Mientras la Administración Biden somete a sus compatriotas a estrictas medidas sanitarias para combatir la supuesta pandemia de covid, llegando al despido de millones de no vacunados, en el país están entrando, por la frontera sur, cientos de miles de ilegales a los que no se les exige la vacunación para ser acogidos, mientras de Afganistán llegan los miles de refugiados que, según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), entran en el país con virus del sarampión, la malaria, la tuberculosis y, naturalmente, SARS-COV2.
El pasado lunes, los CDC anunciaron que miles de afganos que siguen llegando para ser instalados permanentemente por la Administración en territorio norteamericano (preferentemente, en los estados que votaron por Trump) tendrán que vacunarse contra el sarampión, aunque nada se ha dicho del coronavirus.
La medida se ha elaborado después de que estallaran varios brotes de sarampión en una serie de bases militares que acogen temporalmente a los refugiados afganos que ha producido a millares la desastrosa retirada de tropas norteamericanas del país asiático.
Además de sarampión, informan los CDC, algunos afganos han desencadenado brotes de varicela, paperas, tuberculosis, malaria, leishmaniasis, hepatitis A y coronavirus.
Mientras, crece la indignación y la perplejidad entre los ciudadanos ante el hecho de que las draconianas medidas ‘sanitarias’ anunciadas por Biden, que obligan a la vacunación con productos experimentales a grandes capas de la población so pena de perder el medio de vida, no afecten a los inmigrantes ilegales que están cruzando el Río Grande a millares.
Aunque el mandato vacunal anunciado por Biden con una chulería indigna de un mandatario democrático (“se nos está acabando la paciencia”) es el más totalitario y potencialmente dramático hasta la fecha, no es el único. Ciudades y estados están aprobando medidas igualmente restrictivas de vacunación, por no hablar de requisitos de mascarilla y distancia social. Pero nada de esto se aplica a los que entran ilegalmente en el país. Nada, ni vacuna ni siquiera prueba de diagnóstico para los millares que se hacinan en los campamentos improvisados por las autoridades para acogerlos.
La discriminación contra los ciudadanos y a favor de los extranjeros que se saltan la ley para entrar en el país es tan descarada que el periodista de Fox Peter Doocy se atrevió a preguntar a la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, por qué se exigían certificados de vacunación a los extranjeros que llegaban legalmente al país pero no a los ilegales que cruzaban la frontera por las bravas.
No parece una pregunta irrelevante, pero la respuesta de Psaki tuvo el mismo aroma de surrealismo político que tanto abunda en esta Administración: “[Los visitantes] no tienen intención de permanecer en el país durante una larga temporada. No es lo mismo”.
Psaki añadió que la política con los refugiados es someterlos a cuarentena si presentan síntomas de covid, algo que envidiará la ingente legión de ciudadanos ‘asintomáticos’ que no tienen ni que estornudar para ser tratados como apestados en potencia.
