Las protestas contra el Gobierno de Colombia entraron el miércoles en su tercera semana, con el inicio de una huelga nacional convocada por sindicatos, grupos estudiantiles y otras organizaciones, tras los infructuosos acercamientos del presidente Iván Duque y los líderes de las manifestaciones.
Las protestas, en rechazo a un plan fiscal del Gobierno para subir los impuestos que después fue retirado, comenzaron el 28 de abril.
Pero ahora las demandas de los manifestantes se ampliaron y exigen un ingreso básico para las familias más pobres, «el fin de la violencia policial» y mejoras a los sistemas de salud y educación, entre otros.
Duque ofreció un diálogo, pero las manifestaciones y los bloqueos de carreteras en todo el país continúan, en medio del escepticismo de los líderes de las protestas de que las promesas del Gobierno conduzcan a cambios concretos.
Las protestas se desbordaron en algunas ciudades con saqueos, actos de vandalismo y enfrentamientos entre manifestantes y la policía que dejan hasta 40 civiles muertos, según un conteo de la Defensoría del Pueblo, aún en proceso de verificación.
Muchos países latinoamericanos, que ya sufren profundas desigualdades, se han visto gravemente afectados por la covid-19 que ha provocado el retroceso de avances contra la pobreza logrados antes de la pandemia.
Los bloqueos de las carreteras por parte de los manifestantes en el país de 50 millones de habitantes comenzaron a provocar escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades.
La crisis social e incertidumbre en torno a la situación financiera del país provocó una fuerte depreciación del peso de hasta casi un 7% en su peor momento la semana pasada, así como una desvalorización de la deuda pública y la bolsa.
Incluso, inversores y analistas ven muy probable una pérdida del grado de inversión de la nación por parte de las agencias calificadoras de riesgo si la cuarta economía de América Latina no logra asegurar la reforma fiscal.