La Convención Constituyente (CC) chilena lleva dos meses y medio de ejercicio. Para su instalación, la aprobación ciudadana era bastante alta. Según la encuesta Cadem, durante su primera semana tuvo 63 puntos de “mucha o bastante confianza”, versus 36 puntos de “poca o nada confianza”. Sin embargo, en su última edición que sondeó la opinión ciudadana durante la segunda semana de septiembre, la desconfianza a la CC aumentó drásticamente, alcanzando 54 puntos. Por su parte, la encuesta CEP publicada el 15 de septiembre confirmó esta tendencia, otorgándole solo 24 puntos de confianza. Esto se debe, en particular, a los constantes escándalos por parte de la Lista del Pueblo, y en general, a la hegemonía de ultraizquierda en la institución.
La Convención Constituyente es la institucionalización de la revuelta del 18-O. Dicho de otro modo, la violencia e insurrección levantada por distintos colectivos horizontales izquierdistas, lograron empujar la subversión de la institucionalidad chilena, como modificar la Constitución de la República de 1980. Es así como, tras el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019 -firmado por actores de toda la paleta política-, el Gobierno cedió la carta fundamental.
Por ello, en diciembre de 2019 se hizo una reforma constitucional que estableció una serie de reglas que la CC debe seguir. Entre ellas encontramos el mecanismo para elegir la presidencia y la vicepresidencia -la que no se respetó pues se aumentó la vicepresidencia a 7 miembros-; las entregas de asignaciones -las que han sido aumentadas en menos de dos meses de ejercicio-; el procedimiento de reclamos a la Corte Suprema; y definir un reglamento interno que debe seguir el quórum de ⅔ de los convencionales constituyentes en ejercicio, entre otros.
Y justamente, hasta la fecha, los convencionales se han dedicado solo a definir el reglamento, generando nulos avances en la discusión de los artículos de la eventual nueva Constitución. Y en este contexto han aprovechado de pronunciarse en materias que no le competen, ejecutándose como un órgano político más que uno constituyente.
Asimismo, convencionales de las izquierdas han empujado que el quórum de los ⅔ se modifique generado grandes polémicas a nivel interno como externo, siendo castigado por el respaldo ciudadano. Pues, este quórum tiene como intención que se dé un alto respaldo al anteproyecto constitucional y, por ende, que tenga una gran legitimación.
Además, se han desarrollado numerosas rencillas políticas internas de las que, sin duda, destaca la desmoralización y decadencia de la moribunda Lista del Pueblo (LDP). Desde el éxodo de casi su totalidad de sus miembros por malas prácticas; el escándalo de su entonces candidato presidencial, Daniel Ancalao, por falsificación de firmas para su patrocinio; y la farsa del convencional Rodrigo Rojas Vade sobre padecer cáncer, incidieron en que la ciudadanía no tenga tanta confianza en el proceso constituyente.
Si inicialmente había esperanza en las revueltas del 18-O y en su devenir en el órgano constituyente, al ver lo que se ha materializado (fraudes, farsas y extremismo ideológico), es entendible por qué la desconfianza ha aumentado drásticamente.
Según la úĺtima encuesta CEP, la CC está en séptimo lugar de confianza de las instituciones medidas, por debajo de las universidades (47%), radios (38%), Policía De Investigaciones PDI (36%), Fuerzas Armadas (30%), las municipalidades (29%) y Carabineros (26%).
Igualmente, en este mismo sondeo se registró una baja de los encuestados que sostienen que el proceso constituyente podrá mejorar la calidad de vida al 49%.
Esta tendencia evidenciada en las distintas encuestas, devela la desilusión en el actual proceso sociopolítico. Por lo que no es apresurado señalar que el Rechazo en el plebiscito de salida sea mayor al 22% del plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020.
Además, se evidencia que la polarización decantada por el 18-O se ha ido normalizando. El electorado ha vuelto al centro y está prefiriendo los acuerdos entre los distintos sectores políticos, a pesar de que tengan que ceder. Además, la ciudadanía ha vuelto a rechazar la violencia, por lo que el 93% no avala los saqueos y el 94% no aprueba los ataques incendiarios. Por parte del apoyo a las protestas, disminuyó en 16 puntos en comparación con diciembre de 2019.
Estas nuevas narrativas generan nuevos desafíos en la agenda electoral, en especial para las próximas elecciones presidenciales. Tanto Gabriel Boric (Frente Amplio) y Sebastián Sichel (independiente de centro) buscan apuntar justamente hacia el votante mediano y verse como personajes moderados.
En definitiva, el romanticismo revolucionario de las izquierdas ya se desinfló. La ciudadanía está advirtiendo que hay mucho que perder, y las ganancias no están claras. Esto, además se agrava, con la inflación que está sufriendo el país, tema que ha acaparado las portadas de los últimos días.
