Mientras son cada vez más los países que buscan la recuperación económica suspendiendo casi la totalidad de las restricciones por la pandemia, incluso frente al avance de Ómicron, en Bolivia no es sólo que no se acumulan méritos en la gestión de la crisis sanitaria, sino que, aunque lo hiciera, Luis Arce tiene otra serie de problemas con los cuales lidiar; esto cuando se observa la manera cómo el principal sector del que su economía depende, se derrumba dramáticamente.
Prolongando la agonía con la planta de urea
Las últimas noticias vinculadas a los hidrocarburos tienen que ver con el hecho de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) agrava su crisis estructural con cada día que pasa. Por ejemplo, en recientes días se ha tenido conocimiento de que el jefe de la Planta de Amoníaco y Úrea (PAU), ubicada en el Chapare cochabambino, ostenta un sueldo de Bs. 250.000 ($36.000).
La elevada cifra no tendría motivo para ser observada si acaso la PAU fuera tan eficiente y generara una rentabilidad acorde. Sin embargo, la planta ha tenido varios problemas técnicos por los que ha forzado su paralización en varias oportunidades desde su inauguración en septiembre de 2017.
Además, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) y YPFB han diferido en algunos datos importantes al respecto: el primero informó que hasta noviembre de 2021, las exportaciones de urea fueron de $8 millones, mientras el segundo afirma que hasta el 21 de enero de este año, exportó un valor de $43,8 millones. Es una controversia que todavía necesita aclaraciones, pero el régimen de Arce ya se encuentra planificando la construcción de una segunda planta de urea.
Creciente incapacidad de producción de combustibles
Luego, también se tuvo conocimiento de que en el país la importación de combustibles es cada vez mayor. Más aún, el régimen de Arce ha decidido importar petróleo crudo subvencionado para alimentar las refinerías de la nación que se han quedado sin materia prima para procesar gasolina y diésel. A este ritmo, Álvaro Ríos Roca, experto en la materia, afirma que tan pronto como para 2023 se tendrá que cerrar al menos una refinería.
Además, Ríos agregó que, eventualmente, el país se verá obligado a importar petróleo crudo a precios internacionales, a lo que habría que sumar los costos de transporte probablemente por oleoducto desde Argentina. En este sentido, el problema es todavía mayor cuando también se ha sabido que la subvención al diésel y la gasolina en el mercado interno ha subido de $187,6 millones y $17 millones respectivamente en 2016, a $480 millones y $143 millones respectivamente en 2021.
Tensión con Argentina por incumplimiento de contratos
Para mayor colmo, también se ha tenido conocimiento de que las negociaciones con Bolivia para seguir exportando gas a Argentina, han empezado a sufrir tensión.
Sucede que Bolivia busca una nueva adenda al contrato porque no tiene la capacidad de cumplir con los volúmenes mínimos pactados para este próximo invierno en Argentina. Así Argentina se verá en la necesidad de importar GNL para compensar el faltante creado por YPFB, con lo cual, además, deberá destinar parte de las divisas que el Banco Central de la República Argentina requiere también con urgencia, y más aún a medida que se acercan los plazos y no se logran acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ciertamente, los acuerdos entre Bolivia y Argentina tienen un peso político muy grande, pero la amistad entre ambos mandatarios puede terminar tan pronto como cuando la necesidad empiece a llamar a la puerta. Es decir, al propio gobierno de Alberto Fernández le será muy difícil no trasladar los nuevos costos de importación a YPFB en forma de penalización, o lograr una negociación considerablemente favorable.
El efecto agravante de una reducción de estímulos de la Reserva Federal
A diferencia de un pasado no muy lejano, hoy Bolivia no tiene la capacidad de aprovechar el incremento de los precios de las materias primas, pues, así como se ha visto, hoy las exportaciones de gas son cada vez menores, las importaciones de diésel y gasolina son cada vez mayores, y las autoridades se esfuerzan cada día por estimular la demanda interna, generando una brecha creciente e insostenible entre lo que se ingresa y lo que se gasta.
No obstante, además de que todo esto genera una creciente presión sobre las reservas internacionales del Banco Central, a la vez que sobre el tipo de cambio fijo, hay otros factores derivados de la coyuntura económica internacional a tomar en cuenta.
Debido a los datos de inflación de 2021, que se encuentran en máximos entre 30 y 40 años en las primeras economías, los principales bancos centrales, y principalmente la Reserva Federal de Estados Unidos, se están preparando para empezar a reducir los estímulos monetarios, ya sea incrementando las tasas de interés de referencia, reduciendo el tamaño del balance contable, o ambos de manera simultánea.
Esto quiere decir no solo que se espera un incremento mayor en el precio del petróleo (hoy en máximos de 7 años), sino también que los bancos centrales locales, como el de Bolivia, necesitarán prepararse para este cambio de política que empieza tan pronto como en marzo, incrementando sus niveles de reservas. Caso contrario, se verán en la necesidad de incurrir en la tan temida devaluación cambiaria que amenaza los depósitos en monedas internacionales de la banca nacional y las operaciones con los mismos en el sistema financiero. Empero, el nivel de reservas del ente emisor en el país también sufre caídas permanentes debido a que se las gasta fundamentalmente en empresas públicas como la insigne YPFB.
Entonces, como se puede observar, no hay perspectivas halagüeñas para la economía nacional, por tanto, tampoco para el ámbito político y social incluso en el corto plazo.
Fracaso permanente para conseguir financiamiento
Evitar un serio problema en el sistema bancario y financiero por la presión creciente sobre el tipo de cambio, pasa por conseguir financiamiento y así fortalecer las reservas del BCB, entre otros aspectos.
En este sentido, el régimen de Arce había ofrecido una emisión de deuda por $3.000 millones en los mercados de capitales internacionales para el primer trimestre de 2021. La operativa fracasó sin haber logrado emitir ni un sólo centavo de dólar de deuda. Aún así, se ha vuelto a programar una emisión por $2.000 millones este nuevo primer trimestre, pero tampoco se han tenido noticias todavía.
Lo curioso de este hecho es que cuando se pretende guardar un escandaloso silencio por el fracaso del modelo implementado por Arce cuando era titular de Hacienda en 2006, corren los rumores. Bolivia no habría logrado colocar más deuda soberana por los desafíos que conlleva la pandemia. Sin embargo, la realidad es que desde el primer trimestre de 2021, países como Chile, Perú y Paraguay de manera más reciente, han logrado emitir deuda soberana por montos similares o superiores, y en más de una oportunidad.
Entonces, ¿Arce se verá obligado a tomar decisiones altamente impopulares para salvar la economía, o más bien busca la manera de seguir postergando estas decisiones para tratar de sostenerse en el poder? El tiempo dirá.
