En su primer mensaje a la Nación el pasado 28 de julio, el comunista Pedro Castillo anunció que presentará un proyecto de ley para una reforma constitucional que permita la convocatoria de una Asamblea Constituyente que tenga como encargo redactar una nueva Constitución Política para el Perú.
«Anuncio que presentaremos al Congreso de la República, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional, un proyecto de ley. Esperemos que pueda ser aprobado y ratificado en referéndum», dijo Castillo, minutos después de jurar al cargo para el período 2021-2026.
De esta manera, el nuevo peón del comunismo bolivariano confirmó una de sus principales banderas de campaña, que aboga por la elaboración de una nueva carta magna que sustituya la vigente, implementada en 1993.
Conversamos con Lucas Ghersi, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y máster en Derecho por la Universidad de Chicago, promotor del colectivo ciudadano “No a la Asamblea Constituyente”, iniciativa ciudadana que busca frenar las pretensiones de Pedro Castillo y sus aliados.
¿Qué propósito persigue la iniciativa que usted promueve?
Consideramos que la posibilidad que el actual gobierno peruano convoque una Asamblea Constituyente resulta una amenaza para el estado de derecho. Una Asamblea Constituyente ejerce, prácticamente por definición, un poder ilimitado. Puede dejar sin efecto derechos fundamentales, recortar o restringir libertades políticas y económicas de los ciudadanos, menoscabar la democracia. Esa es la naturaleza jurídica de la Asamblea Constituyente, es un poder metajurídico que no está subordinado a ningún otro poder. Como ha ocurrido en otros países de América Latina, la Asamblea Constituyente se ha empleado como un ariete para desmantelar o acaparar las instituciones.
Algunos dicen que la Asamblea Constituyente puede tener limitaciones de su poder, pero esas opiniones son especulativas e ingenuas en la práctica. Lo que está proponiendo Pedro Castillo es que los peruanos, a través de nuestro voto, escojamos a la mitad o al 60% de los constituyentes, y el resto serían designados por organizaciones de la sociedad civil. Habiendo tantas organizaciones de la sociedad civil en el Perú, con esta modalidad se darían prebendas a determinados grupos, el privilegio de nombrar constituyentes, mientras otros no contarían con este privilegio. Los sindicatos y gremios afines al gobierno de Pedro Castillo y su partido tendrían la posibilidad de escoger constituyentes.
Este es un mecanismo corporativista similar al que se utilizó en la Venezuela chavista para la Asamblea Constituyente en el 2017. La Comisión de Venecia ha dicho que esos mecanismos son incompatibles con la democracia, y son instrumentos de regímenes autoritarios, fascistas inclusive. Lo que estamos haciendo con esta iniciativa es generar una movilización ciudadana para oponernos a este intento por desmantelar nuestro estado de derecho y generar debates públicos para que los peruanos tomemos conciencia.
Para quienes impulsan una reforma total de la Constitución vigente, los que se oponen a esta iniciativa, como es tu caso y el de otros líderes de opinión como los congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cavero que te están acompañando en las marchas, son unos defensores del statu quo y no quieren ningún cambio, desconociendo las demandas sociales. ¿Qué opinas sobre esta postura?
Yo soy liberal, estoy a favor de cambios bastante profundos en la estructura de la Constitución peruana vigente, sobre todo en lo que respecta a restringir los poderes del presidente de la República y reformar el sistema electoral. El Perú requiere muchos cambios, yo no soy un defensor del statu quo, la Constitución puede ser modificada en parte, pero estas modificaciones se deben llevar a cabo dentro de un marco jurídico, que sea el Congreso quien discuta modificaciones parciales de la Constitución, para poder tener un debate real y para que no exista el riesgo de copar las instituciones del Estado, como pasaría con una Asamblea Constituyente al estilo que propone Pedro Castillo. La Constitución debe tener cambios parciales porque solo así puede haber un debate racional. Pongamos como ejemplo que se quiere someter a referéndum si el aborto debe ser legal, y se escuchan los argumentos de las partes a favor y en contra. Pero, si en el mismo referéndum para votar si el aborto debe ser legal, también se incluye la reforma del sistema de pensiones y si se debería establecer un sistema federalista en el Perú, ¿cómo vas a votar? Se complica la consulta.
En una situación muy parecida al referéndum que impulsó Vizcarra en 2018 y que sirvió para arrinconar al Congreso que le era opositor.
Exactamente. Juntando varios temas, que no tienen nada que ver, se impide que haya un debate racional de fondo. Todo lo contrario, se desata un intercambio de opiniones dispersos y problemático. Ahora, en una Asamblea Constituyente esta problemática se vuelve extrema, porque se discuten cientos de temas.
El primer gabinete nombrado por Castillo ha desatado una confrontación política en el Perú debido a las personalidades que lo conforman, incluso tuvo que renunciar el canciller Béjar por sus polémicas declaraciones sobre el terrorismo y el papel de las Fuerzas Armadas durante la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA. Guido Bellido, el premier, también tiene una posición similar. ¿Crees que el Congreso debería darle la confianza al gabinete este 26 de agosto?
Yo confieso que he tenido dudas, porque este gabinete está conformado por ministros que notoriamente no están preparados para desempeñar un cargo de esta responsabilidad en el Estado, y además por personas que tienen nexos con organismos fachadas de Sendero Luminoso. No obstante, debemos tener en cuenta que la Constitución contiene una bomba de tiempo que es la posibilidad que tiene el presidente de la República de disolver el Congreso si se le niega dos veces el voto de confianza. La estrategia del Poder Ejecutivo consiste en provocar al Congreso haciendo nombramientos inaceptables o proponiendo cosas inauditas para que este les niegue la confianza y puedan forzar una situación donde se disuelva el Parlamento y Pedro Castillo pueda gobernar por decreto. Cuando se disuelve el Congreso, la Constitución establece que solo se pueden emitir decretos de urgencia para resolver, valga la redundancia, situaciones urgentes, como sería el caso de la crisis sanitaria por el covid-19 o un desastre natural. Cuando el señor Martín Vizcarra disolvió el Congreso en 2019, desde mi punto de vista inconstitucionalmente, en ese espacio de tiempo se generó un precedente absolutamente nefasto, porque el expresidente se puso a legislar por decreto, concentrando en sus manos los poderes del Ejecutivo y el Legislativo y gobernando prácticamente como un dictador. Muchos de estos decretos que emitió no eran de urgencia, eran decretos ley, y Vizcarra gobernó como un autócrata. Pedro Castillo podría disolver el Congreso y comportarse similarmente, y en vez de llamar elecciones para un nuevo Congreso, las llamaría para una Asamblea Constituyente. El Congreso no debe caer en estas provocaciones, “pisar el palito”, debe otorgarle la confianza al gabinete, y al mismo tiempo interpelar y censurar individualmente a aquellos ministros que no son idóneos para cumplir el cargo en el que han sido nombrados.
Así como ocurrió con las marchas autotituladas “Respeta mi voto”, que denunciaban las presuntas irregularidades en la segunda vuelta electoral, la izquierda también viene atacando tu iniciativa, asegurando que su objetivo es debilitar al gobierno, incluso calificándolos de golpistas. ¿Cómo recibes este tipo de afrentas?
Nosotros lo que estamos haciendo es hacer oposición a este gobierno, y hacer oposición es algo democrático. En un país democrático convive el gobierno y la oposición, el problema es que, en el Perú, hay algunas personas, particularmente desde la izquierda, que no tienen valores democráticos. La izquierda, cuando ve oposición política, la tilda de obstruccionista o de golpista, y eso revela su nula convicción democrática, porque en una democracia, el gobierno no tiene carta blanca para hacer cualquier cosa, el gobierno está expuesto a la crítica y oposición democrática. Entrar con un tanque a Palacio de Gobierno y arrestar a los ministros y al presidente es un golpe de estado, salir a marchar, organizar plantones, protestas ciudadanas, no es golpismo. Lo que sí sería golpismo es instalar una Asamblea Constituyente pasando por encima del Congreso, como pretenden el señor Castillo y el señor Cerrón.
El objetivo de la izquierda peruana de convocar una Asamblea Constituyente no es un proyecto reciente, era una insistencia de los últimos dos lustros, y si bien parecía imposible que esto suceda, nunca han tenido mejor chance que con la victoria de Pedro Castillo en las elecciones. Esto evidenciaría que la izquierda está mejor organizada que la derecha, que se dividió entre tres candidatos favoritos, y no puede ponerse de acuerdo para hacerle frente a toda esta maquinaria.
La izquierda tiene una formación política mucho más consistente que la derecha, no solo en el Perú, en toda América Latina. Tienen una devoción por el trabajo político, sacrifican horas, discuten, debaten. Hay que reconocer la enorme dedicación que la izquierda le pone a defender sus causas. Además, la izquierda en el Perú goza de una posición absolutamente hegemónica. Ellos manejan los discursos de corrección política, ellos manejan los aparatos educativos, formando en su ideario a los peruanos tanto en universidades públicas como privadas, incluso desde el colegio. Tienen una posición predominante en la academia y en los medios. Incluso los empresarios defienden causas de izquierda para no quedar mal ante una audiencia formada en estos principios. La izquierda está mucho mejor organizada que la derecha, le llevan años de trabajo en adelante. Disponen de mayores recursos económicos y humanos que la derecha, son muy superiores en absolutamente todo. Esa es la realidad. Lo que me resulta interesante, y a la vez esperanzador, es que la derecha liberal y conservadora en el Perú se está volviendo capaz de movilizarse con pocos recursos. Los peruanos comprometidos a defender el estado de derecho y la economía de libre mercado disponen de pocos recursos, pero están saliendo a la calle a manifestarse en contra de este gobierno que quiere desmantelar nuestras instituciones.
