La Unión Europea (UE) extendió por un año más las sanciones a 14 funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Esto como consecuencia de la represión y las violaciones a los derechos humanos en el país. Asimismo se reiteró que un diálogo inclusivo y el retorno a la democracia es la única salida para superar la crisis que vive la nación centroamericana.
La ampliación del periodo de sanciones sucede en momentos que la comunidad internacional ha señalado que los comicios en Nicaragua no son libres, democráticos, ni creíbles.
La subsecretaria de adjunta para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, dijo ante el Congreso recientemente que el “proceso electoral, incluyendo resultados, carecerá de reconocimiento y legitimidad”.
Entre los sancionados por la UE se encuentran funcionarios, familiares y el entorno íntimo de Ortega, como el caso de su esposa y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien también enfrenta sanciones de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas de abril de 2018, que dejaron un saldo de 325 muertos producto de la represión gubernamental.
Las sanciones además incluyen al hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo; al consuegro de los Ortega, el jefe de la policía Francisco Díaz; al asesor económico Bayardo Arce, y al asesor presidencial Néstor Moncada Lau. Este último -también sancionado por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos- es además señalado por el Departamento del Tesoro de encubrir a Ortega por presunto delito sexual, al menos, en el caso de una menor.
Otros de los sancionados son la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; la Fiscal general, Ana Julia Guido; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; entre otros funcionarios de menor rango.
En un comunicado el bloque europeo sostiene que el régimen de Ortega y Murillo “ha eliminado la posibilidad de cualquier competencia electoral seria» en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre próximo.
Ortega, que se postula para un cuarto mandato consecutivo y quinta vez a la presidencia, mantiene a siete exprecandidatos presidenciales en la cárcel y a una ex candidata a la vicepresidencia enfrentando juicio, acusados de “traición a la patria” y supuesto lavado de dinero.
El régimen canceló la personería jurídica a tres partidos políticos de la oposición y ha dicho que no permitirá observación electoral. Solo tolerarán el “acompañamiento electoral”.
El analista político Francisco Delgadillo, explica la diferencia del proceso que se lleva a cabo en cada uno. “La observación electoral tiene normas y un marco regulatorio, es respaldo por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y organismos nacionales. Los observadores tienen que evaluar si el padrón electoral está bien elaborado, si las Juntas Receptoras de Votos (JRV), están bien distribuidas, si los ciudadanos tienen acceso a un documento de identidad para votar, dónde se depositan y cómo se cuentan los votos, si hay privacidad para votar y que el acceso sea fluido. Al final hacen un informe sobre el proceso y sus conclusiones”.
Añadió que en el acompañamiento electoral participan los amigos invitados [por el régimen] y se limitan a ver cómo votó la gente.
Expertos señalan que la observación electoral evalúa el proceso electoral por un período más largo de tiempo, en lugar de hacerlo solamente durante el día de los comicios como hacen en el caso de los “acompañantes”, y que la legitimidad de un proceso puede ser afectada por la crítica de los observadores en caso de encontrar irregularidades.
¿Diálogo?
El dictador sandinista anunció que tras los comicios presidenciales -en los que ya se declaró el “ganador”- convocará a un dialogo nacional.
Una fuente cercana al régimen dijo que, una vez que pasen las elecciones, Ortega llamará a sentarse a la mesa del “diálogo” al sector privado con el que antes de abril de 2018 mantuvo una alianza por más de 10 años. Entramado en el que les permitía privilegios y hacer negocios.
“He escuchado que les pedirá a los empresarios que para volver a su antiguo estatus y de gozar de privilegios deberán solicitar a Estados Unidos levantar las sanciones a los funcionarios de Ortega y familiares y mantener abiertas las fuentes crediticias con los organismos multilaterales para seguir invirtiendo en proyectos del Estado que es con lo que se financiaban los empresarios privados. Es la orden de Ortega como primera acción”, reveló la fuente.
Se trata de la misma estrategia del dictador venezolano Nicolás Maduro que diálogo con la oposición en México. “Se sabe que las elecciones no tendrán el reconocimiento de la comunidad internacional, ya que no cumplirán con los pedimentos de mantener la democracia y el respeto a los derechos humanos, y tampoco con la observación internacional. Y es por esta razón que está con su fiestecita a la que llama ‘soberanía’”, acotó la fuente. El argumento de Ortega es “salvar” la economía, pero el interés de fondo es legitimar su régimen.
