La Procuraduría General de Colombia ha enviado este viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -el cuestionado tribunal especial que gestiona el proceso de paz iniciado en 20216- un informe en el que se asegura que el grupo terrorista FARC llevó a cabo de manera sistemática el reclutamiento forzoso de menores de edad.
El mismo documento, la Procuraduría también sostiene que la guerrilla se habría servido del narcotráfico para sufragar el terrorismo, así como otra serie de delitos, como forzar a las mujeres a abortar ante la imposibilidad de tener hijos mientras durase su participación en el conflicto.
El texto ha sido elaborado tras analizar algunas de las versiones voluntarias que han presentado antiguos integrantes de la guerrilla, dentro del caso 04, una de las investigaciones que lleva a cabo la JEP y en la que se encuadra la violencia desatada durante el conflicto armado en la región de Urabá.
Según esas declaraciones, la Procuraduría ha señalado que la guerrilla se habría beneficiado del narcotráfico, particularmente con el cultivo de la hoja coca, con la que «se formó una poderosa forma de economía ilícita (…) para financiar sus actividades bélicas». Entre los episodios relatados se sustrae que dentro de los estatutos de la guerrilla estaba prohibido tener hijos, por lo que «no podría entenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran forzados«.
La sistemática y generalizada actividad guerrillera en la región de Urabá, cuentan estas fuentes, provocó el «desplazamiento forzado de comunidades» enteras, en especial aquellas ubicadas territorios como Curvaradó, Jiguamiandó, y Mancilla, entre otros.
La Procuraduría ha pedido a la JEP que analice las violaciones que la guerrilla habría cometido sobre el Derecho Internacional Humanitario al usar métodos y medios de guerra expresamente prohibidos, como sistemas de explosivos «caracterizados por su falta de precisión», los cuales producen daños colaterales muy graves a la población civil.
Por último, el Ministerio Público demanda a los herederos políticos de la guerrilla que «pidan perdón a la sociedad civil colombiana y al mundo entero por el centenar de niños que reclutaron para la guerra, incluyéndose ellos mismos en un acto de sincero arrepentimiento».
