Bolivia terminó con la República, la separación y equilibrio de poderes y el Estado de Derecho, en cuanto promulgó la Constitución Plurinacional en 2009. A partir de ese momento, el Movimiento al Socialismo (MAS) se abalanzó sobre el Poder Judicial a vista y paciencia del propio país, pero también de la Comunidad Internacional.
Incluso en 2017 el país llevó adelante elecciones para nombrar magistrados. Allí se observó un escandaloso ausentismo en protesta de las desvergonzadas manipulaciones a las que el MAS tiene acostumbrado al conjunto de la ciudadanía.
De manera más reciente, y dadas las pretensiones del régimen de Arce por borrar de la historia nacional el monumental fraude perpetrado por el líder cocalero Evo Morales a finales de 2019, el país ha sido testigo de la intervención y manipulación de la justicia a todo nivel.
Por ejemplo, se han detenido policías y militares de alto nivel que solamente han develado las pugnas internas entre distintos bandos del narcotráfico sobre el que muchos piensan sin temor a equivocaciones, que tienen involucrada a la más alta cúpula del partido en el poder. También se ha visto una serie de denuncias contra jueces que recibieron sobornos para la liberación de delincuentes y criminales, tanto comunes como el de Gabriela Zapata Montaño, ex amante del cocalero Morales, y acusada por tráfico de multimillonaria influencias en el “caso Camce”.
Ante tal cantidad de casos escandalosos e inocultables de intervención del régimen del MAS sobre el sistema judicial, tanto recientes como aquellos que datan desde que el narcosocialismo tomó el poder en 2006, invitan a Diego García-Sayán -relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU)-, para que revise el estado de la justicia en el país.
Durante los 7 días que estuvo por Bolivia, y luego de haber sostenido audiencias con actores tanto de la sociedad civil como con políticos de la oposición, García-Sayán apenas ha dejado frases tan ambiguas como: “la justicia está lejos de la gente”, “no he visto perseguidos políticos”, o apenas se ha pronunciado sobre el hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles del país, que no es novedad alguna ni mucho menos el problema más grave de Bolivia.
Pero lo más relevante de la visita del relator se deja ver en el informe preliminar de 9 puntos y 7 páginas que ha elaborado sobre el final de su estadía (la versión final del informe será entregada en junio). En este documento se habla de la necesidad de un acuerdo nacional para reformar el sistema judicial de Bolivia, pero no se atreve a mencionar con claridad cuáles son exactamente las causas del deterioro de la justicia.
Sin embargo, lo más importante de este informe es justamente lo que deliberadamente omite. Como ya se ha afirmado en otras oportunidades, probablemente lo peor de todo el escándalo que rodea a la manera en que el MAS ha pretendido ejercer y mantenerse en el poder, es la detención ilegal de la expresidenta Jeanine Áñez por el supuesto golpe de Estado que habría sufrido Morales en 2019.
El de Áñez es, sin duda alguna, el caso emblemático de una justicia sometida al narcosocialismo del MAS. La ex mandataria lleva más de dos semanas de huelga de hambre en protesta por su detención preventiva ilegal de un año sin prueba alguna en su contra, pero el relator de la ONU no se ha pronunciado sobre su caso en específico. Solamente apuntó que “se debe combatir el exceso de prisión preventiva”.
Por si fuera poco, y para que que García-Sayán quede todavía mejor retratado, la detención preventiva de la expresidenta Áñez fue extendida por tres meses más. Es decir, si Diego García-Sayán, relator de la ONU, no va a pronunciarse siquiera sobre el escandaloso e indignante caso de Jeanine Áñez, es mejor que guarde silencio.
Además, en la conferencia de prensa que ofreció para presentar su informe preliminar, el relator de la ONU recibió preguntas sobre por qué no menciona a las víctimas de los últimos días en que Morales todavía era presidente, o cuando se descubrió una grabación telefónica en la que se escucha al cocalero enviando instrucciones a los cocaleros desde su refugio en México, para que bloquearan el paso de alimentos a las ciudades, pero se limitó a decir que habían muchos hechos que todavía necesitan de mayor investigación.
Es que García-Sayán incluso se ha atrevido a afirmar que no ha visto persecución política alguna en el país, con las siguientes palabras: “Se ha hablado de persecución política. Yo no he tenido entrevistas con alguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política, si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no podría responder con conocimiento de causa”.
Lo que explica este ambiguo -cuando no mezquino e incluso cómplice- comportamiento del relator, es que, en primer lugar, ha sido invitado por el propio régimen del MAS para lavarle la cara, y frivolizar hechos de injusticia muy graves en el país. El relator vino a no decir nada sobre los problemas más graves de la justicia en Bolivia, asunto que le es más que suficiente al régimen de Luis Arce Catacora.
Es cierto que los elementos para hacerse grandes expectativas sobre un invitado del régimen para que observará la situación de la justicia nunca fueron abundantes. Sin embargo, llama la atención que un representante de la ONU y un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se supone suficientemente capaz para definir asuntos que le competen a nivel internacional, se pronuncie de tan ambigua y tangencial manera sobre el estado de la justicia en un país donde la institucionalidad se encuentra en estado comatoso, y que su solución empieza primero por el planteamiento de un diagnóstico claro y contundente sobre sus causas, que por cierto no apuntan en ningún otro sentido que no sea el propio nacimiento del Estado Plurinacional y el avance sin precedentes del narcosocialismo en el país desde hace ya 16 años.
