Las graves violaciones de los derechos y libertades cívicas de los nicaragüenses marcan el más reciente comunicado del PEN de Escritores Cubanos en el Exilio (filial del PEN Internacional), redactado en conjunto con la Fundación Festival Internacional de Poesía (FIPMI II).
Estos dos grupos de intelectuales de Cuba y Nicaragua, en una carta abierta, se han manifestado «alarmados por el creciente deterioro de las libertades civiles y políticas» en la nación centroamericana, oponiéndose a las «medidas dictatoriales» que se han lanzado «contra escritores y medios de comunicación del país, así como contra organizaciones internacionales como el propio centro PEN de Nicaragua».
En el país socialista se han impuesto una serie de leyes «dictadas expresamente para mantener en el poder un partido político que imponga un modelo económico y social a su antojo«, aseguran los firmantes, y acusan al «gobierno sandinista» de Daniel Ortega y Rosario Murillo de «emprender una verdadera cacería contra los opositores a su régimen, los candidatos a las elecciones presidenciales, los periodistas y, en general, contra todos aquellos ciudadanos que se atreven a levantar la voz contra la lamentable situación que padece el país».
Los autores del comunicado señalan que la «triste realidad de la Nicaragua de hoy en día es extremadamente preocupante para nuestro hemisferio» y exponen que el «gobierno sandinista con absoluta impunidad y la complicidad de magistrados y miembros de todos los Poderes del Estado, colocados en sus puestos por el propio gobierno, viola los derechos individuales y civiles, emprendiendo cambios de leyes que le permiten obrar a su libre albedrío».
Publicado en el portal del PEN Internacional, el texto está firmado por Luis de la Paz, presidente el PEN Cubanos en el Exilio, y Ariel Montoya, presidente de la Fundación Festival Internacional de Poesía de Miami.
El comunicado reitera el «compromiso y solidaridad con los escritores, periodistas, comunicadores y ciudadanos nicaragüenses en general» y exige «la excarcelación de los candidatos a las elecciones y de todos los presos políticos, así como la restitución y devolución a sus legítimos propietarios de los medios de comunicación usurpados por el gobierno sandinista».
«Exigimos a dicho gobierno, la derogación de las leyes que conculcan la libertad de expresión y demandamos condiciones para unas elecciones observadas internacionalmente y transparentes, en la que se incluya el voto nicaragüense en el exterior», concluye el texto.
Desde Madrid, el instituto Casla, cuya misión es compartir con los latinoamericanos las experiencias de la transformación democrática y económica en la Europa poscomunista, emitió también un documento sobre la grave crisis sociopolítica a la que el régimen de Ortega y Murillo ha empujado a los nicaragüenses.
Casla condena la detención arbitraria, ocurrida el 5 de julio, de los líderes opositores campesinos Medardo Mairena (precandidato presidencial) Fredy Navas, Pedro Menas y Pablo Morales, y de los dirigentes estudiantiles Lesther Alemán, Max Jerez Meza, Dolly Mora Ubago y Judith Mairena. Lista que aumenta peligrosamente el número de líderes sociales y otros 6 candidatos presidenciales anteriormente detenidos.
«El régimen criminaliza a los disidentes y acusa a los precandidatos presidenciales de delitos comunes, práctica común en los regímenes totalitarios que justifican o pretenden justificar ante la comunidad internacional la violación masiva de derechos humanos y la represión sistemática contra la población civil«, expresa el comunicado.
Dicho instituto ha denunciado que el régimen de Ortega «ha cometido Crímenes de Lesa Humanidad desde Abril del 2018, ejecutando, en el marco de la persecución sistemática, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles y desaparición forzada de opositores».
Instituciones internacionales y del Hemisferio Occidental, entre cuyas misiones está la protección de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de DDHH, Oficina de la Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Comisión Europea, así como parlamentos de naciones de la región, han instado a poner fin a la represión y liberar a los detenidos y prisioneros políticos en Nicaragua. Pero Ortega y Murillo han hecho caso omiso.
Ante esta realidad, Casla advierte que el régimen de Ortega «ha dejado claro, que ni acata resoluciones ni peticiones de ningún organismo regional o universal, y que se dirige a realizar unas elecciones sin candidatos que representen a la oposición, sin reformas electorales creíbles, convirtiendo este proceso en un acto de ratificación en el cargo del dictador«.
El Instituto Casla, cuya sede se encuentra en Praga, República Checa, ha llamado a «todos los organismos regionales y universales y a los gobiernos democráticos del mundo para que avancen en la denuncia y acciones que determinen castigos ejemplarizantes contra el régimen de Ortega y su estructura criminal, suspendiendo su participación en espacios democráticos como la OEA y revisando las relaciones diplomáticas y económicas con la dictadura».
