere la antigua Constitución de 1994 y la República de Bolivia.
