El pasado miércoles 23 de junio, a instancias de la Comisión de la Verdad que preside el sacerdote jesuita Francisco de Roux, se llevó a cabo el esperado encuentro entre las víctimas del secuestro por parte de las FARC y sus victimarios, hoy con representación en el Congreso y otros miles aún activos en las llamadas “disidencias”, que mantienen su accionar terrorista. A principios de este año, los otrora integrantes del “secretariado”, máximo órgano de dirección de esa guerrilla, reconocieron su responsabilidad en miles de secuestros en lo que va del conflicto.
Las expresiones de dolor y de rabia fueron evidentes. Rodrigo Londoño, máximo jefe de esa guerrilla hasta la desmovilización de quienes optaron por regresar a la legalidad, quien solía tener el alias de “Timochenko”, expresó que “A quienes nunca regresaron y a sus familias les suplicamos perdón. También a la sociedad colombiana”. Sin embargo, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada entre 2002 y 2008, fue muy clara al expresar su malestar y confesó que le sorprendía que “nosotros de este lado estamos llorando, y que del otro lado no haya salido una sola lágrima”.
Más allá del tema emocional que genera un encuentro como este, lo cierto es que, hasta el 31 de diciembre de 2020, el gobierno nacional había logrado recaudar apenas 50 mil millones de pesos colombianos (cerca de 11 millones de euros) para la reparación de las víctimas de las FARC. Esto parece un mal chiste, pues la relación de esa guerrilla con el narcotráfico es evidente.
Muchos han llegado incluso a considerarla como uno de los carteles más grandes del mundo, sin contar la expropiación de tierras, los ingresos por rescates que cobraron a las víctimas del secuestro, o las miles de extorsiones, que llegaron a incluir el famoso “impuesto a los ricos” que anunció Jorge Briceño, el “mono jojoy”, en el año 2000, cuando esa guerrilla estaba inmersa en un proceso de paz con el entonces gobierno del presidente Andrés Pastrana, que incluyó la desmilitarización de 42 mil kilómetros cuadrados y que fracasó definitivamente en febrero de 2002.
El acuerdo con las FARC se sometió a plebiscito en octubre de 2016 y, en contra de la presión del gobierno y los billones que se gastaron en promoverlo, incluso obligando a los medios a emitir la propaganda oficial al respecto; fue derrotado en las urnas. A pesar del gesto de quienes lideraron la campaña del NO, por lograr un acuerdo diferente, que incluyera varios ajustes que reclamaban la mayoría de los colombianos después del resultado; el entonces presidente Santos lo hizo aprobar por el Congreso de la República y desde ese momento la legitimidad de este ha sido cuestionada por quienes, además, en 2018 ganaron en las elecciones presidenciales.
Fruto de ese malogrado acuerdo existe hoy la Comisión de la Verdad, que promueve encuentros entre víctimas y victimarios en medio de uno de los peores paros nacionales que haya enfrentado Colombia y que en la noche de ese mismo miércoles 23 de junio se volvió a salir de control, promoviendo protestas que terminaron en violencia en diferentes ciudades de Colombia, especialmente en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, y Bogotá. Además, en la madrugada del jueves 24 de junio amanecía asaltado e incendiado el peaje de los Llanos de Cuivá, en Yarumal, Antioquia, paso obligado en la vía que de Medellín, segunda ciudad del país, conduce a la costa Atlántica.
La violencia como medio para lograr incidir en las decisiones que se toman en Colombia parece haberse institucionalizado. Hoy, la presencia de las FARC en el Congreso y el accionar de sus disidencias, está acompañada de cifras históricas de producción de cocaína, bloqueos y acciones violentas en toda la geografía nacional y un Estado que aún no logra recuperar el control y garantizar el orden público y la seguridad.
Se anuncian nuevas movilizaciones, nuevas candidaturas presidenciales, nuevos y más amplios programas sociales; pero lo cierto es que mientras el gobierno no logre cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, Colombia seguirá en este espiral de violencia e inestabilidad, por más de que las víctimas se reúnan con sus victimarios. Es lo que pasa cuando no hay justicia, porque no hay orden.
