El Pacto Verde Europeo es la causa real de la hiperinflación de los precios de la electricidad que está provocando el colapso de las economías familiares y de las pequeñas y medianas empresas.
Ante la escalada brutal de los precios de la electricidad y los combustibles, Pedro Sánchez quiere aparecer como víctima de la guerra de Rusia y Ucrania. El resto de partidos, salvo VOX, le secunda en esta mascarada política que pretende eludir la realidad de fondo: el fanatismo climático que se ha apoderado de la política comunitaria europea y nacional es el causante real del incremento exponencial de los precios de la electricidad y de su efecto brutal en la inflación, vaciando sin piedad los bolsillos de las familias, trabajadores, autónomos y empresas de España.
El Gobierno de Sánchez miente al imputar la responsabilidad a la guerra en Ucrania; y el PP asume la mentira porque así esconde su responsabilidad. Desde finales de 2020 y, más intensamente, marzo de 2021, el precio del mercado mayorista de la electricidad en España ha marcado sucesiva y continuadamente récords históricos; sin que el gobierno adoptara medida alguna efectiva dirigida a resolver el problema en origen: permanente crecimiento del precio del gas e incremento del precio de los derechos de emisión de CO2; con su impacto directo en los sectores primario e industrial.
La crisis de precios en la electricidad no la provoca la guerra en Ucrania, sino la guerra que la secta climática ha planteado a las economías de Europa. El 11 de diciembre de 2019 la Comisión Europea presentó el llamado Pacto Verde Europeo. La presidenta Úrsula von der Leyen declaró: «El Pacto Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de crecimiento, un crecimiento que aporta más de lo que consume. Muestra cómo transformar nuestro modo de vivir y trabajar, de producir y consumir, para que vivamos de forma más sana y nuestras empresas sean innovadoras. (…)».
El Pacto Verde Europeo representaba la ejecución sistemática por parte de las élites de Bruselas – un conglomerado de las burocracias no representativas, las grandes corporaciones globales y las oenegés ecofanáticas – del Acuerdo de París del año 2015, firmado en paralelo a la publicación de la tristemente famosa Agenda 2030, y sus 17 Objetivos de Demolición Social. En poco menos de seis meses, la Comisión Europea de Úrsula elaboraba una planificación total de las economías europeas, sin que ningún ciudadano de ninguna nación europea fuera informado de ello en las elecciones que se habían celebrado en mayo de 2019.
El Pacto Verde Europeo abarca todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte, la energía, la agricultura, los edificios y las industrias (siderurgia, cemento, textiles y química). Con la excusa del cambio climático, la Comisión Europea anunciaba que la ejecución del plan exigiría una inversión hasta 2030 no inferior a 260.000 millones de euros de inversión anual adicional. Suponía, por supuesto, poner la maquinaria fiscal a velocidad punta. Y vaya si lo han hecho. Impuestos verdes a todas horas, en todas las actividades, a todos los sectores. Partido Popular y Partido Socialista aplaudían a rabiar, emocionados ante la perspectiva de salvar el moribundo planeta.
Sólo VOX rechazaba esa planificación y transferencia coactiva, forzosa de miles de millones de euros de las clases medias y populares europeas a financiar proyectos de transformación de la economía que, decía Úrsula, pretendían cambiar nuestras formas de vida y de producción. La tragedia se anunciaba desde la primera línea de ese Pacto Verde. Pero solo recibimos acusaciones de negacionistas y antieuropeos. También esta semana los transportistas en huelga y el sector primario manifestándose en la calle han sido tildados por el Gobierno de ultraderechistas. La respuesta de la calle ha sido la respuesta del sentido común: ultras del pan de nuestros hijos.
La propuesta de la Comisión fue el pistoletazo de salida a una suerte de alocada carrera por la destrucción de nuestra capacidad de producción energética, por cegar las fuentes de energía, por hacernos dependientes de potencias extranjeras o de fondos de inversión, también extranjeros, que han ido apoderándose del sistema energético en España y toda Europa.
El objetivo de la secta climática era, se decía, reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 por ciento de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990, para que Europa se convierta en el primer – y único, añadiría- continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050. Así, sin más.
Para ello, la Comisión aceleraba la ejecución del Acuerdo de París: descarbonificación, ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión poniendo un precio al carbono, asedio normativo a la agricultura y silvicultura, y reordenación de todo el sistema energético europeo.
Todo ello es la causa real de la hiperinflación de los precios de la electricidad que está provocando el colapso de las economías familiares y de las pequeñas y medianas empresas.
