La empresaria y cabildera Karelim López, investigada por el Ministerio Público, se acogió a la colaboración eficaz y reconoció su participación en diversos presuntos delitos junto a Pedro Castillo, miembros de la familia de este y altos funcionarios estatales.
De acuerdo con fuentes del dominical Panorama, López se presentó el pasado viernes 18 ante los fiscales de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos para dar su primera declaración sobre los escándalos de corrupción que se han dado en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo.
Su colaboración quedó registrada en un documento de 25 páginas, que contiene más de 12 horas de declaraciones.
Karelim López ganó notoriedad luego que la prensa informara que esta mantuvo reuniones con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y también acudió al inmueble ubicado en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña, lugar que Castillo ha utilizado como domicilio privado desde la campaña electoral 2021. Tras las visitas realizadas a la sede del Ejecutivo, la empresa que asesoraba López ganó un contrato de S/ 232.5 millones por la obra Puente Tarata III.
Pedro Castillo encabezaría una organización criminal
Por otro lado, el diario izquierdista La República señaló que la declaración de López corresponde a una nueva investigación en su contra que inició la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos. El medio -afín a Castillo- aseguró que la empresaria habría optado por la colaboración eficaz para evitar una detención preliminar.
En el documento de colaboración se revela “la existencia de una presunta organización criminal, encabezada por el presidente Pedro Castillo, que se habría infiltrado en Palacio de Gobierno, en diversos ministerios y el Congreso de la República”.
El testimonio sostiene que entre los integrantes de esta presunta organización criminal estarían cinco congresistas del partido de centro Acción Popular, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, el exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco -a quien se le encontró 20 mil dólares en efectivo en el baño de su despacho-, y los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Castillo Gómez.
Dicho grupo habría tenido como objetivo obtener dinero de licitaciones de obras públicas con los nombramientos en las Direcciones de Salud en todo el país, los ascensos en los institutos armados, entre otros. Según la colaboración, Castillo habría indicado que con lo adquirido se debía pagar las deudas que acumuló durante la campaña electoral.
Además, señala que la organización habría logrado obtener el apoyo legal y la protección del fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalías anticorrupción, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. De esta manera, la Fiscalía no investigaría sus actividades y se les protegería ante cualquier denuncia.
Cabe recordar que Ávalos abrió una investigación preliminar contra Pedro Castillo por sus reuniones con proveedores del Estado, así como su presunta injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas; no obstante, decidió suspender todas las diligencias hasta que culmine el mandato presidencial en 2026.
“La investigación que se abrió al jefe de Estado se sustenta en la facultad prevista en el artículo 117° de la Constitución Política del Estado, el cual indica que el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Es importante indicar que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”, informó la Fiscalía.
Hace una semana, Ávalos fue señalada por el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, como integrante de la organización criminal denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, un grupo de magistrados y consejeros que negociaban favores como reducción de penas, pedidos de trabajo y ascenso de funcionarios.
‘Mañana van demandar una suspensión, una vacancia a nuestro Gobierno’
Durante un mitin en la plaza de Armas de la ciudad de Puerto Maldonado -selva sur peruana-, Castillo se refirió a las declaraciones de Karelim López, que lo implicó en presuntos delitos de corrupción.
“Van a haber ruidos políticos, lo va a haber. Acaba de pasar por las redes sociales que, hay un acta, el grupo de poder económico que pertenece a este sistema que no quiere que atendamos a los pueblos, ha convencido a una persona de declararse colaboradora eficaz con millones de soles y mañana van a llenar las páginas para de una vez por todas demandar una suspensión, dar una vacancia a nuestro Gobierno”, dijo.
‘Declaraciones sin sustento’
Castillo no tardó en pronunciarse a través de su cuenta de Twitter, señalando que Karelim López “ha brindado a la Fiscalía declaraciones sin sustento jurídico ni coherencia con la verdad”, situación que amenaza la ética y la transparencia de los procedimientos de la investigación.
El peón de Evo Morales y Nicolás Maduro aseguró que esta “serie de especulaciones” tiene como objetivo “atentar contra la democracia”, y que son maniobras para generar inestabilidad en el país.
