El sindicato Solidaridad ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid la personación como acusación popular contra UGT, entidad sindical a la que denunció el pasado mes de marzo por un presunto delito de estafa, falsedad documental, apropiación indebida y delitos contra la intimidad de los trabajadores.
El equipo jurídico de Solidaridad ha reclamado al Juzgado que le dé traslado de cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo hasta el momento de manera que pueda ejercer el derecho de acusación en la causa que investiga el entramado de cobros irregulares por parte de UGT-Madrid de fondos procedentes del Fogasa, un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo que garantiza indemnizaciones por despidos.
El secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso, ha reprochado que UGT continúe con sus desfalcos al erario público. «No sólo no han devuelto el dinero que robaron a los parados andaluces, sino que replican en otras partes de España», ha señalado.
«Cada vez más trabajadores se suman a Solidaridad y abandonan los sindicatos de clase en las empresas (…), porque ya perciben a UGT y CCOO como organizaciones criminales y no como defensores de los trabajadores», ha añadido.
Por ello, ha avisado de que en Solidaridad «van a estar vigilantes» y no van a tolerar «ni un sólo robo más a los trabajadores de España”. «Nuestro objetivo es que este caso no quede impune como ocurrió en Andalucía», ha agregado.
