A menos de un año de haber ocupado la presidencia del Perú, el comunista Pedro Castillo acumula 2 mociones de vacancia para destituirle del cargo, además de 10 denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones e infracciones a artículos de la Carta Magna.
La denuncia constitucional más reciente, por presunta traición a la patria e infracción constitucional, fue declarada procedente el pasado lunes 28 de febrero por el citado grupo parlamentario. Los parlamentarios Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) asumieron como propia la acusación con la finalidad de que no sea rechazada en la subcomisión.
Esta denuncia fue motivada tras la entrevista que Castillo concedió a CNN en español, en la que se mostró a favor de la salida al mar para Bolivia. De admitirse, el informe será remitido a la Comisión Permanente para la asignación de un plazo de investigación.
“La denuncia es admisible, es procedente, y se va a dar inicio a una etapa que va a durar aproximadamente entre 15 a 30 días calendarios, según establece la norma, en los cuales vamos a tener oportunidad de conocer qué cosa hay detrás de los dichos del señor Pedro Castillo. Lo que ha dicho el presidente Castillo no puede ser entendido como una sandez más, como un hecho sin importancia. Estas declaraciones deben ser asumidas con la máxima cautela, porque no se trata de una simple opinión personal del presidente Castillo, sino que es una posición política de los agrupados alrededor del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla sobre la mediterraneidad de Bolivia”, explicó a La Gaceta de la Iberoesfera el abogado constitucionalista Ángel Delgado, presidente de la Coordinadora Republicana y uno de los firmantes de la denuncia constitucional.
De acuerdo a la denuncia, Castillo habría infringido los artículos 32, 54, 110 y 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución. Además, del delito de traición a la patria tipificado en los artículos 325 del Código Penal y 78 numeral 27 del Código de Justicia Penal Militar.
Destituido e inhabilitado
En la misma línea, la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) presentó a finales de febrero de este año otra denuncia constitucional contra Castillo, planteando que este sea destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años.
El documento de Chirinos -también tercera vicepresidenta del Congreso- señala que el mandatario peruano cometió infracciones contra los artículos 32, 38, 44, 54 y 118 de la Constitución por acción u omisión.
Esta denuncia contra Castillo apunta a las contradicciones en las que presuntamente habría caído este al declarar ante la fiscalía sobre las reuniones clandestinas en la casa de Breña -donde Castillo habría despachado con empresarios y altos funcionarios lejos de los controles de transparencia- y la fiesta de cumpleaños de una de sus hijas en Palacio de Gobierno, la cual fue organizada por la empresaria Karelim López, ahora aspirante a colaboradora eficaz y que ha declarado que Castillo lideraría una organización criminal.
El subgrupo parlamentario también tiene pendiente dar cuenta de otras ocho denuncias presentadas por ciudadanos particulares contra Castillo, que lo acusan, entre otros delitos, de discriminación, abuso de autoridad, coacción, amenaza, violencia moral, psicológica y a la integridad física.
Primera moción de vacancia
Castillo enfrentó la primera moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente a finales de noviembre de 2021. Esta fue presentada con la firma de 28 parlamentarios de la oposición, integrantes de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular.
La moción, anunciada durante una sesión plenaria por la congresista opositora Patricia Chirinos -su autora-, alegaba un presunto uso ilegal de fondos públicos de parte del Gobierno Regional de Junín en la campaña electoral del 2021 del partido oficialista Perú Libre, tema que se investiga en el Ministerio Público.
De igual forma, el documento apuntaba a la designación de altos funcionarios vinculados, según los firmantes, al terrorismo comunista, así como el presunto tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Además, los firmantes denunciaban el debilitamiento del sistema democrático peruano por fortalecer relaciones con gobiernos autoritarios como Venezuela.
Finalmente, el pleno del Congreso rechazó el 7 de diciembre la admisión de la moción de vacancia contra Castillo. Votaron en contra 76 legisladores, 46 lo hicieron a favor y cuatro en abstención.
Segunda moción de vacancia
Esta oportunidad, la bancada de Renovación Popular ha tenido la iniciativa de presentar una segunda moción de vacancia presidencial. A diferencia de la última vez, cuando el documento solo fue firmado por 28 congresistas, esta moción tiene el aval de 50 legisladores, pese a que se requería solo 26 firmas.
Esta diferencia de firmas, entre la primera y segunda moción de vacancia, se explicaría por el evidente desgaste político que Castillo ha sufrido entre finales de 2021 y los primeros meses de 2022, en que se ha visto involucrado en nuevas denuncias por presuntos actos ilícitos.
Para que la moción sea admitida a debate y Castillo tenga la posibilidad de defenderse ante el parlamento, se requieren 52 votos. Si se consigue la admisión, Castillo o su abogado tendrán que acudir a responder los cuestionamientos ante el Pleno.
«La moción de vacancia tiene prioridad sobre cualquier otra acción en el Congreso (…) Tiene prioridad sobre otra acción y no podemos hacer otra mientras que no terminemos con la vacancia», sostuvo este jueves en Ampliación de Noticias el congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular.
Aunque los votos para admitir a debate la moción de vacancia parecerían haberse obtenido, es más que probable que cualquier intento por destituir a Castillo termine en fracaso, pues para ello se necesitan de 87 votos, y tanto la bancada oficialista de Perú Libre, como sus aliados en Perú Democrático, Somos Perú y Juntos por el Perú, así como el comportamiento bastante sospechoso de algunas “bancadas de oposición”, como Acción Popular y Alianza para el Progreso, terminen blindando al aliado de Nicolás Maduro y Evo Morales, quien ahora está en Chile visitando a su par, Gabriel Boric.
