La ONU ataca a Chile por responder a la violencia izquierdista mientras pone la alfombra roja a Maduro

DURANTE EL 'ESTALLIDO SOCIAL' DE 2019

El Gobierno de Chile ha rechazado este martes las aseveraciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que aseguró que tras el violento ‘Estallido social’ de octubre de 2019 auspiciado por la izquierda se registraron violaciones de los Derechos Humanos “graves” en el país.

Según se conoció el lunes, Bachelet, que es expresidenta del país, respondió a una consulta realizada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Así, la exmandataria aludió a una visita de una delegación de su oficina y señaló que el informe que se realizó a posteriori concluyó que “había rezones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre (de 2019) se había producido un elevado número de violaciones graves a los Derechos Humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza”.

En este contexto, el portavoz del Gobierno chileno, Jaime Bellolio, ha señalado este martes que, en un país democrático, “quien determina” la existencia de violaciones a los Derechos Humanos no son “los expresidentes”, sino los tribunales. “En nuestro país hay un orden democrático”, ha sostenido, recalcando que, por tanto, “esto está en mano de los fiscales y de los tribunales y todos aquellos ámbitos que tengan que ver con Derechos Humanos para este Gobierno son fundamentales”, según ha informado Radio Cooperativa.

Mientras tiende una alfombra roja a Maduro’

El líder del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, ha denunciado los ataques al Gobierno de su país al mismo tiempo que la ONU tendía una alfombra roja al tirano venezolano Nicolás Maduro, que reclamó el levantamiento de las sanciones a su régimen por violaciones de Derechos Humanos.

En una intervención ante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aseguró que, si bien Venezuela cooperará con los actores del organismo, no aceptará “la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra la patria venezolana”.

Y todo después de que expertos de la ONU concluyeran, en un informe de 443 páginas publicado a mediados de septiembre de 2020, que bajo el régimen chavista se habían producido crímenes de lesa humanidad. En concreto, apuntaron a la existencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano.

Dichos crímenes también fueron ratificados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que el pasado mes de diciembre estimó en un nuevo informe que, desde las protestas de 2014, se registraron en Venezuela más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales y unas 15.500 detenciones arbitrarias, por lo que reclamó la intervención urgente de la Corte Penal Internacional, con sede La Haya.

El informe, que llevó por título ‘Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela’, responsabilizó al Gobierno de Maduro de graves abusos durante estos últimos seis años.

Los expertos señalaron que solo en 2018 y 2019 hubo 724 casos de desaparición forzosa, así como 653 de tortura desde el año 2014. Además, consideraron que la violación y los abusos sexuales se han convertido en “armas” al servicio de la dictadura.

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