La Corte Penal Internacional (CPI) ha sido noticia durante la última semana. En medio de la invasión de tropas militares a Ucrania, la CPI ha dicho que abrirá una investigación a Rusia por la posible comisión de crímenes de guerra durante los ataques ordenados por Putin hace más de una semana.
Sin embargo, el trabajo de la Corte también ha estado muy activo en lo referente al caso “Venezuela I”, el cual dio un vuelco en noviembre pasado, cuando el fiscal jefe, Karim Khan, dio el visto bueno para la apertura de una investigación formal por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por funcionarios del Estado chavista al menos desde 2017.
El diario local El Nacional reportó que recientemente La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH) de Venezuela registró 300 nuevas denuncias contra el Estado, en el marco de la investigación que se le sigue en La Haya. De ese conjunto de acusaciones, ya esta organización ha preparado y documentado 33 para ser enviados próximamente al tribunal internacional. Con ello, el número de casos aportados por este organismo independiente sumarían hasta ahora 47.
Actualmente el caso “Venezuela I” está una fase muy importante para las víctimas, dado que es justamente en esta etapa en la que las mismas deben sustentar y argumentar sus acusaciones contra los efectivos del aparato de poder estatal y las violaciones de derechos humanos que estos hayan cometido, para presentarlas de manera adecuada en el tribunal. Aquí juegan un papel fundamental tanto las propias víctimas como los abogados y organizaciones que han decidido emprender la tarea de documentar todos estos casos.
Todo esto además en un contexto en el que, con la visita del propio Karim Khan a Caracas y su reunión con Nicolás Maduro a finales del año pasado, la CPI logró comprometer al Estado venezolano en la firma de un “memorando de entendimiento”, en el que el aparato chavista tendrá que colaborar con los procesos de investigación de la corte y, eventualmente, sujetarse a los dictámenes que esta emita.
Sin embargo, es obvio que esta etapa no está exenta de riesgos y presiones para quienes se atreven a denunciar a Maduro y los suyos. Al no tratarse el venezolano de un caso en el que opera una democracia con división de poderes, cualquier paso en falso de víctimas o de los familiares de las mismas puede ponerles en peligro frente a un régimen que en el pasado no ha dudado para encarcelar, reprimir e incluso asesinar a disidentes. De allí que se explique el por qué las denuncias contra la tiranía ante la Corte han pasado, hasta cierto punto, sin mayores escándalos en los medios de comunicación.
Estos peligros se evidencian, por ejemplo, en el trabajo que ha venido haciendo The Clooney Foundation For Justice (CFJ) con víctimas venezolanas, para tratar de documentar sus casos y acompañarlos en el proceso de búsqueda de justicia ante la CPI. Para ello, muchas de las personas que fueron agredidas por la dictadura, así como sus familiares tuvieron que abandonar Venezuela para salvaguardar su vida.
Recientemente dicha fundación señaló en un comunicado: “Estamos haciendo esto a través de extensas entrevistas con testigos y sobrevivientes que lograron escapar del país y ahora viven a salvo. El equipo de abogados e investigadores, con el apoyo de bufetes de abogados que actúan pro bono, está realizando entrevistas -hasta ahora en Venezuela, Argentina, Colombia y España- recopilando más documentación”.
“Muchos venezolanos se fueron del país sin denunciar las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas. Algunos por desconocimiento de sus derechos, otros por amenazas y hostigamientos y una gran parte por desconfianza en las instituciones, pues es sabido que en Venezuela, al no existir separación de poderes, los órganos del Estado que deben proteger a la víctimas se han convertido en cómplices de los victimarios”, refirió también sobre esta materia el coordinador de la Red-CLH, Alonso Domínguez.
El 19 de enero la Corte Penal concedió al régimen de Maduro un plazo de tres meses para presentar un informe sobre los avances que ha hecho el sistema judicial venezolano en lo atinente a las violaciones de derechos fundamentales por las que son señalados los funcionarios chavistas. Este informe podría servir como un instrumento de defensa de la tiranía para hacer frente a las acusaciones que ha formulado la CPI en su contra. Si se hacen las cuentas, este plazo está próximo a vencerse.
De allí que las próximas semanas sean cruciales para ver cómo avanza el proceso al que Karim Khan dio luz verde en noviembre pasado en medio de un proceso que, en Iberoamérica, ya es inédito. Esto en tanto hay que recordar que Venezuela es el primer país que llega a la etapa de investigación formal de acusaciones de este calibre.
Aunque en primera instancia Maduro no sería llevado al banquillo, no es descartable que varios funcionarios que han servido perrunamente a su régimen terminen señalados próximamente por el tribunal internacional, lo cual pondría a Venezuela nuevamente en otra etapa dentro de la corte radicada en La Haya.
