Un fiscal pide que se dicte prisión preventiva contra Keiko Fujimori en pleno recuento de votos

MIENTRAS FUERZA POPULAR RECLAMA LA NULIDAD DE 200.000 VOTOS
La candidata Keiko Fujimori participa en una caravana de vehículos. EUROPA PRESS

El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, ha solicitado al juez Víctor Zúñiga Urday revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la candidata presidencial Keiko Fujuimori y que se le imponga prisión preventiva.

En medio del recuento de votos, el fiscal sostiene que Keiko Fujimori, acusada por un presunto delito de lavado de activos, «viene incumpliendo las reglas impuestas por una sala superior, en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas 2011 y 2016″.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, se puede leer en el requerimiento.

Mientras, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Jorge Salas, ha tildado de «extraordinarias» las acciones de nulidad presentadas por Fujimori y su partido, Fuerza Popular, sobre 802 mesas electorales, que representan unos 200.000 votos.

En declaraciones al medio peruano RPP Noticias, Salas ha señalado que en las presidenciales de 2011 solo se presentaron dos pedidos de nulidades, mientras en los comicios de 2016 aumentaron a casi una treintena, lo que supone una «diferencia importante» respecto a la situación actual. «El sistema electoral peruano está pensando para cosas de muy poca dimensión en relación a los recursos impugnativos. Lo que está pasando ahora es extraordinario», ha subrayado el presidente del ente electoral peruano.

Así, ha rechazado precisar el tiempo de resolución de las impugnaciones planteadas por Fujimori, ya que estas deben pasar primero por los jurados electorales especiales, que tardarían unos tres días en convocar audiencias y otros tres días en ofrecer su respuesta. Tras ello, como ha explicado Salas, pasarían al JNE, que tendría otros plazos.

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