Andrés Manuel López Obrador se sitúa por encima de la división constitucional de los poderes de la Unión Mexicana, asumiendo que su investidura le permite intervenir en casos juzgados, desde el poder ejecutivo, sin guardar distancia con la actuación del poder judicial, un poder distinto al que él representa.
Ahora el presidente socialista le ofrece a Mario Aburto Martínez –quien está internado en el penal federal de Guanajuato- escucharlo para que cuente su propia versión, y darle protección a él y a su familia.
Aburto ha sido juzgado por el homicidio del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, durante un acto de su campaña en un barrio de escasos recursos llamado Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California (al norte de México), el 23 de marzo de 1994. Se trata del asesinato político de mayor impacto en la historia del México contemporáneo.
López Obrador dijo que: “Si la familia de Mario Aburto y él mismo, tienen algo qué decir, sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, y si él puede expresar, probar que fue torturado, que fue amenazado, y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería. Porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio”.
Y añadió el tabasqueño:
“Fue una vileza lo que le hicieron (a Colosio). Entonces sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado. Si él (Aburto) estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él y a su familia, si tiene algo que aportar. Ahora, si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos y eso es un compromiso”.
Dicho de otra manera, López Obrador interpreta como un acto de “justicia” que el poder ejecutivo intervenga en un caso juzgado para reinterpretar el pasado a conveniencia del preso (y quizá del gobierno) y darle protección a Aburto sólo si tiene algo distinto que decir a lo asentado en las actas oficiales del caso.
Si no, si Aburto no tiene algo distinto qué relatar, entonces quizá no habría razones para que el Estado haga algo por él. Y además, el preso se ve obligado a aportar pruebas de que ha sido torturado, para poder contar con la protección del Estado y que no se siguieran violando sus derechos humanos.
La oferta de López Obrador a Aburto se da luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –institución con agenda progresista y con gran cercanía política al tabasqueño- emitiera una recomendación en la que reconocía que Aburto ha sufrido serias violaciones a sus derechos humanos, afectándose su integridad personal por torturas y por haber sido incomunicado, así como también por haberse registrado irregularidades en su debido proceso.
Ante el escándalo que significaría aceptar que Aburto está incomunicado y que se han violado sus derechos humanos, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, salió a asegurar que “definitivamente, Mario Aburto no está incomunicado… absolutamente está en buen estado de salud y en esta administración no ha tenido falta de respeto a sus derechos humanos; hasta tiene oportunidad de comunicarse con su familia”, dijo.
La “protección” que ofrece López a Aburto no parece ser confiable, a la luz de todos los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos que han ocurrido durante su gobierno. Hasta julio de 2021, 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados, según informes oficiales de la Secretaría de Gobernación. De esos números, 7 periodistas y 2 defensores de DDHH eran beneficiarios del mecanismo de protección. A la luz de tales hechos, Aburto podría tener sus reservas.
El periodista Sergio Sarmiento, habitual crítico del gobierno, posteó que no es que Aburto haya guardado silencio alguno: “Pide AMLO a Aburto que explique por qué ´ha guardado silencio´ sobre el asesinato de Colosio. Quizá debería leer los 179 tomos de investigación con 1,933 declaraciones, incluidas las de Aburto, que dejó Luis Raúl González Pérez cuando fue fiscal especial del caso”.
Martín Moreno, periodista, no parece nada errado cuando postea: “¿Cuál es el fondo político del inesperado y sospechoso interés de AMLO en Caso #Colosio? Sencillo: convertir a Aburto en testigo colaborador, que denuncie a (Carlos) Salinas y compañía, y así tener más combustible para el discurso presidencial vs el pasado. No es justicia. Es propaganda”.
