El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón a VOX y ha concluido que las medidas tomadas durante el primer estado de alarma frente a la pandemia de coronavirus fue inconstitucional.
La sentencia, que ha salido adelante por una mayoría de seis votos contra cinco y que responde al recurso presentado por la formación liderada por Santiago Abascal el año pasado, considera que los derechos fundamentales de circulación y reunión fueron suspendidos y no limitados por el estado de alarma. Por ello, señala que la medida del Gobierno socialcomunista era propia del estado de excepción.
El 14 de marzo de 2020 se decretó el primer estado de alarma. Fue articulado a través del Real Decreto 463/2020 y se extendió durante 15 días, el periodo máximo fijado por la Constitución. Tras ese periodo, los diferentes grupos parlamentarios decidieron apoyarlo con su voto en el Congreso de los Diputados. Así, este estado de emergencia pasó por la votación de seis prórrogas, lo que permitió, con la cooperación necesaria del PP y Ciudadanos, alargarlo hasta junio de 2020.
Durante la votación de las últimas cinco prórrogas del estado de alarma, de los partidos mayoritarios, solo VOX se posicionó en contra. El Partido Popular apoyó las tres primeras y se abstuvo en la cuarta para después oponerse a la quinta y la sexta. Por su parte, Ciudadanos mantuvo una postura idéntica a la del Gobierno y votó a favor de todas ellas, desde la primera a la última.
La realidad que el Tribunal Constitucional considera probada ahora es la que VOX ha señalado desde la votación de la primera prórroga: que el estado de alarma fue un Estado de excepción encubierto que vulneró los derechos fundamentales de los españoles.
Durante el año y medio que ha transcurrido desde que el Ejecutivo de Sánchez decretó el confinamiento de la población y la larga lista de limitaciones que lo acompañaron, solo el partido de Santiago Abascal insistió en señalar la inconstitucionalidad de la medida. Lo hizo a través de sus votos en contra de las prórrogas en el Congreso de los Diputados, la presentación de la moción de censura -que ningún partido apoyó- contra Pedro Sánchez, y la presentación del recurso al que ahora ha respondido el TC dándole la razón.
Además de la suspensión de los derechos fundamentales, el Gobierno de Sánchez utilizó el estado de alarma para asaltar las instituciones. Lo hizo con nombramientos a dedo de directores generales –incluyó a Pablo Iglesias en la comisión del CNI mediante un decreto que también fue posteriormente declarado inconstitucional por un recurso de VOX-, impuso la censura en redes sociales con la creación de un comité para controlar las informaciones que no cuadrasen con la verdad oficial y también cerró tribunales y suspendió plazos procesales como consecuencia de las limitaciones.
La sentencia hecha pública ahora por el TC es el espaldarazo a la actividad de VOX en el frente judicial y en la moción de censura y la demostración de que solo el partido de Abascal mantuvo una postura firme contra las medidas ilegales e inconstitucionales que tomó el Gobierno mientras el resto de formaciones actuaron de cooperadores necesarios de Sánchez.
