Ecuador es uno de los países con mayor índice de vacunación. El presidente Guillermo Lasso prometió vacunar a más de la mitad de la población en los primeros 100 días de su gobierno y cumplió. Por voluntad, cerca del 80 % del país se vacunó. No obstante, hay una minoría que todavía resiste y la población indígena rural se destaca entre ellos.
Pese a la vacunación voluntaria fue masiva, a finales del 2021 el COE nacional (Centro de Operaciones de Emergencia), en colaboración con el Ministerio de Salud, limitó las libertades civiles de los ciudadanos e impuso el requisito de demostrar la vacunación para ingresar a lugares públicos y privados para así lograr cifras de vacunación aún mayores.
La imposición es lo que genera resistencia
En el campo lograron la reacción contraria. Mientras mayor fue la obligatoriedad menor fue la adhesión. Los no vacunados alcanzan el 30% de la población rural del país, sobre todo en la parte andina y amazónica.
Durante un panel sobre la moralidad de la obligatoriedad, en el programa del comentarista político ecuatoriano Carlos Vera, el psicólogo clínico Boris Ledesma explicó que «la imposición es lo que genera resistencia».
Además, la población campesina teme las posibles secuelas para su salud. Luego de meses de considerarse tabú el impacto de la vacuna en el ciclo menstrual por temor a ser señaladas como “antivacunas” cada vez más mujeres visibilizaron sus casos. Además de la incidencia de abortos no inducidos. Al respecto, la revista Evie denuncia que Twitter retiró sus artículos sobre el tema; alegando que “las vacunas son seguras”.
En nombre de la “seguridad” las redes sociales, en connivencia con las big tech, censuran cualquier información crítica. Esto, en lugar de promover la vacuna, aumenta la resistencia.
Por último, la población indígena y campesina se muestra reticente a la vacuna, al punto que opta por un sistema de salud más natural, incluido el uso de plantas medicinales. El fenómeno se repite en el Perú, donde la población indígena campesina es la que menos se vacuna.
“Los indígenas del Perú se resisten a la vacuna”, reporta DW. Así mismo, EFE destaca que los pueblos originarios amazónicos del Perú se resisten a recibir vacunas contra la covid-19 y se amparan en la medicina ancestral ante la incapacidad del Estado.
La tendencia se ve a lo largo del continente, incluso llegando hasta Canadá. Cuando en Toronto lograron el 84 % de vacunación con dos dosis en la población general, la cifra de los indígenas vacunados en la región era de apenas el 55 % (en noviembre del 2021).
Desconfianza y hospitales ‘mal equipados’ se destacaron entre las razones por la cual alrededor de la mitad de la población indígena de Toronto se negó a vacunarse. De hecho, contrario al relato de los medios masivos de tendencia progresista que tildó a las manifestaciones de camioneros como supremacistas raciales, el los indígenas de Canadá (al igual que migrantes de la India, desde cristianos hasta sikhs) se destacaron por su participación.
Sonaban los tambores artesanales en las calles de Ottawa, al igual que las quejas de mujeres indígenas que lamentaban cómo ante la falta de vacuna no les permitían acceso a la sanidad pública. También se quejaron porque la vacunación obligatoria les alejó de sus familias, ya que muchos migraron a EE.UU. y ante la incapacidad de entrar a Canadá sin vacunarse, quedaron separados.
Aunque el bajo índice de vacunación ha tenido visibilidad en los medios masivos, ha sido como algo negativo; no destacando el por qué de la reticencia (histórica ni actual) a la intromisión del Estado en las comunidades. Contrario al relato progresista, esta narrativa no “respeta su cultura” sino que lamenta la falta de intromisión del Estado y llama a promover campañas para alentar la vacunación.
