El matrimonio goza de buena salud, bastante mejor de la que revelaría cualquier diagnóstico basado en la separación aparente en que malviven. Uno lidera un Gobierno de coalición con separatistas y golpistas y, el otro, la oposición. A esta confusión contribuye la prensa alimentando la ficción de un enfrentamiento cainita e irreconciliable entre “derecha e izquierda” en parlamentos y tertulias. La bronca y el ruido a menudo sepultan la verdadera naturaleza de las cosas, por ello es preferible atender a los hechos y no a las palabras -algunas muy gruesas- que PP y PSOE se dedican cada legislatura.
Empecemos por el final, que está más caliente, a propósito de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, negociación en que socialistas y populares se reparten a los jueces desde hace décadas. La última noticia dice que Casado ofrece a Sánchez pactar el Consejo General del Poder Judicial el lunes 6 de septiembre –inauguración del curso judicial- con dos condiciones. La primera: que desautorice al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, que señaló que “ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos a los políticos”. La segunda: reforzar la independencia judicial y despolitizar la justicia. Bonitas palabras estas últimas con las que Casado pretende contentar a su parroquia a la que oculta, sin embargo, que las reglas del juego están viciadas, entre otras cosas, por culpa de su partido.
La ley orgánica del poder judicial de 1985 del PSOE -cuando Guerra enterró a Montesquieu y su separación de poderes- sigue vigente sin que el PP de las mayorías absolutas de Aznar (2000) y Rajoy (2011) tocara una coma. Como bien saben en Génova la única manera de acabar con la politización sería modificando la ley socialista que establece que, de los 20 magistrados del CGPJ, 12 sean propuestos por los propios jueces aunque, de facto, son elegidos por los políticos (seis Congreso y seis Senado). Los otros ocho son directamente elegidos por Congreso (cuatro) y Senado (cuatro), todos por mayoría de tres quintos. Es decir, el día en que ambas cámaras proceden a la votación los diputados del PSOE y PP ya saben -previo cambio de cromos- quiénes van a ser los magistrados elegidos. Probablemente hasta lo sepan los jueces si se filtra el acuerdo que otras veces ha sido respaldado por fuerzas nacionalistas como el PNV.
Claro que peor aún es el sistema de elección de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. De ellos, cuatro son a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos; cuatro a propuesta del Senado elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, también por tres quintos; dos directamente elegidos por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ, por tres quintos. De este modo, el partido en el poder se garantiza que todo quede bien atado en el tribunal máximo intérprete de la Constitución.
Valga de ejemplo lo ocurrido en mayo de 2011. Zapatero, entonces en plena negociación con ETA, quería por todos los medios que Bildu concurriera a las elecciones municipales. A cambio los asesinos dejaban de matar. Faltaba que la rendición del Estado la suscribiera la Justicia, y en esas apareció el TC, al que se le vieron las costuras cuando validó estas candidaturas aunque el Supremo dijera días antes que “Bildu fue auspiciada por la misma ETA”. El PP, entonces en la oposición, hizo los aspavientos oportunos, y meses después volvía a padecer amnesia en La Moncloa.
No hay que irse tan lejos. El ilegal estado de alarma decretado por el PSOE en marzo de 2020 contó con el voto afirmativo del PP en tres ocasiones, una abstención y dos noes. En octubre de ese mismo año la abstención del PP fue decisiva para que el Gobierno sacara adelante el segundo estado de alarma prolongado hasta mayo de 2021. Casado sacaba las castañas del fuego al Gobierno justo cuando algunos socios le retiraban el apoyo. El PP no dudó de la legalidad del encierro domiciliario y la privación de libertades fundamentales aparejadas al primer estado de alarma. No lo hizo, claro, hasta que el Constitucional anuló el confinamiento incluido en el decreto del primer estado de alarma. Entonces se hizo la luz y el PP cambió, sin despeinarse, las cadenas por la libertad, eslogan que Ayuso utilizó para arrasar en las elecciones madrileñas.
Con los escaños a buen recaudo el PP experimentó otra metamorfosis en tiempo récord. Esta vez imponiendo el pasaporte covid en Galicia y Andalucía, regiones en las que finalmente no se estableció gracias a que los tribunales tumbaron la propuesta. Incluso Ayuso, lady terrazas, confesó que se lo estaba planteando, es decir, que hasta en el perfil más duro del PP emerge la pulsión regionalista del cacique autonómico que reclama más poder para su feudo.
Las sinergias entre socialistas y populares se apreciaron de manera nítida en la moción de censura que VOX presentó el pasado octubre. Casado votó ‘no’ a censurar a PSOE y Podemos y dedicó un durísimo discurso a Abascal, lo que le valió las carantoñas de Sánchez, Adriana Lastra y Pablo Iglesias (“brillante”, “canovista” y “digno de la derecha española más inteligente”). La moción allanaba el camino al entendimiento entre el líder socialista y el popular, que meses después presumía en la cadena SER de conocer a Sánchez desde hace 15 años y mantener reuniones de dos horas y media o tres. “Yo respeto al PSOE, es que es un gran partido que ha hecho la Transición junto a la UCD, es que hemos hecho la Constitución, es que hemos conseguido entrar en Europa, hemos construido un estado del bienestar. Claro que respeto al PSOE. Yo me reconozco en la sana discrepancia con el PSOE”.
Uno de los terrenos donde no hay discrepancias es en el ideológico, selva frondosa en la que el PSOE lleva décadas abriéndose un camino a machetazos por el que el PP transita luego cómodamente. En 2004 el Congreso aprobó por unanimidad la ley contra la violencia de género que consagra el fin de la igualdad real entre hombres y mujeres por la eliminación de la presunción de inocencia del varón. Los populares se embarcaron en la ideología de género (derechos, libertad, igualdad, identidad sexual…) hasta el punto de que en la Comunidad de Madrid sigue vigente la ley LGTBI más restrictiva de España aprobada por el PP en 2016. Ayuso, que la mantiene en vigor y no pide explicaciones a su formación por respaldarla, ha lamentado estos días que los padres acusados de violencia de género ya no puedan visitar a sus hijos menores. “¿Y si son inocentes?”, se preguntaba en Twitter.
No hay duda de que la ley de Memoria Histórica es otra de las normas más ideologizadas impulsadas por el PSOE y asumidas con resignación -y sin músculo moral- por el PP. Bajo la misma han reescrito el pasado, han profanado la tumba de Franco y, con la nueva reforma, sancionarán y encarcelarán a profesores, periodistas o políticos que contradigan la versión oficial de la historia. Aprobada en 2007, el PP prometió derogarla en su programa electoral de 2011. Una década después -mayoría absoluta incluida- la ley sigue vigente.
Hay momentos donde un partido se retrata y en esta legislatura uno de los más destacados se produjo durante la votación para instar a la ilegalización de los partidos separatistas. El PP se abstuvo y el PSOE votó en contra. Sucedió en septiembre de 2020 -a propuesta de VOX-, aunque unos años antes la historia se repitió cuando UPyD propuso, sin éxito, ilegalizar a Bildu y Sortu, a lo que PP y PSOE se negaron.
En realidad se trata de una postura coherente con las obras tanto de populares como socialistas. Si ahora son los segundos quienes gobiernan gracias a partidos separatistas, hace unos años los primeros lo hacían apoyándose en los escaños de Jordi Pujol -entregando a cambio la educación a la Generalidad- y hace menos tiempo del PNV. Mientras que el PSOE promovió la reforma del estatuto catalán en 2006, el PP aprobó la ‘cláusula Camps’ en Valencia para incorporar algunas de las competencias (financiación, agua…) que otras comunidades tuvieran y Valencia, no.
La lengua es otro de los caballos de batalla de los diferentes nacionalismos arropados por el sistema autonómico. Usada como arma arrojadiza y hecho diferencial, los presidentes de Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares y Valencia han impuesto la lengua local en la administración pública, las escuelas, los rótulos en carreteras y hasta las comunicaciones con los ciudadanos. Por eso la Galicia de Feijóo es indistinguible de la Cataluña golpista cuando discrimina a los ciudadanos del resto de España exigiéndoles el gallego para optar a una plaza como funcionario.
Todas esas cuestiones en las que PSOE y PP están de acuerdo no cambian, no obstante, la percepción de enemigos irreconciliables que el español medio tiene de ambos. La coincidencia en lo fundamental entre rojos y azules sería más evidente si no fuera porque la mayoría de medios de comunicación juega al despiste mientras recibe de ellos cuantiosas subvenciones públicas en forma de publicidad institucional.
