La extrema izquierda pretende convertir Chile en la nueva Bolivia de la región

La extrema izquierda iberoamericana acaba de dar nuevamente uno de los pasos más importantes de los últimos 30 años en la región, habiendo ganado este domingo las elecciones de delegados para escribir una nueva Constitución en Chile con alrededor del 70% de los escaños. Aunque entre todos ellos hay mucha heterogeneidad, también hay de los que incluso proponen copiar la Constitución de Evo Morales en Bolivia.

Pese a que los resultados no fueron necesariamente una sorpresa para quienes han vivido ya un proceso constituyente como en Venezuela, Ecuador o Bolivia, el hecho de que Chile Vamos -coalición de cuatro partidos de centroderecha y derecha- no haya logrado ni siquiera un tercio de los asientos de la Convención Constituyente que esperaban los mercados, ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro chileno de manera considerable.

Para ilustrar inicialmente el problema al que Chile se enfrenta, en la apertura de mercados de este lunes la bolsa chilena se desplomó un 10% y el peso chileno cayó casi un 3,5%, una caída que no se registraba desde el incesante terrorismo de finales de 2019.

Al mismo tiempo, bancos privados de inversión como JPMorgan, Goldman Sachs y Citi se han visto forzados a cambiar sus expectativas, pues antes del domingo parecían mostrarse optimistas: si Chile Vamos obtenía al menos 52 escaños, existía la posibilidad de frenar cualquier propuesta radical para la nueva Constitución.

En este sentido, JPMorgan ha afirmado que ahora “la composición de la Convención Constitucional es peor de lo que esperaba el mercado y aumenta las posibilidades de ver cambios poco ortodoxos en el marco económico incluidos en la nueva Constitución”.

Por su lado, Goldman Sachs aseguró que “la nueva Constitución validará un estado más grande e intervencionista y la ampliación de la red de seguridad social para satisfacer las demandas sociales de mejores servicios públicos de salud y educación, pensiones más altas y menor desigualdad.”

Igualmente, Citi también ha dicho que “es probable que la nueva Constitución reconozca más derechos sociales, algo que podría impulsar el gasto fiscal y, por ende, los impuestos, haciendo la economía menos competitiva”.

Desde luego, estos temores están fundados en los temas sobre los que los 1268 postulantes a la Convención Constitucional estuvieron más de acuerdo durante la campaña, aunque luego serán definidos una vez que se hayan establecido los 155 escaños. 

En un estudio conjunto de las empresa Táctico y Tironi con base en los planteamientos de los candidatos en sus distintas redes sociales, se encontró que entre los temas que generan mayor rechazo están:

– Chile debería pasar a un sistema parlamentario.

– Chile debería pasar a ser un Estado Federal.

– La nueva Constitución debería rechazar expresamente la independencia del Banco Central.

– La nueva Constitución debería eliminar expresamente la independencia de la Comisión del Mercado Financiero (CMF).

– Chile debería pasar a un sistema legislativo unicameral.

De la misma forma, entre los temas sobre los que mayor acuerdo existe están:

– La nueva Constitución debería reconocer expresamente los pueblos originarios y afrodescendientes.

– La nueva Constitución debería asegurar expresamente una mayor participación del Estado en el resguardo de derechos de las personas.

– La nueva Constitución debería reconocer expresamente la igualdad de género en derechos, dignidad y deberes.

– Cada región debería tener autonomía presupuestaria.

Claramente, entonces, Chile va a terminar con algunos de los elementos principales de la actual Constitución que han permitido edificar la institucionalidad que permitió a Chile pasar de ser uno de los países más pobres de América Latina hace sólo unas décadas, al país más próspero. Entre estos elementos están:

– Autonomía del Banco Central (Capítulo XIII).

– Los impuestos no pueden ser manifiestamente desproporcionados (Artículo 19, inciso 20).

– Libertad de trabajo (Artículo 19, inciso 16).

– Iniciativa exclusiva del Ejecutivo en proyectos de ley que involucran gasto fiscal (Artículo 65).

– Iniciativa exclusiva del Ejecutivo para modificar las normas sobre seguridad social (Artículo 65).

Dado que el 70% de los escaños están en manos de las listas independientes –mayoritariamente compuestas por la izquierda extrema–, es de esperarse que lo construido en varias décadas en Chile –tanto por políticos de derecha como de izquierda moderada– sea sustituido por un libreto por demás conocido en un país como Bolivia.

Por ejemplo, el primer paso para establecer y consolidar el Estado Plurinacional fue la reforma de la Constitución. El segundo paso fue ganar las próximas elecciones. Y finalmente, el tercer paso para garantizar la profunda crisis económica y democrático institucional por la que atraviesa el país, fue manipular el mandato del Banco Central, estatizar empresas privadas (que incluyen las Administradoras de Fondos de Pensión) y anular las instituciones de control como el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las contralorías, tomar el órgano electoral, etc.

Como práctica permanente estuvo el gasto para favorecer a distintos grupos de interés que le permitieran a Morales y el Movimiento al Socialismo mantener el poder por medios electorales y –desde luego– atacar a los opositores. 

También financiaron a los miembros del partido y todos sus adláteres -que incluyen muchos empresarios cazadores de privilegios- estatizando el negocio gasífero para que las rentas fuesen distribuidas de forma absolutamente arbitraria o convirtiendo el mandato de prestamista de última instancia del Banco Central de Bolivia en prestamista de primera instancia, entre varios otros.

Fue justamente esto lo que provocó el inicio de la desaceleración económica de Bolivia incluso antes de la caída de la cotización internacional de materias primas de 2014: la pretensión de incrementar todavía más el control del Estado sobre la economía y extender su mandato de manera indefinida –incluso por encima de la propia Constitución y el referéndum para tratar de reformarla en 2016–. A esto hay que agregar el monumental fraude de 2019. Es justamente el peligro que están advirtiendo los mercados.

Parece ser que Chile pretenda convertirse en la nueva Bolivia de la región.

En todo caso, si de algo sirve como motivo de optimismo, Chile no tiene un personaje tan funesto como Evo Morales ni una región tan difícil de controlar como el Chapare en Bolivia.

Además, en estas últimas elecciones se ha registrado una baja participación de los votantes -apenas por encima del 40%-, sobre todo si la comparamos con la participación de algo más del 51% en el plebiscito del pasado año. 

Finalmente, aunque tal vez no sea lo más probable, Chile todavía tiene algunas oportunidades para evadir el camino de Bolivia: en caso de que la Convención Constitucional fracase en la redacción final de una nueva Constitución (legítimamente emanada de sus delegados y no de un grupo de “expertos extranjeros que la tengan lista” debajo de la mesa), los ciudadanos todavía podrán votar por el rechazo en un eventual plebiscito.