La Corte Penal Internacional (CPI) ha puesto de nuevo a Venezuela en la mira. Este jueves ha circulado información desclasificada, contenida en un informe dejado por la antigua Fiscal Jefe del organismo, Fatou Bensouda. El documento fue elaborado durante la gestión que culminó el 15 de junio pasado, pero tenía indicaciones de no divulgarse públicamente hasta el 10 de agosto del presente año.
El nuevo informe alude a la “inacción” en la que habría incurrido el Estado venezolano y su sistema de justicia para procesar y sancionar los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país. Esto incluso pese a todo el lobby y los acercamientos que ha intentado el Fiscal General chavista, Tarek William Saab, con la instancia internacional de justicia desde que la oposición empezó a hacer esfuerzos por visibilizar ante esta Corte las violaciones de Derechos Humanos en las que ha incurrido el régimen venezolano.
“Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía”, según el documento.
La CPI es básicamente un organismo que enmarca sus actuaciones definitivas en situaciones en las que se comprueba que los sistemas de justicia internos de cada país son disfuncionales o han dejado desprotegidos a sus ciudadanos en materia de derechos fundamentales. En este caso en específico la Corte ha señalado que “las autoridades (venezolanas) no están realmente dispuestas a investigar y / o enjuiciar esos casos”, refiriéndose a las denuncias formuladas por ciudadanos venezolanos que han visto agraviados sus derechos dentro de la nación caribeña.
La argumentación de fondo descansa en el Estatuto de Roma, que prevé que crímenes de guerra, aquellos que atentan contra la humanidad y los genocidios son competencia tanto de los sistemas de justicia de cada Estado adherente al Estatuto como de la propia Corte Penal Internacional. De allí que cuando no se consiguen respuestas en el sistema judicial local, es la CPI la que debe tomar cartas en el asunto, con base en el llamado principio de “complementariedad”.
Venezuela es uno de los 139 Estados del mundo que han suscrito el Estatuto de Roma (su gobierno lo firmó en 1998 y lo ratificó en 2000). Por tanto, las últimas informaciones derivadas a partir de este informe parecen apuntar en la dirección correcta: poner en claro que el sistema de justicia chavista ha sido inoperante, o más bien cómplice, de las más aviesas violaciones de DDHH ocurridas en el país durante los últimos años. Esto facultaría a la Corte para seguir adelante con el proceso, con base en los principios antes descritos.
El estatus del llamado Caso “Venezuela 1” se mantiene desde 2018 en la última fase del exámen preliminar, para determinar si es admisible que pase a la fase de investigación formal de los hechos denunciados. Paralelamente, el chavismo se ha encargado de promover en la Corte el llamado Caso “Venezuela 2”, que ha buscado cargarle las tintas de todos los males que sufre el país a las sanciones internacionales encabezadas por Estados Unidos. A diferencia del “Venezuela 1”, este último caso se encuentra en una etapa apenas introductoria.
Al conocerse el contenido de este último informe dejado por Bensouda el régimen chavista no ha demorado en reaccionar indignado. La batuta la ha tomado el propio Fiscal General chavista, Tarek William Saab, quien ha precisado que “Venezuela rechaza las acusaciones sin valor de la exfiscal Bensouda, quien irresponsablemente ignoró la colaboración presentada por el Ministerio Público Venezolano”, además de decir que las argumentaciones presentadas “carecen de valor alguno”
Curiosamente en noviembre pasado el propio William Saab visitó personalmente La Haya para reunirse con Fatou Bensouda. Allí posó alegremente en fotografías y no dudó en extender su apoyo, respeto y reconocimiento a la labor que la funcionaria y la propia CPI adelantaban “en aras de los genuinos valores de la justicia y de toda la humanidad”.
Para aquél entonces incluso el Canciller de la tiranía chavista, Jorge Arreaza, celebró en Twitter la “fructífera” reunión que habían sostenido Saab y Bensouda, por lo que esta reacción dejaría verdaderamente en ridículo a un régimen que ahora descalifica las actuaciones de esta exfuncionaria y de la Corte.
Ahora bien, debe quedar claro que lo ocurrido esta semana en la CPI no ha llevado aún formalmente el caso de la lucha por la justicia en Venezuela a una nueva etapa, pues el mismo sigue estando en fase preliminar. Lo que ha ratificado es la dirección que lleva la Corte en la interpretación del caso, orientación que apunta a que eventualmente éste prospere hasta llegar finalmente a la fase de investigación formal, que podría llevar a Maduro al banquillo de los acusados.
Como se ha señalado en entregas anteriores de este tema en La Gaceta de la Iberosfera, el camino para lograr el juicio a las cabezas del régimen chavista no es imposible, pero sí es un proceso largo y tortuoso. La experiencia habla de casos que han demorado muchos años en resolverse, tales como el del déspota Omar Al Bashir en Sudán o el de los integrantes del Ejército Británico durante la ocupación a Irak. Por ello conviene mantener las expectativas con un cable a tierra, sin sobreestimaciones.
El mayor temor que se tiene con el “Venezuela 1” es que, luego de años de estar en evaluación, pueda ser desestimado. Sin embargo, si se aplica la lógica y se valoran los últimos pronunciamientos de la CPI sobre este caso en particular, pareciera que al menos de momento esa amenaza ha sido conjurada. Allí recae, en todo caso, la importancia de lo que ha ocurrido esta semana en La Haya.
