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Presuntamente es parte de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

La Fiscal de la Nación de Perú es acusada de ser parte de una organización criminal

La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos. Europa Press

El procurador anticorrupción, Javier Pacheco, afirmó que la fiscal de la Nación de Perú, Zoraida Ávalos, es parte de la organización criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto” y que existen suficientes evidencias e indicios sobre ello.

No solo hay presunción, hay indicios reveladores, de que Zoraida Ávalos es parte de Los Cuellos Blancos, que elevamos al procurador general, Daniel Soria. Hasta donde llegó nuestras investigaciones acreditábamos que sí, elevamos el informe el 30 de noviembre del 2021. Hay suficientes evidencias, son 400 páginas de indicios. Tengo a cargo el caso y he tenido mucha obstrucción para avanzar el caso. Hay evidencias en las escuchas y testigos protegidos que señalan que ella es integrante. Hay aspirantes a colaboradores eficaces que señalan ello”, declaró en Willax TV.

Pacheco remarcó que “la denuncia está sustentada con indicios y elementos de convicción suficiente para iniciar la investigación”.

“Soria [exprocurador general] dijo que lo iba a hacer, pero pasó el tiempo. Le mandé un oficio para solicitar la competencia de los Cuellos Blancos mediante resolución para hacer las denuncias. Tampoco tuve respuesta”, agregó.

El procurador anticorrupción también hizo referencia sobre la presunción de que el nombramiento de Ávalos como fiscal fue un pago de favores. Pacheco dijo en la entrevista que esta presunción está consignada “en el informe para que se investigue”. “Es parte de la investigación y es reservado”, explicó.

Zoraida Ávalos: una fiscal cuestionada

Zoraida Ávalos ha sido cuestionada por diferentes actores políticos desde que asumió como Fiscal de la Nación en marzo de 2019 tras la renuncia de su antecesor, Pedro Chávarry, que abandonó el cargo tras una presión mediática y de activistas de izquierda que lo cuestionaban por su presunta interferencia en las investigaciones del Caso Lava Jato.

El pasado 21 de diciembre, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra Ávalos ante el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por una presunta infracción a la Constitución, delito de omisión y rehusamiento o demora de actos funcionales.

La legisladora de Avanza País solicitó su destitución e inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública, «así como autorización para su procesamiento penal”.

Chirinos, quien fue la principal impulsora de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, argumentó que esta denuncia constitucional contra Ávalos es por omisión de funciones en el proceso de investigación sobre presuntos actos de corrupción que podrían involucrar al jefe de Estado.

Cabe recordar que, a finales de 2021, se descubrió que el Consorcio Puente Tarata III, integrado por una compañía asesorada por la cabildera Karelim López, obtuvo la adjudicación de un contrato por 232,5 millones de soles (55 millones de euros) de Provías Descentralizado -unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones- por la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga.

Días antes antes de la adjudicación, la cabildera López había sido grabada por la prensa ingresando a la infame casa del pasaje Sarratea -ubicada en el distrito de Breña- para reunirse extraoficialmente con Pedro Castillo, lejos de los controles de Palacio de Gobierno.

Blindando a Pedro Castillo

Presionada por las denuncias periodísticas, la opinión pública, la procuraduría general y la oposición desde parlamento Zoraida Ávalos tuvo que abrir investigación preliminar a Pedro Castillo por sus reuniones con proveedores del Estado, así como su presunta injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas; no obstante, decidió suspender todas las diligencias hasta que culmine el mandato presidencial en 2026.

“La investigación que se abrió al jefe de Estado se sustenta en la facultad prevista en el artículo 117° de la Constitución Política del Estado, el cual indica que el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Es importante indicar que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”, informó la Fiscalía.

Para el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), la decisión de Zoraida Ávalos es la “mejor forma de garantizar impunidad” a un presidente en ejercicio, y no solo busca que el Congreso de la República no pueda realizar control político, sino también “asegurar obstrucción de la justicia”.

“No hay mejor forma de garantizar impunidad a un presidente en ejercicio, que iniciar investigación y suspenderla inmediatamente; con eso no solo se busca que el Congreso no tenga elementos reveladores para efectivo control político sino también asegurar obstrucción de la justicia”, escribió en Twitter.

Vínculo con “Los Cuellos Blancos del Puerto”

En julio de 2018, se difundieron a través de la prensa peruana una serie de grabaciones telefónicas que tenía como protagonistas a varios fiscales, jueces y miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en un intercambio de favores. El CNM tenía a su cargo el nombramiento, ratificación y destitución de fiscales y jueces a nivel nacional.

Entre los principales involucrados en este caso se encontraban el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao [principal puerto peruano], Walter Benigno Ríos Montalvo; el ex magistrado supremo de la Corte Suprema, César José Hinostroza Pariachi; los ex consejeros del CNM Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido César Aguila GradosSergio Iván Noguera Ramos y Orlando Velásquez Benites; el empresario Edwin Antonio Camayo Valverde, así como también el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito.

Los principales delitos investigados en este caso son el de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho activo y pasivo, entre otros.

Con el tiempo, este caso fue denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto”, nombre acuñado por la condición de sus presuntos miembros: funcionarios y servidores públicos del Estado. También se les denominó “hermanitos”, por el trato cariñoso que se daban en las llamadas telefónicas. Las grabaciones daban cuenta de presuntos ofrecimientos, como reducción de penas, pedidos de trabajo y negociaciones para el ascenso de funcionarios.

Uno de los personajes que tomó relevancia en este caso que tambaleó la justicia peruana fue José Luis Cavassa Roncalla, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), acusado de influir en las elecciones de jueces y fiscales. Cavassa habría desempeñado el rol de operador político de la presunta organización criminal.

De acuerdo con testigos que declararon ante la fiscal Rocío Sánchez, Cavassa se atribuyó el ascenso a la categoría de magistrada suprema de la hoy Fiscal de la Nación.

No obstante, Sánchez fue retirada del Equipo Especial Cuellos Blancos tras revelarse que sostuvo reuniones informales con el expresidente Martín Vizcarra, destituido por el Congreso por incapacidad moral permanente en noviembre de 2020.

Posteriormente, Sánchez denunció a la fiscal Ávalos ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a fin de que sea sometida a una investigación y suspendida durante el proceso.

De acuerdo con el oficio que presentó, la fiscal de la Nación habría adoptado en el transcurso de su gestión “decisiones que afectan las investigaciones en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto”.

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