'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
EL GASTO PÚBLICO VA EN AUMENTO

Más gasto y asistencialismo: el último año del Gobierno Duque reforzará sus promesas incumplidas

Foto: EuropaPress
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El proyecto de reforma tributaria que radicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la República, con el fin de recaudar al menos 15,2 billones de pesos (3.300 millones de euros) será insuficiente para cubrir las necesidades que tiene el gobierno nacional, por lo cual algunos analistas y dirigentes gremiales han afirmado que en agosto de 2022 el nuevo gobierno tendrá que presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria. 

De hecho, el marco fiscal de mediano plazo sugiere que con la aprobación de la reforma se cubrirían las dos terceras partes de los recursos que se requieren, quedando pendiente un esfuerzo fiscal cercano al 0,6% del PIB para el próximo periodo presidencial. 

El ministro de hacienda, José Manuel Restrepo, ha expresado su confianza en que el proyecto, llamado de inversión social, sea aprobado antes de terminar el mes de agosto. La comisión tercera del Senado de la República, encargada de los asuntos tributarios, reveló que los coordinadores del proyecto serán los senadores, David Barguil (conservador), Rodrigo Villalba (liberal), Fernando Nicolás Araújo (Centro Democrático – uribismo) y Richard Aguilar (Cambio Radical). Este último anunció su renuncia al Senado después de su captura por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, ocurrida el martes 27 de julio, por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador del departamento de Santander. 

El proyecto viene con mensaje de urgencia por parte del gobierno, por lo cual se tendrá que debatir y someter a votación en dos sesiones en comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, como suele pasar cuando se trata de proyectos que implican mayor recaudo para la siguiente vigencia fiscal. 

De no aprobarse el proyecto como fue presentado por el gobierno, la posibilidad de cubrir los programas sociales se vería seriamente afectada. Hasta el momento no se ven obstáculos para la aprobación, aunque el sector empresarial ha insistido en que no es de ninguna manera un proyecto estructural. También han considerado que el gobierno envían señales negativas para las empresas tras el aumento de la tasa de renta corporativa a 35%, es decir, a niveles superiores a los de 2018, cuando estaba en 34%.

No sobra recordar que Colombia perdió el grado de inversión, pues tanto Standard and Poor’s como Fitch Ratings bajaron la calificación de BBB- a BB+, asunto que el ministerio de hacienda ha tratado de desestimar, alegando que se han hecho todos los esfuerzos que se requieren para sentar las bases y así poder reducir el déficit fiscal, mejorar los ingresos fiscales y controlar la deuda externa. 

Se espera que Colombia termine 2021 con un déficit de 8,6% y 2022 con un déficit de 7%, algo que rompe las expectativas que originalmente se tenían con la ley de regla fiscal, según la cual el déficit habría de estar cercano al 2%. Ahora, se espera que el rango de la deuda externa esté entre el 55 y el 71%, se amplía y extiende la meta de déficit fiscal, con el fin de poder enfrentar la actual crisis de las finanzas públicas.

Lo que queda claro es que la prioridad del Gobierno nacional está en la expansión del gasto público y no en su ajuste; en incrementar los impuestos que pagan las empresas y no las personas naturales; un plan de ajuste a la burocracia y reducción de algunos gastos de funcionamiento que apenas supera el 10% de los recursos que se esperan; y más herramientas para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) persiga a los evasores, grandes y pequeños. Esto en un momento de mucha incertidumbre donde lo que se requiere es promover la inversión, la creación de nuevos puestos de trabajo y recuperar la confianza de los consumidores. 

El Gobierno parece haber cedido a la presión de quienes ven en el Estado, y no en las empresas, la generación de riqueza. Por eso sigue decretando incrementos al salario mínimo, a los salarios de los funcionarios públicos, programas de transferencias a población vulnerable y más impuestos a las fuentes de empleo. 

Con todo y esto, los empresarios colombianos siguen optimistas en poder recuperar una senda de crecimiento y aceptan el proyecto de reforma, pues lo consideran un mal menor frente al paro, los bloqueos y la violencia que se vivió entre abril y julio. Todos reconocen, no obstante, que la reforma tributaria y los ajustes a la abultada burocracia estatal y al desbordado gasto público, siguen pendientes.  

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