El Tribunal Superior de Justicia de Lima (CSJ) ha admitido este lunes a trámite un recurso de ‘habeas corpus’ que demanda la anulación de la resolución que designa a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros y a Iber Maraví como ministro de Trabajo del Gobierno del comunista Pedro Castillo.
La petición admitida por la Justicia peruana ha sido presentada por los oficiales retirados Mario Drago Ego, Edmundo Rodríguez, Víctor Sarria y Luis Canevaro.
«Son personas que tienen relación o han mostrado estar a favor de personas y/o grupos vinculados al terrorismo y/o a facciones extremistas que son objeto de investigación y lucha por el personal de las Fuerzas Armadas y policial», han indicado los demandantes respecto a Bellido y Maraví.
Igualmente, han solicitado que se ordene al presidente de Perú, Pedro Castillo, que se abstenga de designar en cargos de influencia en sectores como la Policía o las Fuerzas Armadas a personas con investigaciones por «vínculos con el terrorismo».
Los exoficiales han llamado, también, a que en caso de que se desestime su pedido, se ordene al personal de los mencionados cuerpos «no entregar» a Bellido y Maraví, «o a cualquier persona que los reemplace si tiene vínculos o haya expresado reconocimiento a facciones terroristas», «información vinculada a acciones o programas de inteligencia, contrainteligencia, planes, estrategias, tácticas o demás acciones contra el terrorismo y narcoterrorismo».
«El demandado Bellido es una persona que exalta a una terrorista, que tiene una investigación fiscal por apología del delito de terrorismo, y que incluso ha sido investigada por la misma Policía Nacional», han apuntado los demandantes en el documento presentado a la Justicia, en referencia a un vídeo del presidente del Consejo de Ministros.
En este sentido, los exoficiales han lamentado que en el cargo que ostenta ahora, Bellido «tendrá acceso a toda la información vinculada con las estrategias de la lucha contra el terrorismo y narcoterrorismo», lo que, a su juicio, supone un «enorme riesgo».
Sobre el ministro de Trabajo, han señalado que tendría vínculos con dirigentes del Movimiento por la Amnistía de los Derechos Fundamentales (Movadef), recoge ‘La República’.
«Con estos innegables hechos, es sumamente peligroso que el más alto cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tenga vínculos con rezagos de grupos terroristas y, por su cargo, pueda acceder a información sensible y secreta, precisamente, de la lucha contra el terrorismo y narcoterrorismo», han apuntado, mientras Maraví ha rechazado las acusaciones que lo vinculan al mencionado movimiento.
Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Carrasco, ha informado este lunes de que ha renunciado al cargo de fiscal provincial titular penal corporativo de Chiclayo, después de que se abriera una investigación preliminar en su contra por presunta «mala conducta».
La Fiscalía confirmó el domingo una investigación contra Carrasco y señaló que solicitó una «licencia sin goce de haber», permiso que un empleador da a un trabajador, el 26 de julio, la cual fue aprobada el 27 de julio. La resolución incluye un permiso de 90 días desde el 28 de julio para Carrasco, especializado en el crimen organizado. Sin embargo, cuando se tomó esta decisión se desconocía el nombramiento del abogado como nuevo ministro del Interior.
Por ello, la Fiscalía abrió una investigación preliminar dada «la incompatibilidad para el ejercicio del cargo de ministro de Estado, a fin de determinar si se habrían transgredido normas constitucionales o legales que rigen la Fiscalía».
