Con muy mala pinta para la oposición venezolana avanza una nueva ronda de negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro. La reunión, efectuada en México, ha concluido con la publicación de un comunicado en el que se señala que ambos sectores llegaron a dos acuerdos parciales: uno para la “Ratificación y Defensa de la Soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba” y otro para la “Protección Social del Pueblo Venezolano”.
Huelga decir que el primero de estos dos puntos de acuerdo remite a un viejo problema limítrofe venezolano, que se ha sostenido en el tiempo desde 1841. Actualmente Venezuela -como nación- reclama el derecho histórico sobre el territorio Esequibo (que se extiende por 159mil kilómetros cuadrados y comprende dos tercios de la actual Guyana). Sin embargo, las gestiones realizadas durante estos casi 180 años para hacer valer ese derecho han sido infructuosas y esta porción territorial se mantiene, en los hechos, controlada al día de hoy por los guyaneses.
Este es, cuando menos, un asunto de segundo orden de importancia dentro de la crisis política que actualmente viven los venezolanos, puesto que ni suma ni resta en el cuadro de deterioro general que vive el país. Tanto más si se asume que, por más que estén de acuerdo chavistas y opositores sobre la pertinencia de un reclamo histórico por determinados territorios, este es un tema con pocas o ningunas posibilidades reales de resolverse en lo inmediato a favor de Venezuela.
Ahora bien, en lo referente al segundo acuerdo parcial es de notar que los negociadores han decidido “otorgar prioridad al abordaje de las medidas de protección social al pueblo, dirigidas a dar satisfacción a sus necesidades en las áreas de salud y alimentación; especialmente a aquellas correspondientes a la prevención y atención de la pandemia de la covid-19”, y para ello han accedido a designar 3 representantes por lado en una “Mesa Nacional de Atención Social” que debería poner en práctica soluciones en las áreas antes señaladas.
Además, ambas partes han accedido a designar a dos comisionados por lado para iniciar un proceso de revisión de los “inconvenientes derivados del sobrecumplimiento en el sistema financiero” de las “sanciones” que desde hace un par de años tanto Europa como los Estados Unidos han impuesto a la tiranía roja.
Así el régimen de Maduro estaría anotándose sus primeros puntos gordos en esta “negociación”. Pues no solo habría logrado incorporar a la oposición en la firma de un acuerdo en el que se valida la tesis de que son las sanciones las que han causado estragos en la economía venezolana y devastado los sistemas de protección social en medio de la pandemia, sino que además ha comprometido a esa misma oposición a trabajar mancomunadamente con el régimen para cabildear el levantamiento de las mismas en distintos foros internacionales; todo ello con el noble fin de aliviar las penurias que diariamente tiene que padecer el venezolano promedio en medio del proceso de devastación que actualmente vive el país sudamericano.
Con ello estaría emergiendo el alarmante escenario que ya se había asomado meses atrás, cuando los jefes de la diplomacia de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea habían puesto sobre la mesa la posibilidad de que las sanciones económicas impuestas a la tiranía chavista fuesen revisadas, siempre y cuando se produjesen “avances significativos” en un proceso de negociación con la oposición venezolana.
A estas alturas habría que preguntarse qué entienden estos diplomáticos por “avances significativos” cuando de establecer una transición hacia la democracia en Venezuela se trata, pero lo importante acá es que esto abriría la puerta a un panorama completamente distinto para Maduro en lo inmediato. Uno en el que obviamente su estadía en el poder enfrentaría menores o ninguna presión desde el exterior.
Es de notar que en medio de esta segunda ronda de negociaciones hay temas sensibles que aún brillan por su ausencia: la liberación de presos políticos (en Venezuela actualmente hay casi 300 en distintas cárceles del país), el compromiso de revisar violaciones sistemáticas a Derechos Humanos por parte de funcionarios chavistas (al punto en que actualmente Maduro y su régimen están siendo activamente examinados en la Corte Penal Internacional por violaciones a DDHH) y el otorgamiento de condiciones electorales claras y transparentes para elegir un nuevo gobierno en la nación caribeña.
Este último punto es, por cierto, el más crucial para la oposición que hasta hace nada era liderada por Juan Guaidó. La misma que acudió al proceso de México so pretexto de presentar exigencias y buscar condiciones para que Maduro accediese a medirse en unas elecciones presidenciales en lo perentorio. Sin embargo, al día de hoy, la realización de dichos comicios ha quedado absolutamente descartada en lo inmediato. Los mismos se realizarían de acuerdo con lo previsto por el chavismo, en 2024.
Si se hacen las sumas algebraicas correspondientes es obvio que, hasta ahora, la oposición a Maduro no se ha apuntado ningún éxito notable en este proceso de negociación, sino que más bien ha ocurrido todo lo contrario. Entretanto, el chavismo ya ha comenzado a cosechar los frutos de haber dado forma a este nuevo entramado de conversaciones, en tanto ha logrado comprometer a sus rivales en la ruta conjunta del alivio de las “sanciones internacionales”. Esas que han servido como pretexto y arma arrojadiza durante los últimos años para justificar la quiebra del país sudamericano a manos del régimen socialista rojo.
Por lo pronto se sabe que la próxima ocasión en la que ambos bandos se verán las caras en la mesa de negociación mexicana será el 24 de septiembre. Allí se estima que se dará continuidad a la discusión sobre la agenda social y humanitaria en el país, al tiempo que se iniciará un debate sobre el “respeto del Estado Constitucional y de Derecho” de una Venezuela en la que ni existe éste ni existen instituciones libres.
