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España, a diferencia de otros estados, no contempla la posibilidad de despojo de la nacionalidad

La Fundación Disenso analiza el concepto de nacionalidad y su valor para la sociedad en su cuarto informe

Ilustración 3D sobre el mapa de Europa y las banderas de los diferentes países.

¿Qué implica la nacionalidad? ¿Cuál es su valor para la sociedad y cómo abordan este concepto y su marco legislativo los países de nuestro entorno en comparación con España?

La Fundación Disenso responde a estas y otras preguntas sobre este término en su cuarto informe ‘Una reflexión sobre la nacionalidad y su valor para la sociedad’. El centro de pensamiento presidido por Santiago Abascal reflexiona sobre este asunto que implica más que un simple concepto jurídico: «La nacionalidad se asocia con una tradición y con unos valores, esto es, con una concreta identidad forjada durante generaciones, y en consecuencia con unas formas de convivencia determinadas por la cultura y la historia».

El informe señala las importantes diferencias que existen entre España y países como Francia, Bélgica, Italia, Dinamarca, Estados Unidos y Australia en cuanto al tratamiento de la nacionalidad, las vías que existen para su adquisición y los motivos que pueden generar su pérdida. «A diferencia de las legislaciones proteccionistas de otros Estados de nuestro entorno más cercano, en España actualmente no se contempla la posibilidad de despojo de la nacionalidad por la comisión de determinados actos considerados como de deslealtad hacia el Estado», señala el documento.

Por el contrario, actualmente abundan los Estados occidentales que cuentan con legislaciones que sancionan con la pérdida de la nacionalidad por un mayor número de causas que en España. «La deslealtad y la traición al Estado es causa de despojo de la nacionalidad en un número importante de Estados Democráticos y de Derecho. Democracias asimiladas a la española lo contemplan cuando se cometen delitos graves contra el Estado, cuando se actúa contra el orden constitucional y las instituciones nacionales, y, en general, cuando se opera contra los intereses nacionales, en especial en los casos de terrorismo internacional», concluye el documento.

Disenso insiste en este punto y considera que, al igual que sucede en estos Estados, España podría establecer en su legislación la pérdida de la nacionalidad cuando «se perpetren actos gravemente perjudiciales para con los intereses esenciales del Estado» ya que se habría incumplido «el deber de lealtad que deriva de la nacionalidad«.

En cuanto a la adquisición del estatus de nacional, el informe también propone la imposición de nuevas exigencias que garanticen la integración de los solicitantes y la adecuación de esos requerimientos con los del resto de países: «Los Estados de nuestra órbita cultural conceden gran importancia a la adquisición de la nacionalidad. El nacionalizado se vincula al Estado y se le concede la titularidad de todos los derechos fundamentales. Por eso, los poderes públicos deben asegurar el cumplimiento escrupuloso de cada uno de los requisitos para adquirir la nacionalidad y, en su caso, estudiar nuevas exigencias que garanticen de forma más efectiva el nivel de integración del solicitante».

Puede descargar el informe completo en el siguiente enlace.

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