El socialismo en la historia se ha caracterizado por su carácter internacionalista, por su aversión a los nacionalismos y al patriotismo. Su odio de clases –expresado en la revolución proletaria– aspira siempre a implantarse en simultáneo en todo el mundo para derrocar al capitalismo. Su globalismo los delata.
Cuando se apoyan entre sí, los marxistas no parecen escatimar en la comisión de actos ilícitos. No les remuerde tomar del dinero de los impuestos pagado por los españoles, para promover a sus fichas en otros países.
Uno de los más recientes ejemplos de esa interesada fraternidad de izquierdas es el presunto financiamiento de Podemos –ese partido suscrito al Grupo de Puebla– a Morena –el engendro afiliado al Foro de Sao Paolo que está destruyendo a México–.
¿A los españoles les complacería saber que el dinero de sus familias puede haber terminado en manos de un partido izquierdoso mexicano?
No parece casual que el vicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, y Mario Delgado, el nuevo líder nacional de Morena, se reunieran diez días antes de que El Confidencial sacara a la luz sus jugadas. Ya la veían venir.
Presumo que se pusieron de acuerdo en cómo intentarían tapar este asunto investigado desde julio por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla.
Se trata de la posible comisión de dos delitos: fraude electoral y falsedad en documento mercantil.
Varios personajes de la cúpula de Podemos imputados por el caso se lavaron las manos culpando a la empresa Neurona, pero Iglesias no es tan inocente en relación con el dinero que ha recibido para expandir su socialismo. En 2008 el gobierno de Hugo Chávez le envió siete millones de dólares, a través del entonces ministro de finanzas, Rafael Isea.
Iglesias ha apoyado siempre a AMLO. Ni la mano esconde. A unos días de las elecciones presidenciales, el 29 de junio de 2018, tuiteó:
Lo único que nos faltaba es que un partido –o hasta un gobierno extranjero–, inyecte recursos a la “Cuarta Transformación” (4T).
En México la oposición se empieza a movilizar.
Marko Cortés, el líder del Partido Acción Nacional, de México, dijo este martes 24 que pedirá al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), que se investiguen estos hechos.
Según Cortés, hay evidencias de financiamientos ilegales, pues no se entiende cómo el INE no se ha percatado de nada irregular pero las autoridades de España sí.
Podemos presuntamente desvió a Morena €308,254 de dinero público que debían destinarse a cubrir gastos en las elecciones generales españolas de abril de 2019.
Los envió a empresarios que Morena ha contratado para marketing digital (Neurona) y para lo cual se habría valido de contratos falsos y testaferros.
Neurona es una empresa abierta en España poco tiempo antes de las elecciones de abril. La compañía recibió fondos por €425,443 de Podemos y de Izquierda Unida –que jugaron juntos bajo el nombre de “Unidas Podemos”– por supuestos servicios de comunicación.
La firma que aparece en los contratos con Neurona de parte de Podemos es la de Juanma del Olmo, el secretario de Comunicación, quien también es director de Estrategia y Comunicación en la Vicepresidencia Segunda de Iglesias.
De los €425,443 depositados en las cuentas de Neurona, una parte –€308,254–, fueron de inmediato transferidos a Creative Advice Interactive, empresa con domicilio fiscal en México.
Dependiendo de la forma en que resuelva este caso, el INE podrá demostrar si sigue siendo una institución democrática, o si ya fue cooptada por los caprichos de la 4T y se cruza de brazos.
Tampoco se puede recibir dinero del extranjero. Lo prohíbe la Constitución mexicana en el legendario artículo 33: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
Aún más grave sería que ese dinero del extranjero provenga de un gobierno, ya que Podemos ha formado gobiernos en municipalidades españolas, al menos desde 2014.
La Ley General de partidos políticos, artículo 25, los obliga a rechazar apoyos económicos, políticos y propagandísticos del extranjero.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 451, señala como infracción toda conducta que viole el artículo 33 constitucional y el Reglamento de fiscalización del INE marca que los partidos están obligados a rechazar aportaciones de personas físicas o morales extranjeras.
Con la reforma electoral hecha durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el INE quedó facultado para fiscalizar los recursos de los partidos nacionales o locales, y de los candidatos. Lo hace a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y con un sistema (SNIF) al que los partidos suben todos sus ingresos.
¿Cómo estos hechos no habían sido detectados por el INE o por la FEPADE? Este instituto no audita el 100% de las aportaciones, sino de forma aleatoria, pero hoy –ante la denuncia– debe investigar y llegar a fondo, igual que la Fepade.
La severidad de las sanciones es grande. El INE impondría a Morena una multa millonaria. Además la FEPADE podría llevar a la cárcel a las personas físicas involucradas en el caso, tanto de Podemos, como de las empresas y de Morena.
Como en México están en crisis todos los institutos “autónomos” –que agachan la cabeza ante el presidencialismo autoritario– y la división de poderes pende de un alfiler también, no soy optimista en que se castigue a los responsables.
Pero al menos aspiremos a que la oposición se una en torno a esta demanda.
Ya fue mucho con el socialismo de la 4T (ahora internacionalista).
Como bien dijo E.M. Ciorán: “Podemos imaginarlo todo, predecirlo todo, salvo hasta dónde podemos hundirnos”.