El pedido que los representantes de las rondas urbanas han hecho al presidente proclamado Pedro Castillo para ser incluidas y reconocidas por ley en la lucha contra la delincuencia en Lima Metropolitana, ha despertado el temor de los especialistas en seguridad ciudadana, que advierten que su empleo sería con propósito político y no para colaborar con la Policía Nacional del Perú (PNP).
En declaraciones a la prensa, el dirigente Luis Bocanegra aseguró que presentaron a Castillo un proyecto de ley que permite la inclusión de su organización en la lucha contra la inseguridad ciudadana porque no pueden “administrar justicia” ni tomar acciones contra la delincuencia en algunas zonas porque no están incluidos en la Ley 27908 que reconoce la personalidad jurídica a las rondas campesinas como forma autónoma y democrática de organización comunal.
“Pedimos al profesor Pedro Castillo, como rondero también y como agricultor, incluya a la ley de rondas campesinas para nosotros también ser autónomos y también trabajar en la seguridad ciudadana en la zona urbana”, dijo.
Bocanegra afirmó que el arma que emplean los ronderos, el “chicote”-látigo de tres puntas-, no sería suficiente para hacerle frente a la delincuencia, por lo que se les debería capacitar en el uso de armas de fuego.
“[Se debe hacer] un análisis o estudio para ver cómo preparar a los futuros ronderos en el uso de armamento para poder hacerle frente a la delincuencia. Si bien es cierto las rondas solo utilizan el chicote, pero eso no es suficiente. Se tienen que mejorar las estrategias en el tema de seguridad”, declaró a Exitosa.
A diferencia de las rondas campesinas, que se rigen por el artículo 149 de la Constitución peruana y la Ley de Rondas Campesinas N° 27908, que les permite ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial -siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona-, las rondas urbanas son grupos civiles que se han organizado por sí solos, y para existir tienen que pedir su reconocimiento a las autoridades municipales, quienes se lo otorgan con el propósito de que estos puedan coadyuvar con la seguridad ciudadana, como ocurre en la ciudad de Cajamarca, en la sierra norte del Perú.
En 2014, los ronderos del Comité Descentralizado de Rondas Urbanas de Cajamarca levantaron polémica tras protagonizar una violenta incursión contra un local nocturno en esa localidad, castigando con azotes a las mujeres que ejercían la prostitución, meseros, parroquianos y personal de seguridad.
“¿A usted le gustaría que sus hijos vean mujeres desnudas cuando salen de sus casas? Eso está muy mal”, dijo entonces el dirigente responsable del ataque, Fernando Chuquilín, quien terminó sentenciado a dos años de pena condicional y al pago de 6 mil soles (1300 euros) tras ser denunciado por el personal agraviado. El año pasado, el Ministerio Publicó solicitó 20 años de prisión para Chuquilín y otros cuatro ronderos por coautoría de secuestro agravado en contra de un presunto estafador, que estuvo retenido en una base de ronderos por 14 días.
Milicias paralelas al Ejército y Policía
Las rondas campesinas son patrullas rurales que se organizaron inicialmente para impedir los robos de ganado, pero también contribuyeron a la guerra contra el terrorismo (1980-2000) ayudando a las Fuerzas Armadas en su combate a las hordas marxistas-leninistas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que desangraron el país.
Aunque han demostrado lealtad a Castillo durante la primera y segunda vuelta electoral, e incluso se han movilizado a Lima para expresarle su apoyo, para el coronel (r) del Ejército del Perú, Juan Carlos Liendo, especialista en seguridad nacional, inteligencia y política internacional, las rondas campesinas no están identificadas alrededor de una ideología política particular, y su aval al candidato de Perú Libre tiene que ver más con la identificación que les provoca el perfil de este: origen campesino y propuestas antisistema o de reivindicación social.
“No es posible identificar a las rondas campesinas alrededor de un componente político o ideológico. La existencia de las rondas campesinas, así como de los comités de autodefensa en la sierra centro, sierra sur y ceja de selva, se basa en la organización de la seguridad de sus localidades. Las rondas campesinas son organizaciones autónomas de la sierra norte peruana que se crearon en los años sesenta del siglo pasado para combatir a los abigeos. Se activaban para perseguir a los ladrones de ganado y recuperar sus animales. Así fue como se iniciaron. Posteriormente, las rondas fueron organizadas por el Ejército dentro de la estrategia contraterrorista para contribuir al esfuerzo de lucha, como milicias populares. Las rondas campesinas tienen un significativo peso en la balanza socio política en las zonas donde siguen actuando, zonas alejadas con reducida o casi nula presencia del Estado. Durante el proceso de la guerra contra el terrorismo, las rondas asumieron funciones de seguridad ciudadana local, y hasta pasan a administrar justicia local, y para ello se les da estatus y reconocimiento legal del Estado desde el año 2003. Hoy, ante la continuidad del abandono del Estado en esas zonas lejanas, las rondas son la autoridad, podríamos llamarles, de seguridad política local, e incluso tienen prácticas de sanción contra autoridades políticas a las que consideran corruptas. No necesariamente imparten justicia aplicando el sistema de leyes peruanas, sino aplicando justicia con ‘sentido común’. Han desarrollado una autonomía significativa con respectiva al Estado, por abandono de este”, explica.
No obstante, debido al comportamiento hostil de estos grupos, muchos temen que las rondas campesinas y urbanas se conviertan en una “fuerza de choque” o grupo paramilitar al servicio de Perú Libre, similar a los Ponchos Rojos en Bolivia y a las Milicias Bolivarianas en Venezuela. Recientemente, y en medio de las protestas que la oposición organiza en rechazo a la victoria comunista en las Elecciones Generales 2021, un hombre identificado como Richard Muro Macedo, de 57 años, fue brutalmente golpeado con palos y látigos por presuntos simpatizantes de Pedro Castillo, los cuales estaban vestidos con ponchos y sombreros, atuendo típico de los ronderos.
“En los años 60 del siglo pasado hubo dos formas o escuelas para enfrentar al terrorismo y las guerrillas. La francesa, en Argelia, exitosa en sus resultados militares, pero no políticamente, y la fórmula británica en Malasia, que no era solamente militar, sino que armaba a la población leal contra los guerrilleros. En el Perú, a principios de los años 90, se debatió dentro de las Fuerzas Armadas si era necesario armar al campesinado para sumarlos a la lucha contrasubversiva. El presidente Fujimori y su Estado Mayor decidieron armar al campesinado con escopetas de retrocarga, no con armas de guerra. Así se transforman las rondas campesinas en una especie de milicia rural que colaboraba con el Ejército, y era un retén mientras este llegaba a la zona de emergencia, en la lucha contra Sendero Luminoso. Cuando Pedro Castillo habla de revitalizar las rondas campesinas y crear las rondas urbanas, está disfrazando esta experiencia para vender gato por liebre. ¿Qué liebre quiere vendernos? Un símil de las Milicias Bolivarianas. Las Milicias Bolivarianas en Venezuela cuentan con un millón de miembros, tienen armas de guerra y vehículos blindados. El planteamiento de Pedro Castillo ha sido que las rondas campesinas y las rondas urbanas, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y Policía, van a garantizar la seguridad de la población peruana frente a la amenaza de la delincuencia. Lo que en realidad está planteando es la creación de una milicia al servicio del socialismo del siglo XXI en el Perú. Lo que él está haciendo es presentar una fórmula que suena familiar, porque es histórica y es reconocida y valorada por una cantidad de peruanos, para construir algo completamente nuevo, una milicia urbana y rural paralela al Ejército. Exactamente como hizo el chavismo en Venezuela”, asegura Francisco Tudela, exministro de Relaciones Exteriores y exvicepresidente del Perú.
Para el coronel (r) de la PNP, Juan José Santivañez, especialista en seguridad ciudadana y lucha contrasubversiva, el propósito de querer emplear a las rondas urbanas en la lucha contra la criminalidad dentro de las ciudades es un riesgo, pues el objetivo político no sería otro que establecer una suerte de milicia particular para el control social. Además, la experiencia del uso de las mismas en ciudades como Cajamarca, donde han cometido excesos y abusos contra la población, ponen en peligro los derechos individuales de los peruanos.
“Lo que se quiere hacer con esta propuesta es poner por encima de las funciones que realizan las juntas vecinales, establecidas por ley, a las rondas urbanas, cuyo propósito fundamental no sería la lucha contra la inseguridad como aseguran sus promotores, sino que hay detrás un elemento preocupante, un posible uso político, y estas podrían ser empleadas para mantener el control social de la ciudadanía. Es un desconocimiento completo el tratar de proponer este tipo de relación, cuando la ley establece para los casos de seguridad ciudadana el uso de las juntas vecinales a cargo de la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú tiene instituciones establecidas para la lucha contra la criminalidad que no pueden asumir ni las juntas vecinales ni mucho menos las rondas campesinas. Un representante de las rondas campesinas indicó recientemente en medios de comunicación que tenían diez mil efectivos en la ciudad de Lima, como para entrar a tallar en la problemática de la inseguridad ciudadana. Eso nos indica que el propósito sería tratar de armar o buscar la manera de autorizar el uso de armas a las rondas, cuando ese no es su propósito. Las rondas campesinas, como forma autónoma y democrática de organización comunal, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación, seguridad y paz comunal dentro de su ámbito territorial. Las rondas urbanas como tal no tienen reconocimiento jurídico. Los grupos de civiles que han sido empleados en Cajamarca como rondas urbanas han estado cometiendo una serie de excesos y abusos contra los derechos individuales, excesos y abusos que han terminado siendo denunciados por la Defensoría del Pueblo e investigados por el Ministerio Público. Ahí tenemos un claro ejemplo de la problemática que va a presentarse si es que indebidamente se pretende acondicionar este grupo”, advierte.
