Siguiendo el manual chavista para perseguir a la oposición, la Fiscalía de Bolivia ha iniciado una investigación contra dirigentes políticos conservadores y mandos militares, entre ellos el líder cívico José Luis Camacho, clave en la salida del poder del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, mientras que ha emitido una alerta migratoria para que no puedan abandonar el país.
El fiscal, Omar Mejillones, ha informado de que tanto Morales como su exvicepresidente Álvaro García Linera serán citados a declarar en calidad de víctimas, según cuenta el diario boliviano ‘La Razón’.
La investigación se abre después de que la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty presentara una denuncia por «terrorismo» y «golpe de Estado» contra el actual líder de Creemos, Luis Fernando Camacho; su padre, José Luis Camacho, y los antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Sergio Orellana, así como de la Policía, Vladimir Calderón.
La denuncia presentada contra ellos incluye delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
El fiscal ha explicado que «se conoce de antecedentes, por medios de prensa, de que hubiera habido algún nivel de coordinación entre el señor Camacho, su padre y jefes militares y policiales para realizar justamente todos estos hechos que concluyeron en la renuncia del expresidente Evo Morales».
Mejillones hace referencia a un vídeo que circuló en redes sociales en el que Camacho detalla que su padre cerró acuerdos con los militares y policías, fuerzas que jugaron un papel crucial en la renuncia de Morales tras su victoria en los comicios presidenciales de 2019.
