«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
EL CURSO DE LA INVESTIGACIÓN PODRÍA APUNTAR A MADURO

Las implicaciones reales de la investigación que ha abierto la CPI en Venezuela

El tirano Nicolás Maduro mantiene encarcelado a más de 200 presos políticos
El tirano Nicolás Maduro. Reuters

Esta semana el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan ha decidido dar luz verde a la apertura de una investigación formal en Venezuela por diversos señalamientos de violaciones a DDHH en el país caribeño. Hay varios puntos que conviene aclarar sobre un proceso con muchas particularidades y que no podría ser tan expedito como algunos podrían pensar.

En principio el tirano Nicolás Maduro no es sujeto directo de investigación de la Corte, que de entrada valorará evidencia sobre casos en los que individuos pertenecientes al Estado venezolano cometieron delitos (policías, funcionarios militares, etc.) concretos. Es decir, si durante una manifestación resultó asesinado un disidente, el tribunal investigará primeramente la responsabilidad del integrante de las fuerzas represivas que activó el arma para quitarle la vida al manifestante, no a Maduro.

Es preciso aclarar que tampoco se investiga al Estado venezolano como un todo. Se indaga en denuncias puntuales, con episodios concretos y responsables individuales. Ahora bien, todos los presuntos culpables de estos delitos serían funcionarios adscritos al régimen chavista. De este modo, la CPI estaría recabando evidencia –por partes– de la estructura criminal que encabeza Maduro.

Sin embargo, la esperanza de quienes han puesto sus esfuerzos en el llamado caso «Venezuela 1» es que la CPI investigue a tal punto la ocurrencia de estos delitos de lesa humanidad, que halle en ellos un patrón de sistematicidad que los conecte, buscando con ello que no solo sean imputados los policías y efectivos militares, sino también quienes son sus superiores (en este caso, por ejemplo, el Ministro de Interiores chavista o el propio Maduro, que para efectos es el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada venezolana).  

La lógica es muy precisa: hay una responsabilidad individual en quien mata o tortura a un disidente; pero resulta obvio que si estos actos de violencia desmedida se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo es porque los jefes de estos funcionarios así lo permiten. Todos los caminos conducen a Roma.

Así las cosas, no sería culpable de un delito el policía o militar represor solamente, sino también sus superiores en la cadena de mando (el Jefe del Ejército, el Jefe de la Policía, el Ministro de Interiores, el Presidente de la República, etc.). Hay una responsabilidad que recae en quien acciona el arma, pero también en quien, desde arriba, hace la vista gorda cuando esto pasa o, peor aún, gira la orden para que ocurra.   

Se supone que los casos denunciados en el tribunal son, mayormente, aquellos en los que se han producido asesinatos de las fuerzas represivas del Estado durante protestas contra el régimen chavista; así como también otros de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, dilaciones procesales y crueles episodios de tortura en las cárceles del régimen. De nuevo, en todos ellos hay una cadena de mando involucrada.

La decisión de la CPI tiene, además, ribetes históricos: se trata de la primera vez que la Corte –creada entre finales del siglo pasado y comienzos de este– llega hasta la etapa de investigación formal con un país de Hispanoamérica. Eso atestigua suficientemente cuán graves podrían ser las acusaciones que se están valorando en el caso venezolano.

Los escépticos, sin embargo, dicen que la región ha estado repleta de tiranías y regímenes del mal, apalancados en la filosofía fracasada de la izquierda, sin que ello haya repercutido en modo alguno en que la CPI les haya puesto en el banquillo de los acusados y, mucho menos, haya concedido justicia a sus víctimas.

En ese sentido conviene apuntar que, por ejemplo, los crímenes cometidos por la dictadura castrista en Cuba o el sanguinario régimen de Ortega en Nicaragua no son procesables por este tribunal, debido a que ninguno de estos dos países americanos están adheridos actualmente al estatuto de Roma (el instrumento constitutivo de la CPI). Hay espacios en los que esta Corte sencillamente no puede actuar.

En el caso venezolano la cosa es distinta: el país caribeño se adhirió a este estatuto e incluso lo ratificó, cuando corría el año 2000. De allí que tenga que cumplir con las obligaciones que ello comporta. En términos llanos: en su momento el chavismo se puso la soga en su propio cuello.

El camino dentro de la Corte Penal es, como se dijo en una entrega anterior de La Gaceta de la Iberosfera, largo y espinoso. Puede que Maduro no se vea señalado en lo inmediato por la comisión de violaciones de DDHH. Sin embargo, el curso de una investigación –que puede durar muchos años– sí que podría terminar apuntándole como corresponsable en una larga trama de agravios a derechos fundamentales de la población venezolana.

El caso es que este proceso ya es, de suyo, inédito. Los venezolanos interesados en la justicia y el restablecimiento de las libertades deben mirarlo sin sobredimensionar las expectativas, pero también con el convencimiento de que se ha comenzado a andar una ruta que puede generar resultados muy positivos para la nación latinoamericana. El tiempo dirá…

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