El consejero de Economía, Jaume Giró, ha anunciado este miércoles que recurrirán finalmente al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a los 34 golpistas por la acción exterior de la Generalitat realizadas entre los años 2011 y 2017.
Así lo ha explicado en la sesión de control a los consejeros en el Parlamento en respuesta a una pregunta de la diputada de Junts Elsa Artadi sobre la mejora de la calificación de la deuda de la Generalitat.
El anuncio del consejero llega después de que el martes explicara que renunciaban a utilizar el ICF para no poner en riesgo a los trabajadores públicos pese a que así lo contemplaba el decreto ley sobre la creación de un Fondo Complementario de Riesgos.
Sin embargo, Giró ha asegurado que, en las últimas horas, ha recibido llamadas de personal del ICF pidiéndole que no renunciara a ello y que utilizara este recurso, por lo que ha decidido cambiar de criterio. «Esto es lo que haremos», ha exclamado Giró, que ha explicado que ha hablado de ello con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha agradecido la generosidad del personal del ICF.
Este miércoles terminaba el plazo para plazo para que los encausados pagaran las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas, que ascienden a 5,4 millones de euros, y la decisión de recurrir al ICF finalmente se ha tomado después de que la Generalitat no encontrara ninguna entidad financiera dispuesta a avalar el fondo impulsado por el Gobierno.
VOX estudiará llevar a la Generalitat ante los tribunales
El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido está dispuesto a llevar ante los tribunales a la Generalitat por el aval de las fianzas de los golpistas.
En declaraciones en el Congreso, ha garantizado que VOX estudiará «cualquier pretensión ilegal» del Ejecutivo de Pere Aragonés y actuará ante la justicia. «Como hacemos desde 2017«, ha recordado.
Pero además, ha avisado de que VOX es «extremadamente eficaz» cuando acude a los tribunales «en defensa del bien común, la legalidad y el erario que pertenece a todos los españoles» y que «ningún delincuente puede utilizar a su servicio».
