El “Pacto Histórico” de Gustavo Petro parece incluir un pacto de impunidad en el que no se permite ningún cuestionamiento a sus integrantes, independientemente de su origen. Es lo que pasa con el sonado caso de los vínculos de la exsenadora y candidata al Senado, Piedad Córdoba, quien presuntamente aparece referenciada en los computadores que en su momento se incautaron en el operativo que dio de baja a alias “Raúl Reyes”, miembro del Secretariado de las FARC y quien fue abatido en marzo de 2008 en la frontera de Colombia con el Ecuador.
La Corte Suprema descartó incluir las evidencias que recabaron los militares que participaron en el operativo contra Reyes en cualquier investigación contra Córdoba, alegando que, al no ser policía judicial, debían abstenerse de recoger pruebas. Sin embargo, en su momento la Procuraduría General de la Nación la inhabilitó para ejercer cargos públicos, exponiendo que se había extralimitado en sus funciones como facilitadora de paz y había terminado siendo colaboradora del grupo terrorista FARC-EP. Dicha decisión fue posteriormente anulada por el Consejo de Estado y hoy Piedad Córdoba goza de todos sus derechos políticos, razón por la cual aspira al Senado en la lista del Pacto Histórico, coalición que tiene a Petro como candidato presidencial.
Noticias Caracol reveló el fin de semana las declaraciones de Andrés Vásquez, exasesor de Córdoba cuando era senadora, quien declaró que terminó siendo una agente del régimen de Venezuela y haciendo una lista de empresarios colombianos cercanos al expresidente Uribe, buscando que se les bloquearan los pagos de deudas pendientes que debían pasar por el esquema de pagos que controla el régimen chavista. De esa manera, consolidó un esquema para cobrar comisiones a cambio de los pagos que lograra gestionar, gracias a su cercanía con el gobierno Bolivariano. Así conoció incluso, según Vásquez, al detenido empresario Barranquillero Alex Saab, recientemente extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos, quien le habría entregado a Córdoba varios cientos de miles de dólares.
Vásquez incluso va más allá y sugiere que el papel de la exsenadora en las liberaciones de secuestrados por parte de las FARC fue perjudicial para muchos, pues buscaba establecer un cronograma que favoreciera políticamente el proceso de paz y la posición de ese grupo terrorista en la mesa de negociación.
Diferentes voces en la opinión pública insisten en que la Corte Suprema colombiana busque un camino para hacer valer las evidencias que se acumulan en contra de la hoy candidata al Senado e incluso sugieren que la JEP debería abrir el caso e incluir todas las evidencias que en su momento se descartaron, pues se trata de un órgano de justicia transicional. Llama la atención que en el caso de los militares hay puertas abiertas para presentar todo tipo de evidencias.
Córdoba ha publicado un comunicado en el que alega que las recientes declaraciones de su exasesor y toda la información que durante años se ha recopilado en su contra, hacen parte de una estrategia de la extrema derecha para bloquear el “inatajable” triunfo del Pacto Histórico, que todo es una persecución política y que en todas las instancias ha logrado demostrar fallas en los procedimientos. No sobra recordar que el jueves 3 de febrero fue capturado en Medellín su hermano Álvaro Córdoba Ruiz, pedido en extradición por narcotráfico y apoyo logístico a la banda criminal de alias “Gentil Duarte”, por una corte del distrito sur de Nueva York.
Persecución, amenazas, montajes. Es lo que Piedad Córdoba expone como los pilares de todas las evidencias que salen a la luz sobre sus presuntas relaciones con el gobierno de Maduro, las FARC, empresarios hoy detenidos, narcotráfico y otras tantas que pronto podrían salir a la luz y que tendrían que ver con aportes del régimen venezolano a su actividad política.
Su cercanía con el Gobierno de Chávez y ahora de Maduro son innegables. El pasado mes de septiembre, migración Colombia anunció una investigación por el supuesto ingreso irregular de la dirigente del Pacto Histórico al país por el puente Simón Bolívar, procedente de Venezuela.
Córdoba ha logrado asentar una imagen de perseguida política que parece otorgarle patente de corso para hacer y deshacer, sin que el estado colombiano pueda reaccionar. Ahora amenaza con el triunfo del Pacto Histórico, pero hace apenas 14 años llamaba a los jóvenes a la subversión, mientras defendía a las FARC y atacaba al gobierno de entonces, que encabezaba Álvaro Uribe Vélez. Si se dice defensora de la verdad y de la justicia, lo que corresponde es que Córdoba responda con transparencia y sin dilación ante la opinión pública y ante el sistema de administración de justicia, sin exigir que por presuntos fallos en procedimientos las evidencias en su contra se descarten.
